La realidad jurídica que enfrenta Venezuela, Estados Unidos y realmente el mundo en este inicio del 2026, es que tras la invasión a Venezuela, captura, no poder asesinarlo en el momento, con su posterior secuestro y el inicio del proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos, plantea un dilema que trasciende lo legal para entrar en el terreno de la pura razón de Estado.
Porque al irse por el camino jurídico y la revisión de los argumentos que presentó el Departamento de Justicia de ese país, este tuvo que reconocer, privadamente claro, ante el juez que el "Cártel de los Soles" no existe como una organización criminal estructurada sino como un término coloquial para describir redes de corrupción, desmorona la narrativa que justificó durante años sanciones, recompensas y, finalmente, una operación de extracción militar.
Hay que recordar que la ley y la justicia o injusticia que para el caso es lo mismo, de ese país opera o funciona bajo el principio, "dispara primero y averigua después" lo cual traducido a términos jurídicos que primero buscan la victima propicia, la encarcelan y después es que buscan de que lo pueden acusar, tal como están haciendo con Nicolás y Cilia.
Si la acusación principal y cuya identificación encabezaba el expediente resulta ser una ficción terminológica, nos encontramos ante un escenario donde el sistema judicial no actúa como un buscador de la verdad, sino que utiliza una liga de goma jurídica para ajustar la ley a la medida de una decisión política ya tomada trayendo acusaciones y pruebas que permitan condenar al detenido.
La contradicción se hace más profunda cuando presentan el argumento de que el control estatal en Venezuela de pistas aéreas y puertos es prueba de narcotráfico y Maduro por lo tanto culpable y responsable, dirán que por no vigilar el esas pistas.
Es tan absurdo el argumento y tan bajo de lógica, que cualquier nación soberana de las hoy existentes en el mundo, incluyendo a los propios Estados Unidos, podría entonces ser calificada de organización criminal, dado que el Estado posee el monopolio de la vigilancia fronteriza y el control del espacio aéreo. Con eso también justifican el bloqueo con buques de guerra de nuestras costas, ya que como ellos no tienen control de su espacio aéreo y marítimo deben venir a practicarlo aquí en Venezuela.
Si un avión cargado de narcóticos despega de una pista oficial en un país aliado, se cataloga como una falla de seguridad o una infiltración del crimen organizado; pero si ocurre en una nación bajo la mira de Washington, el evento se transforma automáticamente en un acto de narcoterrorismo de Estado y hay que agredirlo rápidamente. Así se deteriora la credibilidad de las instituciones internacionales controladas todas por los Estados Unidos, ya que entonces que el delito no es traficar drogas, sino la postura política de quien ostenta el control del territorio.
A esto se suma la figura de una administración que, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha operado con una lógica más cercana a la de un poder imperial que a la de una democracia sujeta a controles.
Al capturar a un mandatario en funciones y llevarlo a un tribunal que días después debe reescribir la acusación porque la premisa original era insostenible, se envía un mensaje de indefensión global. El sistema judicial estadounidense, que presume de proteger el debido proceso, se encuentra en una encrucijada o un dilema de difícil solución, pues si el juez decidiera liberar a Maduro por falta de conducta delictual, tipicidad, o por la inexistencia del cártel mencionado en la orden de arresto, esto puede traer como consecuencia exponer al Presidente de los Estados Unidos a ser acusado, lo que es muy difícil.
Esta presión política sobre la magistratura hace que el juicio sea, en la práctica, una formalidad para validar una acción de fuerza, donde se ha dictado sentencia mucho antes de que el acusado pueda defenderse.
La contaminación del proceso es absoluta. Pues también es imposible garantizar un jurado imparcial en un país donde las autoridades más altas han martillado a la opinión pública con la etiqueta de "capo" por más de una década. Al retirar el nombre "Cártel de los Soles" pero mantener la estructura de castigo, se admite una "mentira judicial" necesaria para el justificar la intervención.
Bajo el liderazgo actual de Estados Unidos, el derecho nacional y el internacional retroceden a momentos donde la ley es simplemente la voluntad del más fuerte disfrazada de retórica legalista.
Lo que queda es un precedente peligroso donde cualquier individuo e inclusive naciones indefensas como junto a Venezuela están Canadá y Finlandia, que pueden ser privados de su libertad bajo un cargo inexistente, solo para que los administradores del sistema burgués, a posteriori, den una descripción técnica que justifique una condena.
NOTA: Hay cierta confusión con respecto a las bolsas CLAP que desde el año pasado viene generándose, y que pienso ya es necesario aclarar pues da pie a críticas mal intencionadas. Se trata sobre su permanencia como beneficio o su modificación. Recuerdo que el CLAP junto con el Bono de Guerra ha sido sostén distinguido para los sectores populares y deben por lo tanto ser tratados con prioridad para el bienestar popular evitando imprecisiones.
Oscar Rodríguez Estrada 21 de enero de 2026