Los proyectos políticos no siempre muere con un estallido; a veces se extingue en silencio, como una llama que se consume por falta de oxígeno mientras sus dirigentes aún creen verla encendida.
La Revolución Bolivariana, que en su origen se proclamó como un proyecto de emancipación nacional y refundación repúblicana, ha transitado desde 2013, por tres muertes sucesivas. La primera fue simbólica: el momento en que su dirigencia decidió romper con el fundamento originario que le dio vida, —poco despues de la muerte del Comandante Hugo Chávez— renunciando a su promesa de protagonismo popular, justicia social y honestidad política. Aquella ruptura no ocurrió de un día para otro; se fue incubando lentamente, a medida que la épica cedió ante la comodidad del poder y el proyecto dejó de interpelarse a sí mismo.
La segunda muerte fue política: el pacto fundacional que la Constitución de 1999 consagró como columna vertebral de la República —democracia participativa, soberanía popular— se desvió progresivamente hacia un esquema institucional de control y prácticas clientelares. Bajo la justificación de enfrentar la denominada "guerra económica", asociada tanto a un entramado transnacional de sanciones unilaterales, aunque en gran medida vinculada a desacertadas políticas económicas y de gestión pública, el centro de gravedad del sistema político comenzó a desplazarse.
Tras la muerte de Chávez y, con mayor intensidad después del triunfo opositor en las elecciones parlamentarias de 2015, la confrontación política en Venezuela entró en un ciclo de radicalización que terminó por hacerse prácticamente irresoluble, involucrando tanto a sectores de la oposición como al gobierno madurista. En ese contexto se multiplicaron los llamados a la presión internacional, las solicitudes de medidas coercitivas externas, las exhortaciones a una intervención extranjera e incluso la oferta de recompensas por la captura de altos dirigentes del gobierno, con el objetivo declarado de forzar la salida de Nicolás Maduro.
Este escenario contribuyó a que la preocupación central del gobierno pasara a ser, ante todo, la preservación del aparato estatal a cualquier costo. Y ese costo terminó expresándose en el progresivo deterioro de la democracia, en la erosión de la soberanía y, con ella, en el debilitamiento de los fundamentos mismos de la República.
La tercera muerte, la más grave y definitiva, es la estratégica y constituye la consecuencia directa de las dos anteriores. Cuando un Estado pierde la capacidad de preservar su soberanía política, jurídica y territorial, deja de ser plenamente dueño de su destino. Eso fue precisamente lo que quedó en evidencia la madrugada del 3 de enero de 2026.
Para entender la magnitud de esta deriva es necesario recordar el legado constitucional garantista que alguna vez se presentó como la más significativa victoria popular de la primera década del siglo XXI venezolano.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no fue un texto improvisado: representó la consumación de más de un siglo de luchas históricas del pueblo venezolano. Fue concebida como una obra jurídica orientada a la emancipación y a la dignificación popular. El chavismo originario —en su fase constituyente— se concibió a sí mismo como un proyecto profundamente emancipador y republicano, en el que la ley, forjada por el "Pueblo Legislador", actuaba como mediación institucional entre la voluntad popular y la acción del Estado.
El Comandante Chávez, más allá de su liderazgo histórico, actuó en aquel proceso como un mandatario fiel al mandato soberano de su pueblo, que apostaba por institucionalizar un pacto social duradero. Aquella Carta Magna fue concebida para impedir que Venezuela retornara a la condición de enclave petrolero administrado por intereses ajenos. Era, en su esencia, un muro jurídico erigido contra toda forma de dominación.
Ese muro, sin embargo, comenzó a resquebrajarse cuando el madurismo se configuró como un viraje kakistocrático, incubado en el propio seno del chavismo, que terminó operando como un tumor enquistado en su estructura original. El poder popular fue desplazado silenciosamente y sustituido por un entramado burocrático-militar cuya prioridad ya no era el protagonismo ciudadano, sino la consolidación interna de las estructuras de control. La política dejó de ser una herramienta de transformación y se convirtió en una racionalidad de supervivencia estatal, asi cada decisión, cada giro, cada política respondía más al temor de perder el poder que a la convicción de construir la República.
La verticalidad se impuso sobre el debate democratico; la opacidad, sobre la transparencia; la obediencia, sobre la crítica revolucionaria. En ese clima de repliegue y cerrojos, el Estado fue debilitando sus capacidades vitales sin advertir que, al hacerlo, preparaba el terreno para su vulnerabilidad más profunda.
La madrugada del 3 de enero de 2026 expuso esa vulnerabilidad de manera descarnada. Lo ocurrido esa noche —aún rodeado de silencios oficiales, versiones contradictorias y notables vacíos informativos— se erige como uno de los episodios más graves de la historia contemporánea venezolana y como un verdadero parteaguas en más de 215 años de vida republicana independiente.
Que la dirigencia política del país no haya sido capaz de dar una solución venezolana a la grave confrontación y a la crisis política desatada tras la muerte del Comandante Chávez, en 2013, que esa dirigencia madurista y opositora no haya tenido el coraje de encarar por sí misma esas coyunturas —por difíciles que fueran—, terminó abriendo paso, de forma directa o indirecta, a la invocación de los Estados Unidos y a un escenario que favorece el empeño de restauración neoliberal en detrimento de la soberanía nacional.
Es así como, en la madrugada del 3 de enero de 2026, comandos de la Delta Force ingresaron a territorio venezolano con precisión quirúrgica, penetraron instalaciones sensibles y lograron vulnerar Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, capturando como rehén a Nicolás Maduro y a su esposa, un hecho confirmado posteriormente por el propio Donald Trump, quizá lo más humillante e indignante de aquel episodio fue que las únicas bajas creíbles en defensa de Venezuela y de su soberanía fueron treinta y dos cubanos, quienes perdieron la vida inútilmente en suelo venezolano, atrapados en una emboscada. Las defensas electrónicas colapsaron; los sistemas de respuesta no se activaron; y lo más revelador de todo: no hubo reacción militar de ningún tipo. Ninguna unidad acudió. Ningún protocolo funcionó. Ninguna respuesta proporcional o disuasiva fue emitida.
El Estado venezolano, por una larga madrugada, dejó de ejercer su soberanía más elemental; Aquellos que, por deber constitucional y razón de ser, estaban llamados a resguardar la integridad del territorio nacional ante una invasión extranjera, incumplieron su obligación esencial, dejando en evidencia una falla que trasciende lo militar para convertirse en una herida profunda en la dignidad de la República.
Lo que vino después es, quizá, aún más grave y despertó sospechas razonables sobre la posibilidad cierta de una traición y de un quiebre interno cuidadosamente disimulado. Varias señales visibles comenzaron a apuntar hacia un reacomodo acelerado: cambios bruscos en el discurso antiestadounidense, flexibilizaciones impensables meses antes, gestos diplomáticos que sugerían acuerdos silenciosos y un clima general de reajuste difícil de atribuir únicamente a las consecuencias inmediatas de la agresión militar.
Los virajes de esa magnitud rara vez ocurren sin mediaciones; cuando se producen sin explicación pública, la sospecha deja de ser un exceso y se convierte en una reacción legítima. No se trata de una afirmación categórica, sino de una interpretación plausible a partir de los hechos observables.
Durante meses, numerosos análisis habían advertido sobre la presión ejercida por Estados Unidos mediante el despliegue de una flota de guerra en el Caribe, señalando que uno de sus objetivos estratégicos sería provocar una fractura en la cúpula del poder venezolano, tanto civil como militar. A la luz de lo ocurrido el 3 de enero, esa posibilidad adquirió una resonancia inquietante.
Fuentes políticas y diplomáticas externas comenzaron a hablar abiertamente de una traición gestada en las altas esferas del gobierno. La evidencia de que el sistema de defensa fue desactivado con inusitada facilidad sugiere, la existencia de algún grado de complicidad interna en el ámbito militar. Y la rapidez, coordinación y aparente sintonía de los acontecimientos posteriores con los intereses estadounidenses refuerzan la impresión de que tales acuerdos no nacieron después del 3 de enero, sino que venían gestándose desde tiempo atrás. La fractura interna de la élite de poder, no solo se produjo, terminó por hacerse visible.
En ese mismo marco, la reciente reapertura de la embajada estadounidense en Caracas se ha convertido en un indicador adicional, los patrones de comportamiento, los encuentros indirectos y los mensajes cuidadosamente calibrados desde Washington y Caracas, evidencian que la recomposición está en marcha. A ello se suma la negociación encubierta con la CIA. —las concesiones regulatorias, los silencios sobre temas de seguridad, los virajes económicos y la narrativa moderada hacia Estados Unidos— recuerdan patrones observados en otros países latinoamericanos, donde la agencia de inteligencia norteamericana actuó como operador informal en procesos de transición política.
Es precisamente en ese clima donde emerge la derogación de la Ley de Hidrocarburos. En los hechos, se aprobó la "erradicación" de la política petrolera asociada al ciclo iniciado con la nacionalización de 1976 y profundizado durante el período bolivariano, así como del propio pensamiento nacional en materia petrolera.
La primera propuesta de reforma que debía someterse a la Asamblea Nacional no habría contado con la aceptación de compañías petroleras estadounidenses, lo que dio paso a un texto final que no se limita a modificar aspectos operativos, sino que deroga de forma sustantiva los principios que reservaron al Estado las actividades primarias del sector, tanto en la nacionalización de 1976 como en la reorganización de la Faja Petrolífera del Orinoco en 2007, concebida para asegurar el control estatal sobre la mayor reserva de crudo del planeta. La "reforma" desmantela un andamiaje doctrinal y jurídico construido durante casi un siglo.
La manera en que ha sido promovida, los actores que la impulsan y la celeridad de su aprobación — tensionando límites constitucionales— suscitan más certezas. Que este proceso se produzca inmediatamente después de los acontecimientos del 3 de enero, difícilmente puede interpretarse como una simple coincidencia.
El centro de la reflexión debe situarse, sin embargo, en la incapacidad para responder ante semejante agresión a la soberanía territorial y jurídica, y en la responsabilidad histórica que pesará sobre esta generación de venezolanos y sus dirigentes políticos al comprometer la soberania de nuestras decisiones al poder hegemónico de Estados Unidos.
Un país, una República que no puede proteger su territorio; una dirigencia que no reacciona ante una intervención militar extranjera y que, por el contrario, entrega sus recursos estratégicos —el petróleo— a una potencia externa, es un país que se encamina hacia una muerte institucional más profunda que la simbólica y la política: la muerte funcional.
En tiempos como estos, Venezuela no puede renunciar a su memoria fundacional ni permitir que la promesa inicial del chavismo —la soberanía hecha pueblo, el pueblo hecho poder— se convierta en una sombra sin cuerpo. Venezuela nació con la convicción de que ningún imperio debía decidir por nosotros; traicionar esa convicción equivale a traicionar el corazón mismo del proyecto bolivariano, hoy moribundo. Si una dirigencia política y un pueblo aceptan que otros dicten sus decisiones, sus leyes y dispongan sin límites de sus recursos naturales estratégicos, entonces habrán renunciado a su derecho de escribir su propio destino.
La pregunta que queda abierta es si los venezolanos están dispuestos a defender la República que aún subsiste en la memoria, o si permitirán que la tercera muerte —la estratégica—se convierta en definitiva. Porque la historia enseña que no hay peor derrota que aquella que se acepta sin luchar.