En la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, Venezuela fue testigo de un acontecimiento que, por su naturaleza inédita y paradójica, merece ser calificado como un golpe de Estado sui generis. La pareja presidencial, conformada por el jefe de Estado constitucional, Nicolás Maduro Moros, y la primera combatiente, Cilia Flores, fue secuestrada en un operativo militar ejecutado por fuerzas estadounidenses, trasladándolos en contra de su voluntad fuera del territorio nacional.
El secuestro de un jefe de Estado en ejercicio representa una transgresión directa a los principios fundamentales de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La inmunidad personal y jurisdiccional de los jefes de Estado es un principio reconocido universalmente, y su desconocimiento por parte de las fuerzas militares estadounidenses configura un precedente gravísimo en las relaciones internacionales.
Lo insólito de este episodio radica en que, pese al secuestro del presidente constitucional, no se ha producido una ruptura del hilo constitucional interno. El propio gobierno de los Estados Unidos ha reconocido a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada. Este reconocimiento, aunque contradictorio, se fundamenta en la designación legítima que el presidente Maduro realizó en el marco de sus atribuciones constitucionales.
De este modo, los poderes públicos venezolanos se mantienen intactos, sin disolución ni usurpación institucional, lo que diferencia este acontecimiento de los clásicos golpes de Estado que buscan quebrar la estructura del poder constituido.
La doctrina constitucional venezolana y el derecho comparado nos enseñan que un golpe de Estado implica la sustitución violenta del orden constitucional, la disolución de poderes o la imposición de un gobierno de facto. Sin embargo, en este caso, la agresión externa no ha desmantelado las instituciones nacionales ni ha instaurado un régimen paralelo.
En el plano interno, la continuidad de los poderes públicos y el reconocimiento de la vicepresidenta ejecutiva como presidenta encargada refuerzan la legitimidad del Estado venezolano y desmienten cualquier intento de justificar un supuesto vacío de poder.
La historia recordará este episodio como un ejemplo de cómo la fuerza imperial puede intentar doblegar a una nación, pero también como la demostración de que la legitimidad constitucional, cuando se mantiene intacta, se convierte en un escudo contra la arbitrariedad y la imposición externa.
El mundo entero ve con preocupación que el imperio pueda secuestrar a Jefes de Estados con total impunidad.