La gestión pública contemporánea requiere una coherente articulación entre la visión de futuro y la capacidad operativa, inmersa en un entorno de cambios sistémicos acelerados y globalizados, exige una profunda sintonía entre el pensamiento estratégico que es la habilidad directiva para la prospectiva, y la capacidad programática, constituyendo una interdependencia simbiótica con los procesos de políticas públicas y su gestión, definiendo un modelo de gobernanza que prioriza la legitimidad, la transparencia y los resultados concretos.
Enmarcada en la transformación social experimentada por América Latina, particularmente en el contexto venezolano posterior a 1999, cristaliza la demanda de un Estado que trascienda el rol tradicional de proveedor monopólico, adoptando una arquitectura institucional basada en la inclusión, la rendición de cuentas y una activa participación ciudadana, haciendo indispensable un compromiso bilateral y permanente entre las estructuras del poder institucional y la sociedad.
Ahora bien, el éxito en la administración de los asuntos colectivos se cimenta en la aplicación rigurosa y sistemática del pensamiento estratégico, entendido como una capacidad directiva superior que permite a los líderes públicos concebir la acción estatal desde una perspectiva holística, de largo aliento, anticipando las complejas dinámicas socioeconómicas y geopolíticas. Esta visión prospectiva es la que fundamenta la eficacia de las políticas públicas, concebidas como el conjunto estructurado de decisiones, directrices y acciones intencionales del Gobierno, orientadas a resolver problemas específicos, satisfacer demandas ciudadanas o materializar metas de desarrollo nacional previamente consensuadas.
Sin embargo, la formulación per se es insuficiente; es la gestión de políticas públicas la que cierra el ciclo al representar el proceso técnico-administrativo mediante el cual el servidor público y las estructuras organizativas implementan estos lineamientos, transformando los objetivos abstractos en bienes, servicios e impactos concretos, bajo un criterio de máxima eficiencia y efectividad.
De esta manera, la integración conceptual y práctica del pensamiento estratégico en la gestión pública se vuelve una exigencia ineludible, obligando al aparato administrativo a sustituir la inercia burocrática por el análisis contextual profundo, el diseño de planes de acción flexibles y una toma de decisiones constantemente informada que permita la reorientación del proceso en aras de la construcción de la democracia protagónica.
Por otra parte, la acelerada dinámica de un entorno global, caracterizado por la competitividad y la transformación constante del sistema social, ha impuesto a las administraciones públicas latinoamericanas un desafío dual y paradójico. Por un lado, se les exige disminuir su participación directa e interventora en las economías nacionales, y por otro, deben simultáneamente aumentar exponencialmente su eficiencia, eficacia y responsabilidad social ante la ciudadanía, especialmente en lo concerniente a las políticas sociales más sensibles.
Por lo tanto, esta coyuntura ha puesto en relieve la fragilidad o debilidad institucional que caracteriza a las estructuras públicas en la región, lo cual obliga a los sistemas administrativos, incluyendo el venezolano, a buscar soluciones novedosas, creativas y, en ocasiones, revolucionarias para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en términos de productividad y desempeño. De allí, el pensamiento estratégico aplicado a la administración tiene como objetivo primordial superar los modelos procedimentales calificados como "paquidérmicos" -lentos, pesados y excesivamente burocráticos- que históricamente pusieron un énfasis desmedido en la eficiencia de los medios (los procesos internos) en lugar de centrarse en la consecución de los fines y resultados (el impacto social). Esta reorientación exige que los roles de los actores sean redefinidos para promover la movilidad, la flexibilidad y un aporte organizacional basado en la capacidad real de generar cambios positivos en las personas, las instituciones y el entorno social.
En ese sentido, la institucionalización del pensamiento estratégico en el sector público garantiza que la gestión pública opere como un sistema cíclico, integral y retroalimentado, en contraposición a una secuencia lineal y estática de tareas. Este ciclo se inicia con la planificación para el desarrollo, que define los objetivos estratégicos de alto nivel para la sociedad, y continúa con la presupuestación, que articula la situación fiscal de ingresos y egresos con la definición cuantificada de productos y metas. La ejecución integra la cadena de valor completa, desde los insumos y actividades hasta los productos, efectos e impactos, y es la fase donde la estrategia se pone a prueba en la realidad, buscando generar el cambio deseado. Finalmente, el seguimiento y la evaluación se realizan de forma transversal, contrastando de manera sistemática lo deseado con lo obtenido, proporcionando los insumos esenciales para la rendición de cuentas. La gran contribución del enfoque estratégico en este ciclo reside en su capacidad de prevenir que la administración caiga en la inercia de la gestión de crisis a corto plazo, asegurando en cambio una alineación vertical y horizontal de las políticas públicas, donde cada acción, cada programa y cada proyecto contribuyen directamente a la visión de largo plazo.
A modo de conclusión, el pensamiento estratégico constituye la columna vertebral del diseño y la implementación de la acción estatal, al definirse como la habilidad de proyectar decisiones de manera holística, anticipando desafíos y oportunidades en el largo plazo para asegurar el cumplimiento de los objetivos macro. Este marco analítico se aplica directamente en la formulación de políticas públicas, concebidas como las decisiones y acciones intencionales del Gobierno destinadas a transformar una realidad social identificada o a promover metas de desarrollo previamente establecidas. A su vez, el éxito de estas políticas recae en la gestión de políticas públicas, que representa el proceso técnico y administrativo de su implementación por parte del servidor público, un componente que se encarga de traducir los lineamientos programáticos en bienes y servicios de manera eficiente, efectiva y oportuna. La unión de estas esferas, el pensamiento estratégico en la gestión pública, obliga al aparato estatal a trascender la mera administración burocrática, exigiendo el análisis contextual, el diseño de planes de acción flexibles y la constante toma de decisiones informadas que permitan la inclusión y participación.
ligiamvelasco3@gmail.com