Desde la perspectiva del derecho internacional y la defensa de la soberanía nacional, lo que observamos hoy en las plataformas digitales no es simplemente una expresión de descontento social. Es, en términos estrictamente jurídicos y geopolíticos, la construcción de un andamiaje de legitimación para una nueva agresión externa contra la República Bolivariana de Venezuela.
Las narrativas que emanan de los sectores del antichavismo radical han mutado de la confrontación política interna hacia una peligrosa solicitud de intervención. Este fenómeno no es espontáneo; responde a una lógica de "guerra híbrida" donde el odio se convierte en el combustible para justificar la violación de la Carta de las Naciones Unidas.
En las redes sociales, el discurso de este sector ha abandonado la ruta democrática para abrazar tres ejes narrativos que buscan fracturar el principio de no injerencia:
1.- La Deshumanización del Adversario: Al calificar al chavismo no como una fuerza política, sino como una estructura criminal, se busca despojar al Estado venezolano de sus protecciones legales internacionales. Si el Estado es "criminal", según esta lógica falaz, la soberanía deja de ser inviolable.
2.- El Pedido de "Auxilio" Externo: Se lee con frecuencia el llamado a una "intervención humanitaria" o la activación de coaliciones militares extranjeras. Esto ignora deliberadamente que el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza, salvo en casos de legítima defensa o bajo mandato expreso del Consejo de Seguridad de la ONU.
3.- La Justificación de las Medidas Coercitivas: El radicalismo digital celebra las "sanciones" (técnicamente Medidas Coercitivas Unilaterales), a pesar de que estas constituyen una violación masiva de los derechos humanos y un ataque directo a la economía nacional.
El imperialismo estadounidense no actúa en el vacío; requiere un consenso, aunque sea fabricado mediante algoritmos y bots, para validar sus acciones ante la opinión pública mundial. Este clima de crispación digital es la antesala de lo que Washington denomina "cambio de régimen".
El "segundo ataque" que invoca el odio político no se limita solo a lo militar, se manifiesta en el bloqueo financiero, el robo de activos nacionales en el exterior (como Citgo o el oro en Londres) y el aislamiento diplomático. Es una estrategia de desgaste que busca que el pueblo venezolano renuncie a su autodeterminación por agotamiento.
Frente a la narrativa del odio, la defensa de Venezuela debe anclarse en la legalidad internacional, la soberanía no es negociable bajo ninguna presión mediática o amenaza imperial. Quienes hoy piden desde un teclado una intervención extranjera, están incurriendo en una traición a los principios fundamentales de la patria y del derecho que rige a las naciones civilizadas.
La paz en Venezuela no vendrá de la mano de fuerzas externas, sino del respeto absoluto a su constitución y de la derrota política de quienes han decidido ser peones de intereses ajenos a la nación.
Al final, el radicalismo antichavista "se conforma" con otro ataque militar.