La ley de amnistía, en su esencia más pura, debe entenderse como una herramienta técnica diseñada para el "olvido" jurídico de delitos políticos, una suerte de borrón y cuenta nueva en el registro del Estado. Es que nadie puede olvidar ni obviar que hasta que los 900 amnistiados estuvieron detenidos no desapareció la violencia, los incendios, las bandas delincuenciales, los ataques a la instituciones. Venezuela recupero la paz, al amnistiarlos se observará que pasa.
Sin embargo, su alcance es limitado cuando se enfrenta a algunas realidades que no se pueden soslayar como es el desprecio de la clase dominante desplazada del poder por un movimiento que posiciona a los sectores populares como grupo dirigente. Por ello debemos entender que el encono no es un expediente legal que se pueda archivar mediante un decreto; es un fenómeno social e individual profundamente arraigado en las condiciones materiales de existencia de la elite.
En sociedades capitalistas, este sentimiento emana de la base misma de la estructura social desigual, es el menosprecio histórico de los ricos hacia los pobres y la esperanza de mejora postergada por siglos de exclusión. Por ello, pretender que una ley cure esta patología social es confundir la superestructura jurídica con la base material de la vida humana aunque indudablemente ayuda a mejorar la relación de clases.
Y se debe distinguir entre la paz negativa y la paz positiva. La primera es la ausencia de contienda activa mientras que la segunda exige la resolución de las causas profundas que originaron la violencia. La función de una ley de amnistía, en teoría, debería estar dirigida hacia esa paz positiva, deteniendo los mecanismos de correctivo estatal para permitir una transición o una tregua necesaria.
En la práctica, muchas veces se queda en el terreno de la paz negativa, detiene la mano de la justicia sin tocar las raíces del conflicto perpetuando la injusticia, como desean muchos de los que quieren aquí desde la derecha, mantener el conflicto.
En el contexto actual, vemos cómo este proceso se acentúa. Al ser la amnistía, emanada de la estructura jurídico-política del Estado, corre el riesgo de no llegar a las pasiones y resentimientos de la clase social que se ha subido al carro de la violencia en Venezuela, la élite económica tradicional. Para estos sectores, su desplazamiento del poder real ha generado un odio que no se disuelve por ahora con un acta de perdón legal.
Mientras persistan las condiciones de disconformidad y la sensación de pérdida de privilegios de la élite tradicional, cualquier ley de esta naturaleza será percibida apenas como una tregua insuficiente, un paréntesis antes de la próxima confrontación. La ley intenta silenciar decisiones de juzgado, pero no puede con el desprecio social que alimenta la conspiración. Deberían darles un curso rápido e intensivo con Paulo Coello sobre Veronika decide morir.
Podríamos, abusando de los lectores asumirlo desde una perspectiva hegeliana, el conflicto humano encuentra su máxima expresión en la dialéctica del amo y el esclavo. Para Hegel, la superación de esta lucha no se da por decreto, sino mediante el reconocimiento mutuo. El conflicto solo se resuelve cuando el "otro" es validado como un igual, como una consciencia con la misma legitimidad que la propia. Esto se expresa en nuestra constitución de una forma muy clara, todos somos ciudadanos, como buenos herederos de los principios de la Revolución Francesa.
Una ley de amnistía puede saltar este paso vital. Busca "borrar" el pasado de un plumazo, ignorando que no puede haber una síntesis real si no existe previamente una validación del dolor de las partes y, fundamentalmente, un reconocimiento de la intención política del amnistiado. Sin ese paso, el odio no desaparece; simplemente se repliega hacia la esfera privada, hacia el silencio de la casa y el grupo de amigos que lo incitan pero que nunca lo visitaron ni le llevaron siquiera unas empanadas, mientras estuvo en prisión. La amnistía sin reconocimiento por el amnistiado puede ser una suspensión temporal de la hostilidad.
Hay una realidad del tamaño del Helicoide, en Venezuela no se tortura. Ninguno de los amnistiados puede mostrar daños corporales o psicológicos como los que hacia la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez o la Digepol de adecos y copeyanos.
Surge entonces la pregunta sobre qué podría realmente "curar" ese odio acumulado. Pues es que existe una función pedagógica en la justicia que la amnistía, por definición, suele omitir. De alguna forma, para que el proceso sea transformador, el sujeto que es juzgado y condenado debe atravesar un aprendizaje.
La justicia contiene un mensaje ético fundamental, que todo acto tiene una consecuencia, que el poder no es impune y que, como sugería Abraham Lincoln, nadie puede escapar de la ley indefinidamente. Ese aprendizaje de los límites es lo que permite la reinserción real en una estructura social pacíficamente. Si el amnistiado no reconoce su falta, ni el valor de la estructura que lo perdona, la amnistía se convierte en un incentivo para la reincidencia.
La verdadera cura del odio nacido en la elite social, no vendrá solo de los tribunales, sino de una transformación material que obligue al reconocimiento del otro. Sin embargo, mientras avanzamos hacia esa nueva estructura social, la ley debe ser usada con la consciencia de que es solo una herramienta de enmienda, y que la paz duradera requiere que el perdón legal se encuentre, en algún punto del camino, con la responsabilidad política y el fin del desprecio social.
7 de febrero de 2026