En medio de las tensiones geopolíticas que enfrenta Venezuela, resurgen voces que, desde una aparente ciudadanía, solicitan abiertamente una intervención militar estadounidense como solución a los conflictos internos. Esta postura, además de ser éticamente repudiable desde cualquier perspectiva nacionalista, plantea un debate jurídico profundo sobre los límites de la nacionalidad, la lealtad constitucional y el deber ciudadano.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 130, establece que "los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales". Este mandato no es decorativo: es un principio rector del pacto republicano. Quien clama por una invasión militar extranjera no solo incumple este deber, sino que se coloca en una posición de abierta traición a la patria. ¿Puede entonces seguir siendo considerado venezolano en el sentido constitucional del término?
El artículo 35 de la misma Carta Magna señala que "la nacionalidad venezolana no se pierde", salvo por renuncia expresa o adquisición voluntaria de otra nacionalidad. Sin embargo, este artículo no impide que se abra un debate jurídico y político sobre la reinterpretación de la nacionalidad en casos extremos de deslealtad activa ¿Es compatible la nacionalidad venezolana con el llamado a la ocupación militar por parte de una potencia extranjera históricamente intervencionista?
Desde una perspectiva antiimperialista, la solicitud de intervención militar estadounidense representa la máxima expresión del colonialismo contemporáneo. No se trata de una opinión política más, sino de una acción que busca destruir la soberanía nacional, violar el principio de autodeterminación de los pueblos y someter a Venezuela a los intereses geopolíticos de Washington.
En este sentido, el artículo 130 debe ser reivindicado como eje central de la ciudadanía. No basta con nacer en Venezuela o tener un documento de identidad: ser venezolano implica un compromiso activo con la defensa de la patria.
La doctrina constitucional venezolana, inspirada en el pensamiento bolivariano, reconoce que la soberanía no es solo un principio abstracto, sino una práctica viva que debe ser defendida frente a cualquier forma de agresión.
El Tribunal Supremo de Justicia tiene ante sí la oportunidad histórica de sentar jurisprudencia sobre este tema, reafirmando el carácter antiimperialista y soberano de la República Bolivariana de Venezuela.
Este debate no implica una reforma constitucional, pero sí una interpretación jurisprudencial que reconozca que la nacionalidad no puede ser un escudo para la impunidad.