La decisión reciente de un tribunal de Delaware que autoriza la venta de las acciones de PDV Holding —la matriz de CITGO— a una filial del fondo Elliott (Amber Energy) no es un simple ajuste patrimonial, es la consumación de un saqueo jurídico que roba a Venezuela su activo extranjero más valioso y, al mismo tiempo, abre una caja de Pandora con fuertes costes para la industria petrolera y la cadena de suministro en los Estados Unidos. Lo que algunos presentan como la ejecución de sentencias de acreedores es en realidad una transferencia de control sobre una infraestructura estratégica que modifica relaciones comerciales, encarece operaciones y pone en riesgo empleos y servicios conectados a la refinación y distribución de hidrocarburos.
Desde el punto de vista jurídico la operación se apoya en un trayecto procesal largo y complejo, empujado por demandas históricas como la de Crystallex y otros acreedores, que ha culminado en subastas forzadas de activos ligados a deudas soberanas. Abogados especializados han descrito este proceso como una "ejecución sobre garantías financieras" organizada bajo la ley estadounidense; sin embargo, para muchos juristas internacionales y analistas del derecho comercial, la novedad radica en usar una compañía operativa con presencia física y contrato laboral en EE. UU. como mecanismo de ejecución, un precedente que transforma la naturaleza misma del remate: de un acto patrimonial a una intervención operativa con consecuencias reales sobre suministro y mercados.
Las consecuencias para la industria petrolera estadounidense y para las transnacionales que operan en el país serán palpables y perversas. CITGO no es una simple marca, controla una red integrada de refinerías (capacidades de cientos de miles de barriles diarios), terminales, estaciones y contratos logísticos que vinculan crudo, refinados y mercados regionales. La transferencia de control a un actor financiero motivará ajustes inmediatos: reestructuración de contratos, revisión de proveedores, cambio en políticas de compra de crudo y, muy probablemente, un proceso de optimización de costos que afectará a contratistas locales y subcontratistas. Analistas que han seguido la operación advierten que la intención de los compradores es retener y rentabilizar activos, pero también extraer valor mediante recortes y redefinición de cadenas de suministro, una receta para la dislocación industrial.
La reacción sobre la cadena de suministro es doble: directa e indirecta. Directa, porque las refinerías requieren contratos continuos con suministradores de repuestos, servicios de mantenimiento, transporte marítimo y terrestre, seguros, almacenamiento y logística, sectores compuestos, en su mayoría, por PYMEs y empresas de servicios que verán cambios unilaterales en condiciones comerciales. Indirecta, porque hay un efecto multiplicador en sectores tan diversos como la industria petroquímica, la logística portuaria, las firmas de ingeniería y la comunidad financiera que presta a quienes operan en el sector. Un cambio de propietario con orientación financiera puede priorizar flujos de caja frente a inversiones de mantenimiento o expansión, elevando el riesgo de interrupciones operativas y encarecimiento del suministro regional.
Para Venezuela, la operación representa una pérdida patrimonial inmensa, pero también una oportunidad política y económica. El país puede legitimar su narrativa de victimización frente a "fondos buitres" y reorientar alianzas energéticas. A corto plazo, la incapacidad de repatriar dividendos y ejercer control sobre CITGO reduce la capacidad del Estado venezolano para financiar importaciones, programas sociales y mantenimiento de su industria. Pero la posibilidad de convertir la pérdida en un factor de renegociación internacional, reclamando justicia, reestructuración de deuda soberana y alianzas estratégicas con socios que respeten la soberanía contractual, puede leerse como una salida positiva si se articula con habilidad diplomática y técnica. No obstante, esa salida exige liderazgo, estrategia legal y capacidad de interlocución global.
Un punto particularmente oscuro que pocos analistas pasan por alto es la probable reticencia futura de Venezuela a vender crudo directamente a Estados Unidos en el inmediato. La venta o el control por parte de intereses financieros estadounidenses puede ser percibida dentro de Caracas como una amenaza a la soberanía energética, incentivando medidas de reciprocidad: desde contratos preferenciales con otras potencias (que ya ocurre) hasta recortes o redirecciones de suministros. Esa decisión política tendría efectos en el mercado de crudo ligero y en flujos de productos refinados. Además, complicaría el reingreso de Venezuela al mercado estadounidense en condiciones normales y estables, afectando precios regionales y disponibilidad de ciertos cortes de crudo. La simple posibilidad de que Venezuela reduzca el suministro directo a EE. UU. es suficiente para generar primas de riesgo en los mercados y reconfigurar rutas comerciales.
Los "expertos" pro-mercado celebran la operación como la restauración del Estado de derecho contractual y la liberación de valor para los acreedores. Pero la brújula ética y estratégica exige mirar más allá: ¿es responsable transformar una red de refinación operacional en un botín financiero sin evaluar las externalidades socioeconómicas? ¿Quién responde por los empleos, por las comunidades portuarias, por las cadenas de PYMEs que dependen de contratos con CITGO? Los economistas que han estudiado rescates corporativos y tomas por acreedores muestran que una extracción rápida de valor suele dejar secuelas: pérdida de empleo, deficiencias de mantenimiento, y aumento de costos operativos que se traslada finalmente a consumidores y a la seguridad energética regional.
Finalmente, el episodio obliga a una reflexión geopolítica: el despojo de activos estratégicos en jurisdicciones extranjeras erosionará la confianza internacional y empujará a países con recursos naturales a blindar sus estructuras legales y financieras. Asimismo, la comunidad empresarial estadounidense debería cuestionar si una práctica que normaliza la apropiación de activos extranjeros es compatible con la estabilidad a largo plazo de los mercados en los que operan sus empresas. La soberanía económica de terceros se convierte, de este modo, en un factor de riesgo para todos. Por otra parte, es una oportunidad para que el gobierno de Venezuela amplie el sector refinador y transformador del petróleo venezolano en múltiples derivados con mayor valor agregado. Creo que es hora de abrir más universidades y escuelas con carreras asociados e implicadas al sector petrolero, químico, gasíferos y derivados. Hay que instalar complejos refinadores en Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Anzoátegui y Guárico. Cada una (por lo menos) especializada en unos productos que por localización geográfica resulten a corto, medio y largo plazo estratégicamente operativas, generando dividendos y estimulando otros sectores económicos que en el país sean posibles, necesarios y capaces por los bienes y servicios que se demanden, y que sean factibles de exportación.
En conclusión: la venta forzada de la matriz de CITGO es una pérdida patrimonial grave para Venezuela y una señal de alarma para la industria petrolera estadounidense y su red de proveedores. Más allá de la legalidad instrumental que invoquen los acreedores, estamos ante un acto que distorsiona mercados, desarticula cadenas de valor y abre un precedente peligroso. Si la ley se convierte en la palanca de intereses financieros para desposeer a un Estado de activos productivos, la estabilidad comercial y la garantía del suministro serán las primeras víctimas, y la factura la pagarán trabajadores, empresas y consumidores de ambos lados de la frontera.
Aquí, podemos decir como ese adagio: cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Un mensaje para el mundo entero.
De un humilde campesino venezolano, hijo de la Patria del Libertador Simón Bolívar.