La ilegal captura (secuestro) de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026 marcó, sin duda, un punto de inflexión histórico para Venezuela. Sin embargo, la magnitud fáctica y simbólica del hecho corre el riesgo de esconder una constatación menos reconfortante: el derrumbe del dictador no ha significado, al menos hasta ahora, el derrumbe del régimen. Más que ante una transición democrática en marcha, Venezuela parece situarse frente a una mutación intra–autoritaria, condicionada por una tutela externa inocultable y por una estructura de poder que se adapta para sobrevivir, y que convierte a la dictadura heredada en un régimen, en algunos aspectos peor que el que la precedió.
De la captura del Dictador al reacomodo del régimen
El 3 de enero de 2026 no solo se produjo el no tan sorpresivo ataque militar norteamericano, -el cual se saldó con el asesinato de más de 100 personas, incluidos 32 cubanos que,(oh sorpresa), formaban parte de la escolta presidencial, la destrucción masiva de importante infraestructura y equipo civil y militar y la extracción de Maduro del territorio venezolano-, sino también una rápida reacción del entramado institucional controlado por el chavo-madurismo. La entonces Vicepresidenta Delcy Rodríguez, apenas 24 horas después del ataque,-aun sin haber sido juramentada como Presidenta Encargada-, dirige un comunicado al gobierno de los EEUU, firmando cono Presidenta encargada aun sin haber sido juramentada en ese cargo, en el que tendió la mano al agresor y lo invitó "…a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera".
Lejos de abrir un debate constitucional genuino sobre la naturaleza de la falta presidencial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia optó por una fórmula hecha a la medida: la "ausencia forzada" o "falta temporal" del Presidente, evitando cuidadosamente la declaración de falta absoluta que habría activado dispositivos constitucionales más exigentes de sucesión y eventualmente la convocatoria a elecciones, lo cual por cierto, engrana perfectamente con la opinión vertida sobre este asunto tanto por Donald Trump como por Marco Rubio y por el Secretario de Energía de los EEUU, Chris Wright, quienes en distintos momento han señalado que en Venezuela, por ahora no habrá elecciones y que, en cualquier caso, procesos electorales solo se llevarán a cabo dentro de 18 a 24 meses.
En cuestión de horas, el TSJ ordenó que Rodríguez asumiera la Presidencia encargada, alegando la necesidad de garantizar la continuidad del Estado. Dos días después, el 5 de enero, una Asamblea Nacional de legitimidad severamente cuestionada terminó de completar el cuadro al juramentarla por 90 días como "Presidenta Encargada". Los actores claves del régimen -PSUV, alto mando militar, cúpula judicial y poder electoral- se alinearon con rapidez en torno a una nueva jefa del Ejecutivo, sin alterar los pilares de la arquitectura autoritaria.
El mensaje implícito es claro: el sistema se concibe a sí mismo como lo suficientemente flexible como para sobrevivir a la pérdida física de su figura central, e incluso a un forzado realineamiento geoestratégico y geoconómico del país. El "madurismo sin Maduro" que emerge no es un vacío de poder ni una ruptura, sino una recomposición, una suerte de metamorfosis adaptativa que, demuestra, una vez más, su capacidad resiliente frente al descabezamiento del líder -esta vez por factores exógenos- y aun así ser capaz de conservar la matriz de control político, institucional y territorial.
Sin ánimo de hacer un inventarios exhaustivo de la totalidad de los cambios o hechos más significativos que han ocurrido en el país en el transcurso de este mes, quisiera fijar el foco en algunos que me parecen de la mayor relevancia por su significado fáctico y simbólico, y por sus implicaciones políticas y estratégicas para el futuro del país. Entre ellos cabe mencionar la remoción de prácticamente todos los mandos militares de las denominadas REDI y ZODI, así como de la Guardia de Honor Presidencial, la remoción de importantes personajes dentro del gabinete ministerial, entre ellos Alex Saab, estrecho aliado de Nicolás Maduro por quien el país pagó una suma exorbitante de recursos en su defensa legal en los EEUU, donde se encontraba detenido acusado de lavado de dinero y otros delitos, y liberado por la administración Biden tras un intercambio de Prisioneros.
15-01-2026- a 12 días del ataque de los EEUU, sorpresiva e insólitamente arriba al país John Ratcliffe, Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los EEUU y es recibido por la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez. Ambos personajes sostuvieron una reunión de aproximadamente dos horas de la que no trascendieron detalles.
30-01-2026: Luego de que 15 días antes, Delcy Rodríguez presentara ante la Asamblea Nacional do un Proyecto de Reforma de la Ley de Hidrocarburos vigente desde 2006, es aprobado de forma unánime, revirtiendo por completo el carácter soberano del negocio petrolero consagrado en la anterior ley y hasta en la propia Constitución, y propiciando las condiciones más favorables posible a las trasnacionales petroleras, en total detrimento de los intereses del país.
31-01-2026: Llega a Venezuela de Laura Dogu, Encargada de Negocios de los EEUU para Venezuela, con la tarea de reabrir la misión diplomática estadounidense en Venezuela tras siete años de rompimiento de relaciones entre los dos países. Dos días después, se reunió con Delcy Rodríguez "…para reiterar las tres fases que el Secretario Marco Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición".
Rasgos actuales del régimen: continuidad autoritaria y concesiones bajo presión
En términos de teoría de regímenes, lo que se observa hoy en Venezuela encaja mejor en la categoría de autoritarismo hegemónico que en la de régimen en transición. Tres rasgos permiten sostener esta caracterización.
En primer lugar, la permanencia del control sobre los resortes estratégicos del poder. El PSUV continúa ejerciendo hegemonía sobre las instituciones, el alto mando militar se mantiene formalmente leal al gobierno, el TSJ opera como órgano subordinado y de legitimación ex post de las decisiones políticas y el sistema electoral (CNE, marco legal, prácticas de inhabilitación, ventajismo mediático y de recursos) no ha sufrido, hasta el momento, reforma alguna. El reemplazo del presidente no ha comportado una redistribución real del poder, ni una modificación sustantiva de la arquitectura del poder autoritario, ni una apertura en la composición del gobierno, ni una superación de aquellos aspectos que en esencia, lo han definido como una dictadura desde hace varios años.
En segundo lugar, la reinterpretación autoritaria de la Constitución. La noción de "ausencia forzada" como fundamento de una presidencia encargada de 90 días -extensibles según conveniencia- revela un uso instrumental del texto constitucional, típico del "populismo constitucional autoritario": se invoca la Carta Magna no para someter el poder a reglas, sino para revestir de legalidad decisiones que, en el fondo, la vulneran. En este caso, como en otros, la Constitución deja de ser límite para ser convertida en coartada, para lo cual, no solo se cuenta con el control del aparato del Estado sino incluso, con el generoso apoyo de factores pseudopositores, siempre dispuestos propiciar las mejores condiciones posibles para la estabilización de la dictadura.
En tercer lugar, el uso de concesiones liberalizadoras como mecanismo de supervivencia. La excarcelación de un número importante de presos políticos, el anuncio de una ley de amnistía y la decisión de cerrar El Helicoide como centro de detención y torturas tienen un claro impacto humanitario y simbólico, aunque más que una decisión autónoma y humanitaria, obedecen a exigencias norteamericanas. Representan, en el corto plazo, un alivio para centenares de familias y retiran del mapa uno de los emblemas más visibles de la represión. Pero se trata, al mismo tiempo, de medidas que no van acompañadas de una reforma estructural del aparato represivo, mucho menos de un proceso transparente de investigación que apunte a juzgar a los responsables por los crímenes y delitos cometidos contra tantos miles de venezolanos durante tantos años, ni de ninguna iniciativa de reparación e indemnización a las víctimas ni de garantías de no repetición. Las instituciones responsables de las violaciones de derechos humanos -cuerpos de inteligencia, sistema judicial, cadenas de mando militares- permanecen intactas.
Este patrón es reconocible en otras experiencias de liberalización autoritaria: se conceden libertades parcializadas y reversibles, que pueden mejorar el clima político y reducir la presión internacional, sin alterar la lógica de fondo del régimen. Hay más oxígeno, pero el dueño del cilindro sigue siendo el mismo.
La impronta de Washington: tutela, petróleo y democracia subordinada
La novedad más perturbadora del momento venezolano es que la mutación del régimen se produce en el marco de una intervención militar y política directa de Estados Unidos, encabezada por el gobierno de Donald Trump. A diferencia de otros episodios de presión internacional, aquí no hay ambigüedad: la captura de Maduro es resultado de una operación militar planificada, justificada públicamente tanto en términos de seguridad (lucha contra el crimen organizado, nexos con actores extrahemisféricos) como en clave abiertamente económica y geopolítica (asegurar petróleo barato y confiable, reafirmar la primacía estadounidense en el hemisferio).
El gobierno de Trump ha desplegado una combinación de palancas que le otorgan una capacidad de influencia extraordinaria sobre la nueva jefatura venezolana:
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La presencia militar y la amenaza explícita y creíble de nuevas acciones, que colocan al gobierno de Delcy Rodríguez frente al riesgo constante de escaladas si se desvía de los compromisos adquiridos.
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El manejo flexible del régimen de sanciones, convertido en instrumento de recompensa o castigo, en función del grado de alineamiento del gobierno venezolano con las prioridades de Washington.
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El control efectivo sobre una parte crucial de los flujos de ingresos petroleros, a través de licencias, acuerdos de suministro y mecanismos que condicionan el acceso de Venezuela al mercado y al sistema financiero internacional.
Esta tríada -fuerza, sanciones, petróleo- configura algo más que una "influencia" clásica: se asemeja a una relación de tutela o cuasi–protectorado. La dirigencia gobernante se ve colocada en una situación de sumisión y dependencia estructural, en la que su supervivencia política y económica está, en buena medida, mediada por las decisiones de la Casa Blanca, no obstante lo cual, esta condición parece ser aceptada por el rodrigato de muy buen agrado.
En este marco, el discurso estadounidense sobre democracia y derechos humanos aparece minimizado y subordinado a objetivos de estabilidad y control de recursos. El énfasis público de Trump y su equipo se ha puesto básicamente en la necesidad de garantizar el flujo de petróleo, contener amenazas transnacionales y estabilizar un gobierno "cooperativo", aunque siga siendo autoritario. La transición democrática, de existir, se convierte en un horizonte potencial, condicional y diferido, no en el eje ordenador de la política estadounidense hacia Venezuela.
¿El cipayato de los Rodríguez: Un régimen títere de Washington o un autoritarismo tutelado?
Desde una perspectiva crítica, resulta comprensible la tentación de calificar al actual gobierno venezolano como un "régimen títere" de Washington. Hay elementos que alimentan esa lectura: la narrativa de Washington presentando a Delcy Rodríguez como interlocutora "racional" y pragmática, la rapidez con la que se activaron acuerdos petroleros favorables a intereses estadounidenses y la propia admisión de figuras del entorno de Trump sobre la capacidad de "doblar el brazo" a la élite venezolana gracias a la combinación de sanciones y fuerza.
Sin embargo, conviene matizar esa imagen. Un régimen títere en sentido estricto supone una pérdida casi total de agencia interna, una administración que gobierna fundamentalmente al servicio de una potencia externa. Lo que se vislumbra hoy en Venezuela es más bien una relación compleja de autoritarismo tutelado: el bloque chavista/madurista reorganizado conserva al menos formalmente el control del territorio, del aparato coercitivo y de la maquinaria político–partidista, y utiliza esa posición para intentar negociar márgenes mínimos de autonomía frente al tutor externo, aunque por lo pronto, no parece estarlo consiguiendo.
Hay, por tanto, una dialéctica tensa: Washington busca un vasallo obediente que le garantice petróleo y alineamiento geopolítico; la élite gobernante venezolana intenta, al mismo tiempo, aprovechar la apertura de canales con EEUU para aliviar las sanciones, recomponer algo de la economía, lavarse un poco la cara frente a los múltiples señalamientos de ser un régimen dictatorial, autocrático y violador de DDHH, y prolongar su control interno, sin ceder más de lo estrictamente indispensable en términos de democratización.
El riesgo, desde el punto de vista de los derechos y de la soberanía popular, es claro: que el compromiso central termine siendo entre la potencia tutelar y la élite autoritaria, dejando a la sociedad venezolana en el papel de mera espectadora, agradecida por un eventual alivio económico y de una disminución momentánea del perfil represivo del régimen, pero excluida de las decisiones fundamentales sobre el modelo político y económico del país.
¿Transición democrática o metamorfosis del autoritarismo?
La pregunta fundamental que queda pendiente es si los acontecimientos de enero de 2026 pueden ya interpretarse como el inicio de una transición a la democracia. A la luz de la experiencia comparada y de los elementos presentes en la coyuntura, la respuesta es, por ahora, negativa, aunque con señales ambiguas y demasiados elementos tras bambalinas que podrían sugerir una fluidez mayor de lo que aparenta a primera vista.
Toda transición democrática mínimamente robusta se caracteriza por algunos rasgos básicos:
Una apertura progresiva del sistema político a la competencia real, con garantías para la oposición y la ciudadanía; una reconfiguración o al menos, pluralización efectiva del gobierno, incorporando actores distintos a la élite autoritaria que domina el aparato estatal; reformas institucionales que apunten a restablecer progresivamente el Estado de derecho, la independencia judicial y la integridad del sistema electoral y una hoja de ruta pactada -explícita o implícita- hacia elecciones libres y limpias, reconocidas por los principales actores internos y externos.
Hoy, Venezuela no exhibe de manera clara ninguno de estos elementos. Lo que sí se observa es concesiones liberales selectivas (liberación de presos, amnistía, cierre de un centro de tortura) que, aunque valiosas, no cambian el carácter del régimen; una recomposición del liderazgo dentro del mismo bloque gobernante, sin incorporación sustantiva de fuerzas opositoras ni de la sociedad civil organizada al gobierno; ausencia total de reformas al sistema electoral y al entramado institucional que garantizó fraudes previos y consolidó el autoritarismo, aunque ya el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez anunció una modificación sustantiva a la legislación electoral, entre otros marcos jurídicos, lo cual más que esperanzador, introdujo nuevas razones de preocupación en el país. Un discurso oficial que se aferra a la idea de continuidad y legitimidad revolucionaria, y que se postula como artífice y garante del orden y la paz pero sin reconocer la necesidad de una refundación democrática.
En este contexto, la noción más adecuada es la de "metamorfosis autoritaria bajo tutela externa": un régimen que se ve obligado por la presión internacional, particularmente la de EEUU -y por la propia crisis acumulada- a relajar ciertos mecanismos represivos y ofrecer lo que aparentemente parecen ser gestos de apertura, pero que mantiene el núcleo de su poder intacto y no asume, todavía, un compromiso explícito y menos verificable con la restitución del orden democrático. Y no dejan de estar ausentes en boca de más de un líder o vocero político del oficialismo las amenazas típicas de su ya conocido patrón represivo.
Esto no significa que la transición esté descartada. La historia muestra que procesos que se inician como ajustes autoritarios pueden derivar hacia experiencias democráticas, si la correlación de fuerzas lo permite y la sociedad se organiza, en verdaderas transiciones. La cuestión es política, no fatalista: dependerá de la capacidad de la oposición, de las organizaciones sociales y populares, y de los actores internacionales con agenda democrática de presionar, articularse, alcanzar crecientes niveles de coordinación estratégica y convertir esta coyuntura en un punto de partida y no en un cierre. Por ejemplo, hasta febrero de 2026, se han reportado liberaciones de 344 presos políticos, incluyendo figuras opositoras como Enrique Márquez, Rocío San Miguel, Biaggio Pillieri y Javier Tarazona así como reuniones entre líderes opositores como María Corina Machado y funcionarios estadounidenses como Marco Rubio, lo que podría indicar fracturas internas en el chavismo y oportunidades para pactos inclusivos.
Tendencias en curso: entre la oportunidad y el riesgo
De cara al futuro inmediato, se pueden identificar al menos cuatro tendencias nítidas que atraviesan la coyuntura venezolana:
Consolidación de un "madurismo sin Maduro": El bloque de poder busca estabilizarse con un nuevo rostro, preservando los privilegios acumulados y ensayando un giro pragmático en la relación con Estados Unidos y con el capital transnacional. La retórica puede atenuarse, pero la lógica de control hegemónico se mantiene.
Profundización de la dependencia externa: La centralidad del petróleo en los acuerdos y la capacidad de Washington para modular sanciones y apoyos sitúan a Venezuela en una relación que, más que de dependencia asimétrica, es de postración y sometimiento absoluto ante los EEUU y el capital trasnacional. La política económica y, en parte, la política interna pasan a estar claramente condicionadas o peor aún, determinadas por las prioridades estadounidenses.
Apertura limitada del espacio cívico: La excarcelación de presos políticos y ciertas señales de distensión pueden ampliar algo el margen de acción de organizaciones sociales, medios y actores opositores. Pero ese margen será frágil y reversible mientras no se consoliden garantías legales y reformas institucionales que blinden derechos.
Disputa por el sentido de la transición: La palabra "transición" es usada por actores muy distintos, con proyectos contrapuestos: para la élite gobernante puede significar "normalización" de su poder bajo nuevas condiciones internacionales; para Washington, puede significar estabilizar un aliado funcional; para la denominada oposición alacrana, una posibilidad de posicionarse mejor frente al régimen sin promover cambios sustantivos en su naturaleza; para la oposición mayoritaria que lidera María Corina Machado, pareciera ser un escenario/premio a la constancia que habrá de llegar cuando finalmente a Donald Trump le parezca conveniente y oportuno, antes de lo cual, solo queda estrechar lazos y buscar apoyos, especialmente entre los mas impresentables factores de la extrema derecha mundial. Para el conjunto de la sociedad democrática, debería significar la reconstrucción del Estado de derecho, la separación de poderes y la recuperación de la soberanía popular, en fin, la recuperación del orden constitucional plenamente. Esa disputa semántica y política será central.
A modo de cierre: una coyuntura abierta, no resuelta
La caída de Maduro como figura de mando abre una ventana inédita de incertidumbres y posibilidades para el país, pero no garantiza, por sí misma, una salida democrática. El país se encuentra en un punto intermedio incómodo: sin el anterior dictador, pero aún bajo el viejo régimen; sin el aislamiento internacional extremo de años recientes, pero sometido ahora a una forma distinta de presión, subordinación y vasallaje realmente vergonzoso que puede sacrificar la democratización en nombre de la estabilidad y del petróleo. Es más que evidente que a los EEUU le interesa muy poco la naturaleza del régimen político venezolano y en cambo mucho, la posibilidad de expoliar y literalmente saquear los recursos naturales disponibles en Venezuela, además de utilizar al país como plataforma de proyección geoestratégica en el hemisferio. No obstante, esta dinámica ha generado matices positivos, como un alivio en la crisis humanitaria y espacios para que una oposición no subordinada ni a la dictadura heredada ni al imperialismo estadounidense emerja, lo que podría mitigar algunos riesgos de expolio puro si es capaz de plantar cara con fuerza propia y de negociar con astucia.
En este escenario, el desafío para las fuerzas democráticas y populares venezolanas es doble. Hacia adentro, construir un diagnóstico sereno pero firme: reconocer los alivios y cambios reales positivos que se han producido, sin magnificarlos ni confundirlos con una transición consumada y trabajar aceleradamente en el acercamiento entre las posiciones ms convergentes a la vez que explotando los mínimos resquicios que la incómoda situación supone para el despliegue represivo de la dictadura heredada. Hacia afuera, disputar el relato y las condiciones de cualquier arreglo internacional, insistiendo en que la estabilidad verdadera de Venezuela no puede descansar en un autoritarismo más "presentable" o tutelado, o en la conversión de Venezuela en un protectorado o en el "Estado 53", sino en la reconstrucción de la ciudadanía, la plena recuperación de nuestra soberanía, no solo política y territorial, sino además, económica, y en general, de la restauración del orden constitucional, incluido por supuesto, el conjunto de los derechos civiles y políticos y de la institucionalidad que derivan de éste.
El 3 de enero de 2026 puede ser recordado, en el futuro, como el inicio de una transición o como el momento en que un régimen autoritario se recicló bajo nuevos patrones de dependencia y mutó hacia un modelo autoritario aún más perverso y sofisticado: el Cipayato de los Rodríguez, expresión de una alianza entre una elite nacional pseudorevolucionaria profundamente degradada, y una de las peores administraciones de la principal potencia militar, industrial y económica del mundo, conformada por una plutocracia de extrema derecha. Lo que incline la balanza no será solo lo que hagan Washington o la cúpula gobernante, sino, sobre todo, la capacidad de la sociedad venezolana para hacerse sujeto -y no objeto- de su propia historia.