Según la información detallada que me suministraron sus familiares, el general Miguel Rodríguez Torres se encuentra privado de libertad desde hace dos años y medio, luego de su presentación ante el tribunal militar que sigue su causa y posterior imputación por el delito de "traición a la patria" por parte de la fiscalía militar respectiva. El juicio se encuentra paralizado ya que aún no se ha efectuado la audiciencia preliminar que debió realizarse a finales de mayo de 2018, o sea, hace 16 meses, lo cual confirma una actuación judicial y violatoria del Artículo 44 de la Constitución que prevé y norma de manera estricta el derecho a ser juzgado en un "tiempo razonable". Durante ese lapso sus abogados, a quienes no se les permite comunicarse con el imputado, han solicitado un habeas corpus por incomunicación y un amparo por retardo procesal, denunciando la violación del debido proceso y sus derechos humanos. De hecho actualmente se mantiene aislado e incomunicado en su sitio de reclusión, en el DIGCIM (Policía Militar Fuerte Tiuna).
Se encuentra en una delicada situación de salud, debido a que se le ha obstaculizado su acceso oportuno a los cuidados médicos necesarios para tratar las patologías que lo aquejan, particularmente en su sistema óseo. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACDHNU) hizo cuatro exhortos al Estado venezolano, en los que" solicita acabar con el retardo procesal, cumplir con los tratamientos médicos prescritos y dictar una medida menos gravosa a la privativa de libertad", sin embargo esa exhortación no ha sido tomada en cuenta. Recientemente Rodríguez Torres fue trasladado al Hospital Militar sin que se conozca realmente su estado de salud debido al hermetismo oficial. Por razones humanitarias me sumo a la solicitud colectiva de quienes exigen su libertad.