El salario constituye el eje principal de cualquier Economía y el motor fundamental de la movilidad social. Su relevancia económica reside en ser el catalizador del consumo masivo, la inversión y la producción nacional y en lo Social el garante de la calidad de vida transmutando el crecimiento del PIB en desarrollo humano tangible. En Venezuela el salario atravesó un proceso de pulverización; sin embargo, a la luz de volver el tema a la escena política producto de los anuncios del incremento de los ingresos petroleros se abre hoy una oportunidad para restaurar y mejorar el salario.
Anatomía de una Pulverización: Los Verdugos del Poder Adquisitivo.
La debacle del ingreso en Venezuela es el resultado de una tormenta perfecta donde diversos factores actuaron como verdugos de la calidad de vida. La erosión comenzó de forma paulatina en 2013, cuando el salario mínimo de 2.973 Bs.F representaba una ficción de $471 a tasa oficial (BCV), mientras el mercado paralelo ya lo situaba en mucho menos. Esta pérdida de valor continuo y se aceleró producto de la hiperinflación empeorando aún más con medidas gubernamentales como la aplicación del Instructivo ONAPRE en 2021, un mecanismo que aplanó las tablas salariales y recortó hasta las primas de los contratos colectivos.
A este debilitamiento se sumó el impacto de las sanciones petroleras de 2019, que mermaron a menos de la mitad los ingresos en divisas al desplomar la producción de más de un millón de barriles a niveles críticos de 333,000 bpd en 2020. No obstante, la asfixia financiera no solo provino del exterior; la corrupción sistémica en Petróleos de Venezuela, bajo el esquema denominado "PDVSA-Cripto" entre 2020 y 2023, significó un desfalco estimado por la Fiscalía en $21,000 millones. Estos recursos, evaporados en el momento de mayor vulnerabilidad del país, habrían sido vitales para indexar el salario real frente a la hiperinflación.
Finalmente, la política gubernamental consolidó la crisis al sustituir el salario por bonos sin incidencia salarial. Desde el último aumento del salario mínimo a 130 bolívares en marzo de 2022 (hoy menos de 0,34 dólares x mes), el ingreso se desplazó hacia bonificaciones como el "Bono de Guerra Económica". Aunque el ingreso mínimo integral alcanza los $120, el hecho de que carezcan de carácter salarial anula las prestaciones, vacaciones y pensiones.
Esta suma de factores devaluación, recortes administrativos, merma de los ingresos y bonificación ha desembocado en la precariedad actual, donde el trabajo dejó de ser un camino hacia la estabilidad para convertirse en un subsidio de subsistencia.
Las Cuentas Claras: ¿Cuál puede ser el aumento?
Frente al anuncio de mayores ingresos petroleros, los debates sobre el incremento salarial se multiplican. Para ser responsables, es preciso analizar datos clave: el impacto en lLa finanzas públicas de la nueva Ley de Hidrocarburos que reduce impuestos y regalías, el aumento proyectado en la producción para 2025, y cómo la flexibilización de sanciones contrasta con la caída esperada en los precios del crudo para 2026.
Considerando dos variables ingresos adicionales por ventas sin descuento y el incremento productivo respecto al promedio de 2025 el país podría captar más de $5.000 millones extras. Esto hace financieramente viable un aumento del salario mínimo de $100 mensuales, con un costo estimado de $2.800 millones al año, permitiendo incluso mantener bonos como el de Guerra Económica y la cesta ticket. Así, el ingreso integral superaría los $260 mensuales en la administración pública, y aún más en el sector privado.
Blindaje Necesario: Las Políticas que Evitan que el Aumento se Evapore
El decreto de aumento salarial debe ir acompañado de una política integral de protección, con tres pilares:
1. Estabilidad macroeconómica: Prohibición estricta del financiamiento inflacionario del gasto público por parte del BCV y uso eficiente de las divisas para anclar precios.
2. Unificación cambiaria urgente: Eliminar la brecha cambiaria que erosiona sistemáticamente el poder adquisitivo.
3. Política de ingresos y precios: Un pacto social que vincule el incremento salarial a ganancias de productividad, evitando la espiral precios-salarios y protegiendo el poder adquisitivo del trabajador.
Conclusión: De la viabilidad a la realidad, el camino a recorrer.
Los números son claros: un incremento del salario mínimo a 100 dólares mensuales es financieramente viable, aprovechando la ventana que abren los ingresos petroleros adicionales. Sin embargo, este aumento debe ser blindado de inmediato mediante una política cambiaria unificada y una prohibición absoluta del financiamiento inflacionario, para que no se disipe en la brecha cambiaria y la especulación.
Protegido, este incremento se convierte en la chispa inicial de un efecto multiplicador poderoso: inyecta poder adquisitivo directo en la base de la economía, impulsando el consumo privado y la demanda agregada, reactivando la producción nacional y dinamizando el comercio interno. Para consolidar este círculo virtuoso, la medida debe completarse en el tiempo con una reforma estructural que traslade los bonos a la parte formal del salario, integrando prestaciones, vacaciones y pensiones. Solo así el trabajo dejará de ser un subsidio y se convertirá, de nuevo, en el verdadero pilar de la recuperación económica y la movilidad social.