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En Venezuela se ha abierto —con razón— un fuerte debate nacional sobre la liberación de los presos políticos desde 1999 hasta hoy.
Es un debate necesario, humano, urgente.
Pero hay otra forma de cautiverio, más silenciosa y cotidiana, que también merece ser liberada:
los servicios públicos venezolanos.
La electricidad, el agua, el transporte, las telecomunicaciones, la salud, el gas, el combustible… todos ellos han sido, durante décadas, víctimas de malas prácticas, improvisación, ausencia de planificación, corrupción y, sobre todo, de una peligrosa falta de visión de futuro.
Servicios que nacieron para servir a la gente
terminaron subordinados a intereses políticos, militares o burocráticos.
Servicios técnicos, complejos, vitales, fueron despojados de su carácter profesional
y convertidos en instrumentos de control, propaganda o improvisación permanente.
El resultado está a la vista:
apagones normalizados, sistemas colapsados, mantenimiento inexistente, talento humano expulsado o silenciado.
Así como un preso político pierde libertad,
un servicio público secuestrado pierde su razón de ser.
Liberar los servicios públicos no significa privatizarlos sin criterio, ni abandonarlos al mercado, ni borrar al Estado de la ecuación.
Liberarlos significa devolverles:
autonomía técnica,
planificación de largo plazo,
gerencia profesional,
transparencia,
respeto por el conocimiento y la experiencia.
Liberarlos significa sacarlos del cortoplacismo político y devolverlos al tiempo largo de la ingeniería, de la economía real, de la sostenibilidad.
Un país no se reconstruye solo con discursos ni con consignas.
Se reconstruye cuando la luz vuelve a ser confiable,
cuando el agua llega sin angustia,
cuando el transporte funciona,
cuando la energía deja de ser un problema y vuelve a ser una plataforma para el desarrollo.
La liberación de Venezuela pasa por la liberación de sus personas,
pero también por la liberación de sus sistemas.
Porque no hay ciudadanía plena sin servicios públicos dignos.
Y no hay futuro posible sin instituciones técnicas libres, responsables y bien pensadas.
Liberar a los servicios públicos
es, en el fondo, liberar la posibilidad de un país que funcione.
Y eso —todavía— está en nuestras manos.