La reciente decisión del gobierno argentino de veto al financiamiento destinado tanto a universidades como a programas para personas con discapacidades ha suscitado un profundo malestar en la sociedad argentina y es sin duda una de las causas de la reciente derrota electoral del gobierno empresarial, porque con esa medidas el gobierno mostro su alma, indiferente, cínica, que lo llena, aunque todavía hay personas ingenuas que confían él. Con ello se evidencia una grave falta de compromiso con la educación y el bienestar social, dos pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación y se define como un gobierno antisocial.
Al recortar fondos esenciales para el funcionamiento de las instituciones educativas, se está enviando un mensaje a todos, que la inversión en conocimiento y en la capacitación de los argentinos no es una prioridad, dejando ver que esta derecha está planificando una sociedad ignara. La educación sin embargo, ya se decía desde los tiempos de Aristóteles, es uno de los principales motores del progreso social.
Argentina al negarle recursos a la capacitación universitaria, que es la educación de mayor nivel, va contra las tendencias globales de contar con los profesionales capaces de enfrentar los retos que el intenso cambio tecnológico y productivo plantea, corriéndose el riesgo de rezagarse inclusive en áreas donde Argentina ha destacado. Las universidades no solo forman profesionales sino que también fomentan la investigación, el pensamiento crítico y la innovación que son hasta ahora elementos fundamentales de la sociedad moderna. Se actúa con indolencia al desfinanciar estas instituciones e incrementar la incertidumbre del futuro para las próximas generaciones y limitando las posibilidades de transformación de la sociedad. Y no solo se afecta a los estudiantes universitarios, sino que esto repercute en el mercado laboral y por supuesto en la economía del país.
Por otro lado, el veto a los programas para personas con discapacidades revela una perturbadora falta de sensibilidad hacia un grupo altamente vulnerable que no podrá acceder a la prestación de información, atención y apoyo que necesite. Creo que quieren llevar a Argentina a un abismo, al abismo que son sus vidas, pues con la crisis económica creciente y el incremento de la pobreza material en la sociedad no podrá enfrentarlo con una gran riqueza espiritual.
Es que la protección de las personas con discapacidad no debería ser un tema de debate, sino una obligación moral y ética de cualquier gobierno. La eliminación de financiamiento a estos programas desmejorará su calidad de vida limitando su acceso a servicios básicos, educación y empleo. En un gobierno que se dice comprometido con la libertad y la igualdad, estas decisiones son particularmente lamentables.
Es posible que el gobierno esperara aplausos de la población, pero solo incrementó la sensación de desamparo entre aquellos que pensaban que del estado depende un sistema que debe proteger y apoyar a todos los argentinos y su futuro, ya sea a través de la educación o mediante programas de protección.
La falta de apoyo tanto a la capacitación en la educación superior como a las políticas de exclusión de los discapacitados muestra una preocupante realidad en la Argentina de hoy, demuestran los gobernantes que no quieren a los discapacitados ni a los capacitados, solo a los más ricos. Están en línea con las declaraciones del dirigente de los empresarios agrícolas que pedía aplicar impuestos a los pensionados y eliminarlo a los empresarios porque ellos producen la riqueza y los pensionados no producen nada.
Y estas acciones movilizaron fuerzas que están ocultas en la sociedad y que derivaron en una respuesta contundente de la sociedad civil a través del voto, en las elecciones de Buenos Aires. Los resultados que apoyan al peronismo se dice que hay que alzar la voz en defensa de los derechos de todos los argentinos, reclamando una política que valore y promueva la educación, la protección y ayuda en lugar de rechazarlas.
La construcción de un futuro más justo y equitativo para Argentina depende del compromiso colectivo por un cambio que priorice a cada individuo, y le facilite las mejores condiciones para su desarrollo educativo o para mejorar su calidad de vida.