Nada importa más a la necesaria estabilidad política en Venezuela. Sólo un gobierno que sea percibido como de todos y no de una parcialidad política e ideológica puede construir una base amplia de apoyo que lo sostenga.
Que lo sostenga con el consentimiento de los gobernados, que es su tarea principal. Se puede, claro, hacerlo a la fuerza. Lo que, como nos dice la experiencia reciente, no tiene siempre felices resultados.
Fue una característica de los regímenes fascistas y comunistas (y lo es aún en aquellos lugares en los que estos últimos subsisten) procurar imponer como valores nacionales los que legítimamente son de una parcialidad política. Todo partido-Estado que se tenga por tal no solamente confisca la autonomía e independencia de los Poderes Públicos sino que, al disolver al Estado en el partido, y luego a la nación en el Estado, pretende que los valores del partido se confundan con los de la nación.
Es algo que las Constituciones democráticas procuran impedir. La Constitución venezolana de 1999 lo hace. Aquí y allá subraya una y otra vez que las instituciones del Estado están al servicio exclusivo de la nación y no de individualidad o parcialidad política alguna. Por eso más de una vez he subrayado que el proyecto de partido-Estado chavista es inconstitucional.
El gobierno actual, convocado por la historia para unir a todos los venezolanos en la tarea más trascendente que Venezuela tiene por delante que es reconstruir la soberanía luego de los infaustos eventos del 3E, puede dar pasos con audacia en ese sentido. Tal vez encuentre la incomprensión de "los suyos" pero será mucho más lo que gane en las grandes mayorías nacionales.
Son valores legítimos del chavismo: el culto a Chávez, la prédica revolucionaria, y la promoción de una ideología que se dice socialista, de todo lo cual se deriva una peculiar visión del proceso histórico venezolano, en particular de los últimos 75 años. Pero no lo son de toda la nación. Así que cuando el Estado compara a Bolívar con Chávez (disminuyendo la estatura del Libertador), o desmerita la obra del Pacto de Punto Fijo (a cuyos gobiernos este cronista se opuso pero cuya trascendencia histórica es innegable), o conmemora como fecha patria la insurrección militar del 4F, o impone consignas propias del chavismo a sus instituciones, provoca de inmediato una tensión innecesaria entre el gobierno y la población o parte muy considerable de ella.
Acaso todo cuanto señalo se compendia en el tema Bolívar/Chávez. Bolívar es un consenso nacional, pues todos aceptamos que la guerra de independencia que él lideró nos forjó como nación. Chávez no, más allá del legítimo derecho que pueden tener algunos compatriotas de rendirle culto. Chávez no es Bolívar, y cuando se miden ambos por un mismo rasero se está perturbando uno de nuestros pocos consensos nacionales.
Pero los asuntos que se derivan de esta reflexión son muchos y variados. Por ejemplo: muchas veces me he preguntado si tiene sentido que los decretos y leyes de la república estén referidos a otras fechas históricas aparte de la declaración de independencia. Por ejemplo, la guerra federal, siendo que es una fecha acerca de la que hay diversas perspectivas no siempre benévolas. ¿Qué sentido tiene que ahora se agregue como fecha patria la de la victoria electoral del chavismo en 1998?
Así mismo, ¿tiene sentido que en cada oficina de gobierno se exponga la imagen del Libertador, precarizando su trascendencia histórica, como parte de una cadena de mando administrativa, o la de Hugo Chávez, que es el líder histórico de una parcialidad, no de todos los venezolanos? Muéstrese la imagen de Bolívar, claro, pero no como parte constitutiva de un gobierno, pues nos identifica a todos, a la nación, no a una administración en particular. Es evidente que como cadena de mando sólo deberían exponerse las fotografías del presidente Maduro, seguida de la presidenta Delcy Rodríguez, y del funcionario responsable del despacho de que se trate. Esto sería lo normal.
Desterrar esas prácticas de confusión del partido y sus valores con el Estado y la nación ayudaría, dicho sea de paso, a conjurar o constreñir el delito de peculado de uso masivo que todo partido-Estado comete por definición. Se llega a creer que, si el partido es el Estado, los recursos públicos son patrimonio partidista (que se emplea a discreción), lo que la Constitución prohíbe y las leyes castigan.
Claro que ser un gobierno de todos pasa por muchas otras medidas institucionales (que acaso este cronista aborde en futuros artículos), pero me parece que con sólo instruir a sus dependencias y a sus voceros para restringir al mínimo posible la identidad Estado-nación-chavismo, se construiría una atmósfera que propendería a una mejor y más fluida comunicación entre todos y al reencuentro y la reconciliación a partir de lo que nos es común. Sin ninguna duda, esto beneficiaría la estabilidad política nacional, que, con la paz, debe ser un interés compartido.
Digo para concluir este memorando que comprendería a futuro la lentitud, el sosiego, la morosidad del gobierno de Delcy Rodríguez respecto de algunos de estos temas. Al fin de cuentas, imposible dejar de subrayar la singularidad de su origen. Confío en que sea aquello de calma y cordura, la manida exhortación de Eleazar López Contreras en 1936 que invoqué en alguno de mis recientes artículos de opinión. Pero ojalá que así como "el ronquito" (según le decían) se despojó del uniforme militar para trajearse de civil, se atreva este gobierno a despojarse de los aperos (símbolos y prácticas) partidarios que no amplían su base de apoyo sino que la restringen. De esa audacia depende que cumpla el rol histórico que el destino parece reservarle. Sólo que en política el destino no es un sino fatal o un hado de los dioses, sino que resulta de la compleja y no siempre asertiva labor humana. Hago votos porque este gobierno atine en esta primera tarea que tiene por delante: ser y hacerse sentir no como el gobierno de una mera parcialidad política sino como el gobierno de todos los venezolanos.