En Venezuela, ejercer una profesión se ha convertido en un acto de resistencia cotidiana, una contradicción dolorosa donde años de formación académica terminan en salarios que apenas alcanzan para comprar comida por unos días.
El profesional venezolano vive hoy una cruel paradoja: mientras más preparado está, más claro ve su propio empobrecimiento. Un médico, un ingeniero o un maestro con décadas de experiencia puede ganar menos en un mes que lo que cuesta un par de zapatos. Esta realidad no solo desafía cualquier lógica económica básica, sino que destruye los cimientos sobre los que debería construirse una sociedad. La distancia entre lo que estudiaste y lo que ganas no es un simple problema económico; es el síntoma de un país que ha pulverizado la idea de que el esfuerzo y la preparación deben ser recompensados.
La brecha entre lo que se dice oficialmente y lo que se vive todos los días alcanza niveles absurdos. Mientras desde el gobierno se habla del "profesional revolucionario" y se celebran graduaciones con discursos llenos de promesas vacías, la realidad demuestra un desprecio profundo por el conocimiento especializado. Los salarios públicos, en educación, salud, administración, se han vuelto cifras simbólicas, cantidades que más que pagar un trabajo, insultan la inteligencia. Un profesor universitario con doctorado puede recibir al mes el equivalente a veinte o treinta dólares, una suma que ni siquiera puede llamarse sueldo. Esto es peor que la explotación tradicional, porque al menos la explotación reconoce algún valor en el trabajo. Aquí estamos ante algo más cruel: la negación total del valor del trabajo intelectual, su conversión en gesto de caridad o acto político. Esta contradicción genera una locura colectiva donde se exige profesionalismo sin dar las condiciones mínimas para ejercerlo, creando una clase trabajadora muy preparada pero completamente empobrecida.
Las consecuencias van mucho más allá de lo económico y tocan el corazón de la identidad profesional y la salud mental. La motivación se derrumba cuando tu esfuerzo no se refleja en nada concreto, cuando años de estudio, actualización constante y responsabilidad se traducen en no poder pagar el alquiler o comprar medicinas. La dignidad del trabajo, esa idea de que trabajar honestamente debe permitirte vivir decentemente, desaparece. Los profesionales sienten vergüenza al recibir sus salarios, una humillación mensual que les recuerda que no valen nada en la economía real. La ansiedad, la depresión y el agotamiento se han normalizado en sectores como salud y educación, donde además del maltrato salarial hay escasez de insumos básicos, infraestructura deteriorada y exigencias burocráticas absurdas. La salud mental de generaciones enteras de profesionales se ha deteriorado bajo el peso de tener que trabajar en condiciones infrahumanas y luego salir corriendo a buscar otros trabajos para poder comer.
Esta realidad ha obligado a crear estrategias de supervivencia que están cambiando todo el tejido social del país. Trabajar en varios empleos a la vez se ha vuelto lo normal: el mismo médico que atiende pacientes en la mañana y después se dedica algún emprendimiento. Los profesores universitarios abandonan la investigación para dar clases particulares o trabajar en algún otro lugar. La economía informal ha absorbido talentos que deberían estar fortaleciendo instituciones: ingenieros administrando negocios de repostería, abogados haciendo entregas a domicilio, arquitectos vendiendo por Instagram. Algunos profesionales han optado por la resignación: mantienen sus títulos como recuerdo de lo que fueron, pero ya no ejercen, aceptando cualquier trabajo que pague mejor. Otros siguen adelante por pura vocación, poniendo dinero de su bolsillo para poder trabajar, convirtiendo su profesión en un acto de fe más que en un medio de vida.
La decisión de irse del país se ha vuelto inevitable para muchos. Ya no se trata de "buscar mejores oportunidades", esa frase que esconde la desesperación real, sino de huir de condiciones que hacen imposible vivir dignamente. La salida masiva de profesionales venezolanos representa una de las mayores pérdidas de talento en la historia reciente de América Latina: médicos que ahora trabajan en Colombia, Perú o España; ingenieros en tecnología que se fueron a Argentina o Estados Unidos; científicos que abandonaron laboratorios destruidos para trabajar en instituciones extranjeras. Esta hemorragia no solo debilita el presente sino que condena el futuro: ¿Quién va a enseñar a las próximas generaciones si los profesores experimentados se fueron o murieron esperando una pensión que nunca llegó? ¿Quién va a investigar soluciones locales si los centros de conocimiento quedaron vacíos?
Aceptar como normal que un profesional gane salarios de hambre tiene consecuencias profundas que destrozan el contrato social. Cuando una sociedad acepta que un médico gane menos que un empleado de gasolinera, o que alguien con doctorado reciba lo mismo que alguien sin preparación, se manda un mensaje tóxico: el conocimiento no vale, el esfuerzo no importa, estudiar no sirve para nada. Esta lógica destruye los incentivos para formarse, ¿para qué estudiar cinco, ocho, diez años si el resultado es pobreza garantizada?, y promueve el vivir el momento sobre el desarrollo de capacidades a largo plazo. Normalizar esta precariedad genera además un cinismo generalizado: si el mismo Estado irrespeta sistemáticamente el valor del trabajo profesional, ¿por qué habría que respetar cualquier otra cosa? La corrupción, el descuido, la mediocridad dejan de ser desviaciones para convertirse en respuestas lógicas ante un sistema ilógico. Se rompe la solidaridad entre profesionales porque cada quien está demasiado ocupado tratando de sobrevivir como para organizarse, y se acepta como normal que Venezuela es un lugar donde solo sobreviven quienes abandonan la ética del trabajo honesto.
Las implicaciones para el futuro son oscuras. Un país que desprecia sistemáticamente el conocimiento y el trabajo calificado se condena a la irrelevancia, la dependencia y el atraso. Las instituciones que sostienen a las sociedades funcionales, hospitales, universidades, sistemas de justicia, infraestructura, necesitan profesionales motivados, bien pagados y con condiciones para seguir aprendiendo. Sin esto, todo se derrumba lentamente: ya lo vemos en hospitales sin especialistas, universidades sin investigación, tribunales sin jurisprudencia sólida, servicios públicos manejados por gente sin la formación necesaria. La Venezuela que emerge después de décadas maltratando a sus profesionales será un país incapaz de resolver problemas complejos, vulnerable ante cualquier crisis, siempre dependiente de ayuda externa y conocimiento importado. Más grave aún: habrá perdido generaciones enteras de talento que pudieron construir alternativas pero se vieron obligadas a elegir entre su dignidad personal y quedarse en su país, entre sobrevivir y ejercer lo que estudiaron.
La pregunta final va más allá de lo económico: ¿Qué tipo de país puede construirse sobre la humillación constante de quienes están más preparados para hacerlo crecer? ¿Cómo imaginar desarrollo cuando se castiga el conocimiento y se premia la mediocridad? Venezuela está en un punto donde cada profesional que emigra, cada vocación frustrada, cada título convertido en papel sin valor representa no solo una tragedia personal sino una pérdida colectiva. Reconstruir la dignidad del trabajo profesional va a requerir no solo mejores salarios, aunque estos son urgentes, sino un cambio cultural profundo que restaure el valor del conocimiento, la meritocracia y el esfuerzo sostenido. Mientras ese cambio no ocurra, Venezuela seguirá perdiendo a su gente más preparada y empobreciéndose en el proceso, atrapada en una espiral donde cada año que pasa se hace más difícil reparar el daño. Ser profesional en la Venezuela actual ya no es un camino hacia la realización personal o hacia una vida mejor; es un ejercicio de resistencia ante lo absurdo, una apuesta a un futuro incierto sostenida apenas por la terquedad de quienes todavía creen, contra toda evidencia, que el conocimiento, el trabajo serio y la ética profesional debería significar algo en la construcción de una sociedad justa.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
Nota: el estado paga un bono de guerra y dice complementar el salario.