La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa un punto de inflexión que exige superar la retórica del conflicto para abrazar la lógica de la soberanía y la cooperación real. El título de esta reflexión no es un eslogan caprichoso; es una máxima de la diplomacia profesional: los amigos no sancionan y los socios no bloquean.
Las llamadas "sanciones", que técnicamente debemos denominar Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), carecen de asidero en la Carta de las Naciones Unidas. Desde una perspectiva antiimperialista y legalista, estas medidas representan una extralimitación de la jurisdicción interna de un Estado sobre otro, violando el principio de igualdad soberana.
Cuando un país impide que otro acceda al sistema financiero internacional o comercialice sus recursos naturales, no está promoviendo la democracia; está ejerciendo un asedio económico que afecta, ante todo, al ciudadano de a pie. En términos de economía política, el bloqueo ha funcionado como una camisa de fuerza que distorsiona los precios, dificulta la adquisición de medicinas y repuestos, y frena el crecimiento orgánico del aparato productivo nacional.
Uno de los datos más reveladores del panorama actual es la desconexión entre la narrativa de la "presión necesaria" y la realidad del sentimiento popular. Según los estudios de opinión más recientes, el 94% de las venezolanas y venezolanos exige la eliminación total de las sanciones.
Este porcentaje no representa un bloque ideológico; representa a la madre que busca alimentos, al empresario que necesita importar materia prima y al joven profesional que desea ver estabilidad en su moneda.
Es un grito de pragmatismo nacional: por un lado, la superación de la polarización, cuando hay un contundente rechazo a las sanciones y al bloqueo es el punto de unión entre distintos sectores políticos y por el otro lado, el bienestar común, existe la certeza colectiva de que el levantamiento de las MCU es el catalizador más rápido para la mejora de la calidad de vida.
Si Estados Unidos desea realmente ser un actor relevante en la estabilidad energética y política del hemisferio, debe entender que la confianza no se construye bajo amenaza y aceptar la diversidad de modelos políticos sin que ello implique castigos financieros.
Para que la economía nacional florezca, es imperativo que Venezuela pueda operar en el mercado global sin el estigma de las licencias temporales que expiran bajo criterios políticos. El camino hacia la normalización pasa por devolver los activos bloqueados, lo que permitiría una reinyección inmediata de capital en los servicios públicos (electricidad, agua y salud).
La eliminación total de las sanciones no es una concesión graciosa, es un acto de justicia internacional y de realismo político. La economía venezolana ha demostrado una resiliencia extraordinaria, pero su techo de crecimiento está limitado por estas barreras artificiales.
Para que Venezuela y Estados Unidos puedan hablar de una relación de "amistad" o "sociedad", el primer paso es desmantelar el andamiaje de la agresión económica. El 94% del país ya ha dictado su veredicto: el progreso de la nación pasa por la libertad de comercio y el respeto a la autodeterminación.
Solo así, sin el peso del bloqueo, se podrá reconstruir una calidad de vida digna y sostenible para todos.
La población venezolana entiende que el desarrollo no debe estar condicionado por agendas externas.