En el tablero geopolítico actual, Venezuela se ha convertido una vez más en el epicentro de la resistencia global contra el hegemonismo estadounidense. La administración Trump, en un intento por reeditar una versión anacrónica de la Doctrina Monroe, ha desplegado una estrategia de "presión diplomática" que no es más que un asedio por otros medios.
Sin embargo, se topan con una realidad que sus laboratorios de guerra psicológica no logran asimilar: el chavismo, lejos de desmoronarse, se erige hoy como la primera fuerza política del país, consolidada por una consciencia de clase que trasciende la coyuntura económica.
Washington camina sobre cáscaras de huevos. Sus voceros claman por "nuevas elecciones", pero lo hacen con una cautela inusual. ¿Por qué este año 2026 no parece ser el momento para la estocada final que tanto ansían? La respuesta es matemática y sociológica: la derecha tiene altas posibilidades de perder, ya que "el voto duro" es mayoritariamente chavista.
Las encuestas más rigurosas (aquellas que el Departamento de Estado lee en privado) confirman que, de celebrarse comicios hoy, la Revolución Bolivariana obtendría una victoria contundente.
El pueblo venezolano ha identificado que su agresor no está en Miraflores, sino en la Casa Blanca. Nuestra Constitución de 1999 es taxativa en su Artículo 233, el cual establece seis causales para la falta absoluta: muerte, renuncia, destitución por el TSJ, incapacidad física/mental, abandono del cargo o revocatoria popular.
En ninguna línea de nuestro pacto jurídico - social se contempla el secuestro o la detención ilegal en territorio extranjero como causal para despojar a un mandatario de su investidura y no se puede violentar nuestra Constitución.
El secuestro de un Jefe de Estado por una potencia extranjera no es un hecho jurídico, es un acto de guerra. Pretender que una agresión externa active mecanismos de sucesión interna es una aberración inconstitucional que vulnera el principio de autodeterminación.
Jurídicamente, un presidente secuestrado no ha "abandonado" su cargo; está impedido materialmente por una fuerza de ocupación o agresión, por lo tanto, la figura constitucional que prevalece es la de la continuidad administrativa y la defensa de la soberanía.
La soberanía no se negocia en mesas diplomáticas de dudosa neutralidad; se ejerce en la calle y en la defensa del hilo constitucional. Venezuela no es un protectorado, es una nación con una arquitectura legal diseñada para resistir los embates del derecho imperial.
El 2026 no será el año de la rendición, sino el de la consolidación de un modelo que, ante la fuerza bruta, responde con la fuerza de la ley y la dignidad del pueblo.