UNA VEZ MÁS LA FALSA POLARIZACIÓN
Los sucesos que están ocurriendo en el estado Apure, concretamente en el Municipio Páez, en La Victoria, y sus adyacencias, trae a colación nuevamente el tema de la falsa polarización, que desde las cúpulas que un sector de la oposición y un sector del chavismo en su corriente madurista se empeñan en mantener. Ante un tema tan delicado nuevamente se recurre a la irresponsabilidad de acusarse mutuamente de lo que está pasando. No les importa para nada que en el medio de esa falsa polarización caigan víctimas inocentes: pobladores civiles masacrados y militares venezolanos muertos en combate. Por tanto, antes de continuar estas ideas expositivas envío mis condolencias a estas víctimas inocentes de un conflicto del cual no tiene ni parte ni arte.
Esos dos extremos de la falsa polarización, como es su costumbre o más bien su mala costumbre, se van por las ramas y montan un show mediático macabro para seguir disputándose el poder sin importarles el reguero de víctimas que dejan en su macabra maniobra politiquera. Es así como NICO acusa al gobierno colombiano de ser el responsable de lo que ocurre en la frontera y del otro lado de la falsa polarización GUAIDÓ acusa al gobierno venezolano de ser aliado de los que utilizan el territorio venezolano para cometer fechoría y crímenes.
Obviamente la cosa es mucho más compleja que estas dos versiones caricaturescas de los hechos. El tema fronterizo es un tema sumamente denso como para despacharlo con estas versiones estilo EL COYOTE Y EL CORRECAMINO. La frontera colombo venezolana históricamente es un territorio de nadie. Ni el Estado colombiano ni el Estado venezolano tiene control de ese territorio, al punto que hay quienes sostienen la tesis de la existencia de un TERCER ESTADO. La inexistencia, tanto del Estado colombiano como del venezolano, no desde ahora, sino desde siempre, ha permitido que en esa extendida frontera de más de 2000000 kilómetros, el control efectivo del territorio lo tengan fuerzas irregulares de todo tipo, desde la guerrilla colombiana en sus diversas corrientes o facciones, el narcotráfico, paramilitarismo, delincuencia común y guerrilla venezolana.
Esa frontera desprotegida y abandonada tanto por el Estado colombiano como el venezolano, sólo preocupa cuando alguna coyuntura que la hace resaltar, mientras tanto es tierra del más fuerte. Por eso cabe preguntarse para entender a profundidad lo que está pasando actualmente en La Victoria y sus adyacencias lo siguiente: ¿Por qué ocurren estas acciones?, ¿pasados estos acontecimientos habrá un cambio de política de parte y parte en cuanto al papel del Estado? Sólo ahondando en estas dos preguntas se podrá acertar en la verdad verdadera de los hechos.
LA ACTUACIÓN DEL ESTADO VENEZOLANO ANTE LOS HECHOS
Algunas consideraciones sobre los hechos son elementales: el Estado venezolano a través de sus órganos competentes tienen la obligación de defender el territorio de cualquier agresión, más si esta proviene de personas ligadas a otro país. Ningún venezolano en su sano juicio puede oponerse a esto. Ahora bien, eso no puede dar pie para que con la excusa de proteger el territorio venezolano se violen los derechos humanos. Eso en el caso que nos ocupa. Pero además no es la primera vez que ocurre y por ello existe un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU octubre del 2020: CONCLUSIONES DETALLADAS DE LA MISIÓN INTERNACIONAL INDEPENDIENTE DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS SOBRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Dentro del marco legal de ese informe [https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf] podemos leer:
"Ejecuciones extrajudiciales
26.
En virtud del derecho internacional de los derechos huma nos, el derecho a la vida es el derecho supremo que no puede ser objeto de suspensión, ni siquiera en situaciones de conflicto armado y otras emergencias públicas que amenacen la existencia de la nación.7.
27.
La protección de este derecho entraña la obligación positiva de garantizar que no se prive arbitrariamente a nadie de su vida. El uso de la fuerza potencialmente letal con el propósito de hacer cumplir la ley es una medida extrema a la que sólo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o evitar lesiones graves ante una amenaza inminente..
28.
En consecuencia, la policía, el ejército, la seguridad nacional o cualquier otra persona que actúe en cualquier otra capacidad pública, sólo puede utilizar armas de fuego en condiciones y circunstancias limitadas. El uso de armas de fuego con una intención deliberadamente letal sólo se autoriza para proteger la vida en casos de defensa propia o para proteger la vida de un tercero. En cualquier otro caso, equivaldría a un uso arbitrario de la fuerza y, en determinadas circunstancias, podría equivaler a una ejecución extrajudicial. El Estado también es responsable de las violaciones del derecho a la vida cometidas por agentes no estatales que actúan en apoyo o como agentes de las autoridades estatales.
29.
De acuerdo a las normas internacionales, se espera que los Estados adopten todas las medidas necesarias para impedir la privación arbitraria de la vida por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los soldados encargados de las tareas del mantenimiento del orden público. Esas medidas incluyen la promulgación de legislación apropiada que regule el uso de la fuerza letal, procedimientos destinados a garantizar que las actuaciones de las fuerzas del orden se planifiquen de manera que se reduzca al mínimo el riesgo que plantean para la vida humana, así como la presentación de informes, la revisión y la investigación obligatorias de los incidentes fatales.
30.
Cuando las autoridades tienen o deben tener conocimiento de privaciones de la vida potencialmente ilícitas, están obligadas a investigar y , cuando proceda, a enjuiciar a los autores de esos incidentes, incluidos los incidentes en donde hayan denuncias de uso excesivo de la fuerza con consecuencias letales . Esas investigaciones y enjuiciamientos deben llevarse a cabo de conformidad con las normas internacionales pertinentes y deben tener por objeto asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia, incluso para explorar la responsabilidad de los superiores en relación con las violaciones del derecho a la vida cometidas por sus subordinados. La investigación de las violaciones del derecho a la vida debe iniciarse de oficio. El hecho de que no se investiguen debidamente los casos de muerte tras el uso de la fuerza puede suponer en sí mismo una violación del derecho a la vida.
31.
El hecho de causar ilícita e intencionadamente la muerte de un ser humano en el contexto de un ataque generalizado o sistemático constituye el crimen de lesa humanidad de asesinato.
32.
El derecho a la vida está protegido por el artículo 43 de la Constitución de Venezuela y su violación está tipificada como delito en el Código Penal (artículos 405 y ff.)."
Se pretende ocultar la violación de DDHH por parte de, una vez más, de integrantes del FAES; pero además de esto, de señalar a quienes nos atrevemos a denunciar estas violaciones de ser antipatriotas, agentes del imperialismo y otros descalificativos en el medio de esa falsa polarización. Del mismo modo se inicia toda una campaña para intentar ocultar estas desviaciones en las actuaciones por parte de algunos miembros de la FANB; así, para tapar los delitos cometidos, inundan las redes con slogan como: TODOS SOMOS FANB; ergo, quienes denuncien estos delitos serán perseguidos y encarcelados.
Pero quienes violenten las leyes deben ser investigados. Tal cual lo indicó Mariano Navarro directivo de PROVEA en una entrevista con Vladimir Villegas [https://www.youtube.com/watch?v=jsmRjoCOHYQ], los primeros que deben ser investigados son Vladimir Padrino López y Remigio Ceballos así como también el director del FAES en Apure. Debe investigarse la ejecución de los integrantes de la familia Ramírez y las irregularidades que pudieron cometerse en el ejercicio de estas maniobras militares-policiales.
LAS SIMILITUDES DE LA MASACRE DE LA VICTORIA CON LA MASACRE DEL AMPARO
Se cometieron allí delitos que son una repetición al calco de LA MASACRE DE EL AMPARO el 29 de octubre de 1988, durante el gobierno de Jaime Lusinchi. En esa oportunidad el Comando Específico José Antonio Páez CEJAP que dirigió el General Camejo Arias montó un falso positivo y fueron asesinados 14 pescadores en el mismo municipio de José Antonio Páez del estado Apure, que lamentable coincidencia 33 años después. En esa oportunidad la sobrevivencia de dos pescadores hizo posible desmontar el falso positivo en ese momento.
Luego de esos 33 años se vuelve a cometer los mismos delitos con las mismas justificaciones, en el caso de la ejecución de los miembros de la familia Ramírez:
- El gobierno atrapado en su propia ineficiencia quiere demostrar el control que se tiene sobre los irregulares colombianos.
- Hay una combinación de la fuerza armada con la policía. En El Amparo actuó la DISIP y ahora actúa el FAES.
- Tanto el gobierno de Lusinchi como el de maduro dan la versión que las personas asesinadas eran guerrilleros.
- Luego de asesinadas a las víctimas se les puso uniforme militares y armas con las mismas torpezas que en El Amparo, los uniformes no estaban rotos por las supuestas balas.
Los miembros de la familia Ramírez que fueron asesinados, fueron sacados a la fuerza de su casa en el barrio 25 de julio en la población de La Victoria con ropa civil y luego aparecen asesinados con uniformes militares en El Ripial. Todos estos lamentables hechos deben investigarse por el bien de la FANB.
Lo que ha ocurrido es que se han detenido a periodistas, siguiendo con lo que dice le directivo de PROVEA, miembros de los ONGs de DDHH, que estaban cubriendo los sucesos y lo lamentables es que por incitación de periodistas pertenecientes a los órganos públicos del gobierno. Pero esto no es todo les han robado sus celulares y sus cámaras. Algo que no es nuevo; el profesor Javier Antonio Vivas Santana [www.aporrea.org/ddhh/a301045.html] por ejemplo, denuncia que sus objetos personales fueron sustraído por los cuerpos de seguridad luego de su ilegal detención y tortura y que a un año de esto, todavía no se las han devuelto. Estas actuaciones no se pueden justificar.
Las organizaciones defensoras de los DDHH siempre están en las miras de los gobiernos de turno. Recordaba Mariano Alvarado en esa entrevista que le hizo Vladimir Villegas que en diciembre el año 1999, PROVEA denunció varias violaciones de los DDHH por parte de las FAN y Chávez en un Aló Presidente los acusó de querer desprestigiar a las FAN. El mismo Chávez, según Mariano Alvarado, cuatro meses después en una entrega de una vivienda a una de esas víctimas le pidió disculpa a PROVEA, porque efectivamente había habido violaciones de los DDHH, por parte de algunos miembros de las FAN.
Y A TODAS ESTAS QUÉ HACE EL FISCAL GENERAL
El otrora poeta de la revolución hoy totalmente desfigurado de ese oficio, no se ha pronunciado sobre estas denuncias, guardando un silencio cómplice. Sin embargo, puso tras las rejas a dos intelectuales sexagenarios utilizando un artilugio jurídico que más bien es político la conocida e insconstitucinoal LEY CONTRA EL ODIO. Efectivamente, Milagros Mata Gil y su esposo Juan Manuel Muñoz fueron detenidos por el FAES y luego puesto en libertad con una medida cautelar de presentación cada treinta días por seis meses por divulgar una noticia de una doble boda llevada a cabo en el Club Sirio de Lecherías en el estado Anzoátegui. Ninguno del os hechos que allí se relatan son desmentido, entre otras cosas porque hay videos y fotografías de la faraónica fiesta. Esta megarumba ocurrió en plena pandemia. Dos semanas después de la megarumba colapsaron las clínicas privadas y los hospitales de Barcelona, Puerto La Cruz y otras poblaciones adyacentes.
De manera que se hace necesario reinstitucionalizar el país. No es posible que se salte a la torera las mínimas normas jurídicas a capricho de tal o cual funcionario. La Ley no puede aplicarse como recurso de revancha, así como no se puede judicializar la actuación de organizaciones que son garantes de la protección de los DDHH. Se hace necesario que personas responsables en el alto nivel del Estado tomen una dosis de sindéresis y retome el orden pleno de las instituciones, de lo contrario seguiremos en este túnel sin salida.
NO A LA JUDICIALIZACIÓN DE LAS PERSONAS QUE DENUCIAN LOS ABUSOS DE PODER.
NO A LA MORDAZA DE LA INFORMACIÓN.
YA BASTA DEL BLOQUEO A APORREA POR PARTE DEL ESTADO VENEZOLANO.