RESUMEN
Este artículo aborda el debate en torno a la gestión y reactivación de las salinas de Araya, Venezuela, contrastándolo con la adquisición de la empresa salinera mexicana ESSA.
A través de un análisis que trasciende la mera comparación económica, se examinan las implicaciones de las acciones gubernamentales en el marco del Estado de Derecho, la participación ciudadana y la ética pública.
Se argumenta que el principal desafío en la Salina de Araya no es de carácter productivo o financiero, sino un profundo déficit de gobernanza que mina la confianza de los inversores y la legitimidad de los proyectos de desarrollo.
El texto utiliza las perspectivas de la economía política para sostener que la transparencia y la legalidad son pilares indispensables para un desarrollo sostenible y próspero.
1. INTRODUCCIÓN
El debate público sobre la reactivación de las salinas de Araya se ha polarizado entre una visión meramente economicista y una crítica de carácter ético-político.
Por un lado, se ha señalado que la inversión de 87 millones de dólares por el 49% de la empresa mexicana Exportadora de Sal, S.A. (ESSA), que garantiza una producción anual de casi 4 millones de toneladas, habría sido una decisión más rentable que la inversión de 30 millones de dólares en las Salinas de Araya, cuya producción histórica ha sido significativamente menor.
Esta perspectiva, aunque basada en datos concretos, a menudo omite las implicaciones de los procedimientos jurídicos y administrativos que acompañan a la gestión en Venezuela.
La segunda línea de argumentación, centrada en la legalidad y la transparencia, cuestiona la expropiación de activos de la empresa Salinera del Accua y la falta de participación de los actores locales.
Este enfoque, que se alinea con los principios del desarrollo sostenible, sostiene que los proyectos no pueden ser sostenibles si se construyen sobre cimientos de opacidad y violación del Estado de Derecho.
2. LA CONFRONTACIÓN DE PARADIGMAS
La comparación entre la adquisición de ESSA y la gestión de las salinas de ACCUA revela dos modelos de gobernanza fundamentalmente distintos.
El caso mexicano representa una estrategia de consolidación económica donde el Estado, mediante una operación financiera transparente y cuantificable, asegura el control total de un activo estratégico y productivo a nivel global.
El valor de la transacción, 87 millones de dólares por una participación del 49%, refleja un mercado de capitales que valora la productividad, la escala y, fundamentalmente, la seguridad jurídica de la inversión.
En contraste, el caso de las Salinas de ACCUA expone un modelo de reactivación local donde los objetivos de desarrollo interno y soberanía económica se ven comprometidos por las acciones de expropiación y la falta de transparencia.
El discurso oficial, por muy bienintencionado que sea, pierde su fuerza cuando los procedimientos para llevarlo a cabo no respetan los derechos de propiedad y el debido proceso.
La expropiación sin justificación clara y sin consulta con los trabajadores o el pueblo local genera un clima de inseguridad jurídica que ahuyenta a los inversores serios y honestos.
Esta situación valida la premisa de que solo aquellos con "amiguismos o complacencias" estarían dispuestos a invertir bajo tales condiciones, ya que no se rigen por las normas del mercado, sino por la influencia política.
3. EL DÉFICIT DE GOBERNANZA
La tesis central es que la principal problemática de las Salinas de Araya no es la falta de capital o la baja producción, sino un profundo déficit ético y de gobernanza.
La falta de un proceso legal claro para la expropiación y la exclusión de los trabajadores y la comunidad de la toma de decisiones contradicen abiertamente el discurso de un gobierno que "obedece al pueblo".
Este postulado subraya que el bienestar de la comunidad y la sostenibilidad de los proyectos dependen de un diseño participativo donde la sociedad es coautora de su propio desarrollo.
Cuando los nuevos accionistas o el Estado no presentan al pueblo del estado Sucre sus planes y objetivos de desarrollo, se rompe el pilar de la confianza.
Esta opacidad no solo es una falta de respeto hacia los ciudadanos, sino que también es una estrategia contraproducente.
4. LA EROSIÓN DE LA CONFIANZA
La confianza, una vez perdida, es extremadamente difícil de recuperar. De ahí la necesidad de transitar hacia un modelo de desarrollo basado en la confianza. En un entorno de Estado de Déficit Ético, como se ha descrito, ninguna empresa estatal tiene la capacidad de garantizar un manejo pulcro de los capitales, ya que la institucionalidad necesaria para la rendición de cuentas ha sido debilitada.
5. CONCLUSIONES
El caso de las salinas de Araya es paradigmático de un dilema más amplio en la economía política venezolana.
La soberanía económica no puede ser un pretexto para ignorar el Estado de Derecho.
La inversión directa, sea nacional o extranjera, solo contribuye genuinamente al desarrollo si opera bajo un marco de reglas claras, transparencia y respeto por la propiedad privada.
Si el "deber ser" ante el incumplimiento de una empresa es la expropiación arbitraria, la única consecuencia lógica es la de disuadir toda futura inversión legítima.
La reactivación de las Salinas de Araya, para ser un verdadero proyecto de desarrollo sostenible, debe ir acompañada de un cambio de paradigma en la gestión pública. Este cambio implica:
* Garantizar el debido proceso y los derechos de defensa.
* Publicar los planes, objetivos y uso de los capitales de inversión.
* Incluir activamente a los trabajadores y a la comunidad en el diseño y la supervisión del proyecto.
En última instancia, el valor de las salinas de Araya no se medirá solo en toneladas de sal, sino en la capacidad del Estado para construir un modelo de gestión basado en la confianza, la ética y la coautoría del desarrollo.
Solo así se podrá transitar del discurso a la realidad de una verdadera soberanía económica. Solo así se podrá recuperar la credibilidad y asegurar un futuro próspero para la región.
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