Hay que prestar atención a lo que dice Marco Rubio acerca de las tres etapas por las que va a atravesar Venezuela (estuve a punto de escribir the General Captaincy of Venezuela, pero reírse de esto es muy triste): estabilización, recuperación y transición. En un artículo anterior, señalaba que ese plan marcaba el inicio de un nuevo período histórico, especialmente en lo que se refiere a las relaciones con Estados Unidos, a la democracia venezolana e, incluso, el ocaso de un factor político de gran importancia durante más de 27 años: el chavismo.
Hay que analizar el Plan Rubio, sobre todo, por el señalamiento de objetivos para cada fase, la admisión de que podrían solaparse en su desarrollo y el horizonte de elecciones (de las cuales algunos actores políticos ya están proponiendo fechas) como regularización de una democracia constitucional formal. Pero además hay otro detalle en su argumentación ante el Congreso de EEUU que llama la atención, sobre todo porque hemos leído a varios "especialistas en transición" (Víctor Álvarez, John Magdaleno, y varios más) haciendo referencia a lo mismo que menciona el Secretario de Estado: el ejemplo de la transición de España, del franquismo a la democracia, mejor dicho, a la monarquía constitucional.
Antes de entrar en materia, debiera hacer una consideración metodológica. Si bien es correcto revisar experiencias ajenas y establecer comparaciones, muchas veces se cae en el único vicio de fijarse únicamente en las analogías. Incluso, es arriesgado generalizar a partir de estos "ejemplos", algunos muy distantes de las extraordinarias condiciones que acompañan la transición anunciada por Rubio para Venezuela en un tiempo todavía no definido. Hay que disponer de una teoría social que permita captar las tendencias históricas generales para poder comprender los porqués del proceso y, a partir de allí, arriesgar algunos pronósticos.
En primer lugar, hay que tener presente la premisa de que "el ser social determina la conciencia social". Esto implica que las visiones de la transición venezolana siempre parten de un punto de vista de clase o, incluso, de segmentos sociales o fracciones de clase, tales como la burocracia estatal o una burguesía cuyo capital surgió de la apropiación privada de los bienes públicos, alias, corrupción, alias burguesía parasitaria, alias, "boliburguesía". Aquí entra también, por supuesto, el punto de vista de clase de la burguesía monopolista norteamericana, y hasta de las burguesías rusa, china e iraní, y varias latinoamericanas.
En segundo lugar, la noción de que el Estado es un aparato de dominación, una máquina con autonomía de funcionamiento respecto de la clase dominante a la que sirve. Este concepto surge de tres conceptos que se solapan y derivan uno del otro: "bonapartismo" de Marx, "cesarismo" de Gramsci y "autonomía relativa del aparato de Estado" de Poulantzas. El Estado es una máquina, un instrumento si se quiere, pero su autonomía relativa de las clases dominantes se deriva no solo de esto, sino también de un desequilibrio entre las fuerzas en pugna, situaciones incluso "catastróficas", en las que ninguna de las partes puede imponerse sobre las otras, pero también resaltan los intereses sociales de un segmento social particular: la burocracia, especialmente las ubicadas en altos puestos de decisión. Me refiero a esa fusión de militares, policías y burócratas, hoy en altos cargos, que buscarán sobrevivir, incluso con nuevos ropajes.
En tercer lugar, hay que retomar la noción de imperialismo, la cual debe adecuarse a las circunstancias actuales, distinguiendo la paja del grano en las descripciones de Hobson, Hilferdin y Lenin. Esto es incluso sano porque considerar los intereses económicos, da un cable a tierra a las disquisiciones puramente geopolíticas, útiles, pero insuficientes, pero además ideológicas, en el peor sentido de la palabra: la falsa conciencia de un Dugin, por ejemplo. Hay que estar claros Venezuela es escenario de una disputa interimperialista.
En anteriores artículos hemos caracterizado al actual régimen venezolano como dictadura tutelada. Esta es una situación inédita en nuestra historia nacional. Claro que ha habido una dependencia económica, política y cultural, especialmente desde que Gómez accedió al poder con el apoyo gringo y todas las concesiones otorgadas. Pero, por circunstancias históricas distintivas, Venezuela no corrió la terrible suerte de Puerto Rico, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Panamá etc., que fueron intervenidas militarmente en forma directa, y sufrieron "protectorados". Hasta ahora cuando nos encontramos con una dictadura (con un aparato represivo, leyes opresivas y dirigencia o alta burocracia intactas) tutelada (es decir, obedeciendo las órdenes de Washington directamente, incluso al costo de echar para atrás el propio discurso chavista). Este régimen es, evidentemente, por su origen y "programa", temporal.
El proceso descrito en el Plan Rubio, parece acelerarse. Delci Rodríguez anunció, en vísperas de la llegada de la comisionada norteamericana a Caracas, una amnistía general para presos políticos desde 1999, aunque con limitaciones: dejó fuera a los militares. Además, la Exxon y otras petroleras exigieron acelerar la transición política en sintonía con analistas como Hausman, para garantizar las condiciones jurídicas y políticas adecuadas a una sustanciosa inversión en petróleo y minerales. Ya se sabe que la Ley de Hidrocarburos, que avanza a millón, echa para atrás los avances del nacionalismo petrolero, desde 1943, reversión, nacionalización de CAP, etc.
Por supuesto, hay "piedritas en el zapato". No solo los obvios Diosdado y Padrino, cuyos desplazamientos son necesarios para mejorar la imagen "democrática" del régimen. Desde ayer, a través de sus embajadores aquí y en la ONU, Rusia denunció que Maduro fue víctima de una traición e incluso señala que no reconocerá un gobierno tutelado por EEUU (o sea, el de los Rodríguez). No hay puntada sin dedal. Se acerca el momento del choque de trenes. Pero lo que Marco Rubio dejó claro en el Congreso es que el proceso aún se encuentra en la Fase 1, que prioriza la estabilización y el control antes de la reconfiguración política. No hay interés en gestos simbólicos, como la presencia de MCM en el país, que parezcan justos pero que fracturan el tablero antes de que se establezcan las garantías, y no hay disposición a apoyar medidas que introduzcan volatilidad en un proceso que Estados Unidos aún gestiona activamente.
Ahora revisemos un poco lo que podría tener el "ejemplo español" de pertinente para el caso venezolano, tan extraordinario como se ve a simple vista. El tema es relevante porque lo trajo a colación el propio Rubio. Es cierto que las transiciones de dictaduras fascistas a democracias constitucionales se parecen. España requirió de figuras clave del franquismo para guiar el proceso. Sudáfrica negoció su salida con figuras del régimen aún arraigadas en el sistema. Chile realizó la transición con Pinochet vivo y protegido institucionalmente. La propia historia de Venezuela sigue el mismo patrón, con Larrazábal surgiendo después de Pérez Jiménez y López Contreras después de Gómez. Las transiciones rara vez son purgas morales.
Ocurre, como peculiaridad del caso venezolano, que esa figura del interior de la dictadura anterior, del chavismo- madurismo, fue puesta allí, por una intervención militar norteamericana, después de una capitulación, no, como en los otros casos, especialmente, el español, por la misma cúpula dictatorial de salida, a saber: el franquismo. La capitulación fue un golpe mortal a una tendencia que tomó como su discurso constitutivo, precisamente, un antiimperialismo bastante histriónico. Por supuesto que las banderas del antiimperialismo, el nacionalismo petrolero, la democracia participativa, los avances inscritos en la Constitución de 1999, todos los progresos democráticos y sociales del período histórico que se cierra, deberán reconfigurarse, ser asumidos por otro elenco u otros movimientos que ya están surgiendo, incluso derivados del propio chavismo.
La aceleración del proceso orientado hacia la transición a la democracia permite que surjan propuestas como la realización de elecciones generales este mismo año. Por supuesto, ellas solo debieran darse con una serie de condiciones claras: liberación total de los presos políticos y regreso de los exiliados, derogación del decreto de conmoción nacional y de las leyes represivas (del odio, traidores de la patria, etc.), desmontaje del aparato represivo, conformación de un CNE equilibrado, devolución de los partidos judicializados a sus militancias auténticas, plena vigencia de las garantías democráticas constitucionales: expresión, movilización, organización, sindicalización, etc.
En fin, este es el momento para exigir la transición, sin prisas, pero sin pausa.