Es importante que cada ciudadano venezolano sepa que el Poder Ejecutivo, actualmente con Nicolás Maduro a la cabeza, o cualquier otro Poder Ejecutivo en el futuro, puede violar abiertamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) cuando los otros cuatro Poderes no son autónomos, y por lo tanto no pueden cumplir con sus competencias, ya que no tienen independencia de acción. Este drama se repite aguas abajo en gobernaciones y alcaldías. Por lo tanto, si queremos que a mediano y largo plazo el país se enrumbe por caminos democráticos, todos los venezolanos, comenzando por el o la Presidente Constitucional, deben subordinarse al imperio de la ley, y la Constitución es la ley madre del país. La separación o autonomía de los Poderes Públicos Nacionales es absolutamente necesaria para que en el país pueda funcionar la democracia y se pueda combatir la impunidad de los delitos de cualquier naturaleza.
Para que colectiva o masivamente se comprenda la importancia de la independencia de los cinco Poderes Públicos Nacionales en el funcionamiento democrático del país, hay que dar una amplia batalla educativa en la mente de los venezolanos, porque se trata de aumentar la conciencia ciudadana a través de la educación impartida en la escuela, y a través de los medios masivos de comunicación. El desconocimiento y violación sistemática de la CRBV, se debe a que no tienen autonomía o independencia cuatro de los cinco Poderes Públicos. Lamentablemente, el Poder Legislativo Nacional (AN); Poder Ciudadano o Moral (Fiscalía y Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo); Poder Judicial (TSJ) y Poder Electoral (CNE) están controlados, casi que subyugados por el Poder Ejecutivo Nacional. Aunque este problema no es nuevo, es justo decir que se ha agravado significativamente en los últimos 10 años. He allí el meollo del recurrente problema político de Venezuela, y si no lo comprendemos y no lo resolvemos, sea quien sea el o la Presidente de la República, la historia de la impunidad de los delitos de diferente naturaleza cometidos por altos jerarcas del gobierno de turno, se volverá a repetir indefectiblemente.
En democracia, todo gobierno necesita el control político de una oposición democrática, seria y racional, que señale con objetividad las desviaciones y errores para su corrección a tiempo. No hacemos referencia a una oposición que se dedique desde el primer día de gobierno a entorpecer, sabotear o conspirar amenazando con solicitud de Referéndum Revocatorio o con críticas insidiosas porque los problemas acumulados por década no se hayan resuelto en los primeros 100 días de gobierno.
En conclusión, para que los gobiernos de Venezuela faciliten y promuevan la sociedad democrática que queremos ser, y que plantea el Preámbulo de la CRBV, los mismos deben ajustar su funcionamiento al marco de la Constitución vigente, que es el paragua legal y social donde cabemos todos. Adicionalmente, debe entenderse que toda Constitución es perfectible, y la CRBV, aprobada en Referéndum el 15 de diciembre de 1999, señala las formas y mecanismos para su revisión (Título IX. De la reforma constitucional. Capítulo I y II. Art. 340-346) y la aprobación de los cambios resultantes por parte de los ciudadanos en referéndum.
Finalmente, como pareciera que es inherente al ser humano la tendencia a la dominación de nuestros congéneres en beneficio propio, debe quedar claro, que todo gobierno electo por el pueblo ha de someterse a un control legal por parte de los Poderes Públicos Nacionales, un control político por parte de la oposición, a manera de contrapeso y a un control moral por parte de los ciudadanos, quienes con sus votos les transfieren transitoriamente a cada gobernante su soberanía, para que les sirvan, tal cual lo establece el artículo 5 de la CRBV.