"El derecho internacional ha pasado de ser un escudo para los débiles a ser un estorbo para el fuerte."
La arquitectura jurídica y política que el mundo construyó sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial no está simplemente en crisis; está en cuidados intensivos. Al cumplirse el primer año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en este 2026, el panorama global se asemeja más a un tablero de transacciones forzosas y asedio medieval que a un orden basado en reglas. El Derecho Internacional, ese conjunto de normas que pretendía civilizar a la fuerza, agoniza bajo el peso de una visión transaccional y arrogante del poder.
El uso del dólar y del comercio exterior ya no es una herramienta de intercambio, sino un arma de destrucción masiva. La administración Trump ha desatado una guerra arancelaria sin precedentes, amenazando con asfixiar economías enteras si no se pliegan a sus caprichos geopolíticos.
El caso de Venezuela representa el punto más crítico de esta ruptura. El secuestro de la pareja presidencial venezolana no es solo un acto de hostilidad hacia una nación; es una bofetada a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Al ignorar las inmunidades soberanas y profundizar bloqueos criminales que afectan al pueblo, Washington ha decidido que las fronteras y las leyes son opcionales para sus intereses.
Quizás el golpe más letal sea el intento deliberado de desmantelar o privatizar la Organización de las Naciones Unidas. Bajo la retórica de la ineficiencia, la administración actual busca sustituir el multilateralismo por un "comité de paz" controlado por corporaciones y aliados incondicionales.
Este movimiento no es una reforma, es una liquidación. Al asfixiar financieramente a la ONU y proponer estructuras paralelas, se busca eliminar el único foro donde el Sur Global tiene voz. La intención es clara: pasar de un mundo de naciones soberanas a un mundo de clientes y proveedores bajo vigilancia imperial.
La insistencia en la compra de Groenlandia (un territorio con pueblo) resume la patología del momento: la mercantilización de la soberanía. Tratar a una nación o territorio autónomo como un activo inmobiliario es un retroceso de tres siglos en la evolución del pensamiento jurídico. Es la máxima expresión de la arrogancia imperial que ignora el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Estamos ante una agonía provocada. Si permitimos que el sistema multilateral sea reemplazado por la voluntad de un solo hombre y su comité de intereses privados, la humanidad entrará en una era de oscurantismo geopolítico.
No por nostalgia, sino por supervivencia. Porque cuando muere el derecho, solo queda la barbarie.