El General de División de la GNB, Jorge Márquez, egresado de la Efofac en 1994, no es un desconocido en el entorno gubernamental. Con una trayectoria que lo vincula estrechamente al Ejecutivo desde los tiempos de la Cancillería, Márquez hoy encabeza el Ministerio de Energía Eléctrica y la Vicepresidencia de Obras Públicas. Sin embargo, el peso de sus credenciales contrasta con una realidad alarmante en las regiones: el uso de la energía eléctrica como medida de presión que vulnera derechos humanos fundamentales.
El caso Villas del Pilar: Un castigo colectivo
Ministro Márquez, parece que las denuncias de base no llegan a su despacho. Como garante de Corpoelec, es imperativo que revise las estrategias de cobranza aplicadas por sus gerencias regionales. Lo ocurrido en agosto de 2025 en el urbanismo Villas del Pilar de la ciudad de Araure superó los límites de la gestión administrativa: una cuadrilla retiró los fusibles del pozo que suministra agua a 1.600 familias, un CDI, un centro de rehabilitación y una escuela.
Por una deuda no notificada previamente, que ascendía a los Bs. 522.000, se dejó a una comunidad entera sin el servicio vital de agua durante 20 horas. Esta acción, ejecutada sin mediación previa, raya en la violación de derechos básicos.
Opacidad en la facturación y gestión
Aunque la comunidad logró recaudar una "cuota extraordinaria" para abonar a la deuda, la falta de seguimiento entre el consejo comunal y la Gerencia Territorial de Corpoelec Portuguesa ha permitido que el saldo crezca nuevamente, alcanzando los Bs. 471.887,47 este Febrero.
La situación presenta irregularidades técnicas y administrativas que exigen su intervención:
Facturación irregular: La deuda arrastra saldos desde 2019 con facturas que no reflejan el número de medidor.
Tarifas erróneas: Se aplica una tarifa comercial a un urbanismo de interés social.
Falta de respuestas: Tras denuncias previas, se reconectó el medidor tras años de desconexión, pero no hay claridad sobre el origen del consumo facturado.
Un conflicto de competencias
El propósito de este exhorto es proponer soluciones, no incitar al odio. Es necesario establecer un mecanismo de pago directo para los vecinos, sin la intermediación de consejos comunales que suele entorpecer el proceso.
Además, surge una interrogante institucional: si existe una hidrológica encargada de administrar los pozos y cobrar por el servicio, ¿por qué es la comunidad quien hereda esta morosidad y no el organismo responsable? En Portuguesa se vive una dualidad de mando donde la gestión eléctrica parece estar sujeta a la discrecionalidad de la Gobernación, mientras el ciudadano común queda atrapado en un escenario de asfixia económica con un poder adquisitivo pulverizado.
Ministro, el compromiso no puede ser solo un eslogan de que tenemos un Gobernador ejemplar o el compromiso es contigo.
La eficiencia de su gestión se mide en la capacidad de resolver estas distorsiones sin dejar a familias sin energía eléctrica por una deuda de un pozo de agua.