El magistrado insta a la Administración a remediar el daño cometido contra los migrantes por haberlos expulsados sin el debido proceso
13 de febrero de 2026.-Un juez federal ha ordenado al Gobierno de Donald Trump que regrese a los migrantes venezolanos que fueron deportados a la prisión de máxima seguridad conocida como Cecot (Centro para el Confinamiento de Terroristas) de El Salvador el año pasado, y se encuentren en un país que no sea Venezuela, informó El País.com en una nota de prensa.
En marzo, el mismo juez federal de distrito, James Boasberg, autor del fallo actual, ordenó que los aviones que llevaban a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, regresaran a Estados Unidos, pero la Administración no hizo caso y los aviones aterrizaron en suelo salvadoreño.
El magistrado quiere ahora que el Gobierno enmiende su error al haber deportado a los migrantes sin haberles permitido defenderse como parte del proceso debido. “Nuestro punto de partida es la constatación previa del Tribunal de que se les negó el debido proceso a los deportados”, escribió Boasberg.
“En este contexto, y consciente de la flagrancia de las violaciones por parte del Gobierno de los derechos al debido proceso de los deportados que llevaron a los demandantes a esta situación, el tribunal se niega a permitir que se desmoronen en el atolladero sin solución que proponen los demandados”, escribió.
El juez obliga a la Administración de Trump a pagar por el viaje de los deportados que quieran regresar para remediar el daño cometido, porque “esta situación nunca se habría presentado si el Gobierno simplemente hubiera reconocido a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente”.
El Gobierno debe presentar un informe de situación antes del 13 de marzo, explicando cómo y cuándo transportará a los venezolanos que buscan regresar a Estados Unidos desde un tercer país.
La deportación ocurrió el 15 de marzo de 2025, y el Gobierno se apoyó en una ley que sólo se ha aplicado en tiempos de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, argumentado que los detenidos pertenecían a las pandillas criminales latinoamericanas Tren de Aragua y el MS-13 y que estas supuestamente estaban “invadiendo”Estados Unidos. Nunca ofreció pruebas ni de la pertenencia ni de la “invasión”.
Más tarde, la Administración mostró tatuajes de los acusados, muchos de ellos populares en sus países, como su justificación de considerarlos pandilleros.