31 de octubre 2009. - La plenaria de la Asamblea Nacional sancionó la Ley para la prohibición de Videojuegos y Juguetes Bélicos, cuya finalidad es evitar la fabricación, importación, distribución, venta, renta y uso de videos, juegos y juguetes bélicos de naturaleza violenta.
Cabe recordar que la primera discusión se desarrolló el 25 de agosto, cuando el grupo de opinión Patria para Todos hizo la presentación basados en el artículo 78 de la Constitución, en el cual se establece que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación.
Se establece prisión de tres a cinco años para quienes importen, fabriquen, vendan, alquilen o distribuyan videojuegos bélicos o juguetes bélicos y a la entrada en vigencia las autoridades competentes y las personas naturales o jurídicas coordinarán las acciones que resulten necesarias para la entrega voluntaria de videojuegos bélicos y juguetes bélicos para su destrucción.
El diputado Arcadio Montiel destacó que está de acuerdo con esta norma, al castigar a los grandes importadores, pero estima que se debe establecer una disposición a través de la cual el Estado indemnice a la gente humilde que invirtió en la compra de estos CD, “sin mala intención”. Sin embargo, los diputados consideraron que el tiempo estipulado en la disposición final, en cuanto a la entrada de vigencia luego de tres meses de su publicación, son suficientes para que estos pequeños comerciantes salgan de esta mercancía.
La ley se enmarca en los artículos 43 y 46 de la Constitución, y en la concepción de la “cultura de la no violencia”. En este sentido, se establece que las instituciones del subsistema de educación básica y universitaria y los medios de comunicación de radio y televisión, públicos o privados, implementarán programas de información sobre la peligrosidad y efectos de los videojuegos bélicos y juguetes bélicos.
La supervisión de estos programas estará a cargo de los ministerios con competencia en materia de educación, prevención del delito y comunicación e información. Se sostiene que el Estado, con los recursos obtenidos a través de las multas previstas en la ley, promoverá planes y proyectos destinados a la prevención del delito y al fomento de programas educativos, culturales y deportivos.
El segundo vicepresidente, José Albornoz, como uno de los proponentes de la norma, explicó que no existe actualmente control para la venta de armas de juguete que pueden ser usadas incluso por los delincuentes, pues la similitud de las características permite que sean confundidas.