En la Asamblea Nacional ya está en discusión el Proyecto de Ley Amnistía Nacional que, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, será aprobado en la próxima semana. El texto legislativo de 13 artículos es un capítulo más en una práctica profundamente arraigada en nuestra vida republicana.
Tras la disolución de la Gran Colombia en 1830, la primera gran tarea del nuevo Estado, bajo la jefatura del General José Antonio Páez, fue la pacificación e integración. Los decretos de indulto de 1830 y 1831, actos de clemencia con fuerza de ley, estuvieron dirigidos a los leales a Bolívar que resistieron la separación. Sin este primer gesto de reconciliación, ejecutado por el poder ejecutivo naciente, la República hubiera quedado fracturada desde su cuna.
A lo largo del siglo XIX, cada cambio de régimen o fin de la guerra civil estuvo marcado por un decreto similar, oscilando siempre entre la genuina reconciliación y la conveniencia del poder. En 1848, José Tadeo Monagas lo usó como un instrumento para gobernar con cierta estabilidad, decretando el indulto a Antonio Leocadio Guzmán en junio de 1847 y firmando una Amnistía en 1858, tras el asalto al Congreso.
El esfuerzo más ambicioso llegó en 1863, al final de la sangrienta Guerra Federal. El Tratado de Coche y el posterior Decreto de Garantías de Juan Crisóstomo Falcón constituyeron un paquete político y legal que buscaba sanar las heridas de la nación. No fue un simple indulto; fue una promesa legislativa de derechos y garantías, un intento de transformar la paz militar en un contrato social renovado, aunque efímero.
El siglo XIX enseñó que los indultos, perdones y amnistías pueden ser un puente hacia una paz duradera. Hoy, en este siglo XXI el reto debe ser el mismo. Que las palabras del presidente del Parlamento sean el sello definitivo para que haya Perdón, Amnistía y Libertad, solo así, podremos enrumbar el país hacia una verdadera paz social y en convivencia democrática.