Venezuela tiene ante sí una oportunidad histórica: transformar su riqueza ecológica y su diversidad territorial en un motor de desarrollo económico forestal y ambiental, desarrollado a través del Ministerio del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, ente adscrito Maderas del Orinoco CA. En un contexto global marcado por la urgencia climática, el país puede diseñar un mercado de carbono propio, adaptado a sus realidades sociales, ambientales y productivas. Este artículo propone una hoja de ruta (1) para construir ese sistema, integrando datos técnicos, principios de equidad y una visión estratégica para tomadores de decisión.
En 2023, Venezuela emitió aproximadamente 84,6 millones de toneladas de CO₂, lo que representa un aumento del 8,67% respecto al año anterior, según datamacro. Las emisiones per cápita alcanzaron 2,47 toneladas por habitante, y la intensidad de carbono por PIB fue de 0,32 kg por cada 1.000 dólares . Las principales fuentes de estas emisiones son la quema de combustibles fósiles, especialmente en el sector energético, el transporte y la industria petrolera, según Emisiones database for global atmospheric Research (EDGAR). Esta dependencia energética representa tanto un desafío como una oportunidad para redirigir inversiones hacia tecnologías limpias y prácticas agroecológicas.
Aunque Venezuela no cuenta aún con un sistema formal de comercio de emisiones, existen avances en la medición voluntaria de huella de carbono por parte de empresas, guiadas por estándares internacionales como ISO 14064, el Protocolo GEI, y el marco del WBCSD(Consejo Empresarial Mundial para el desarrollo sostenible), según debates IESA. Sin embargo, aún faltan incentivos fiscales, marcos regulatorios robustos y mecanismos de certificación nacionales que permitan escalar estas prácticas.
En este contexto, la implementación de tecnologías de eliminación de gases de efecto invernadero (GGR) como las plantaciones forestales, la agroforestería ,Recuperación de suelos minero con especies de rápido crecimiento como la acacia mangium, manejo de pastizales , restauración de humedales, la captura directa de aire o el manejo de suelos, requiere un sistema de monitorización, notificación y verificación (MRV) adaptado al país.
Este sistema debe alinearse con las normas venezolanas existentes, como las Normas COVENIN, y aprovechar la experiencia de instituciones como Fondonorma, IDEA, y diversas universidades.
La propuesta es que los operadores de GGR en Venezuela se rijan por un marco MRV que:
- Reconozca los saberes locales y comunitarios como parte del monitoreo.
- Utilice tecnologías accesibles para la medición participativa de carbono.
- Establezca protocolos de notificación transparente, integrados con plataformas digitales nacionales.
- Cuente con mecanismos de verificación científica y social, liderados por universidades y centros de investigación.
- Se articule con las normas técnicas nacionales, garantizando compatibilidad con estándares internacionales.
Este enfoque permitiría que los créditos de carbono generados en Venezuela tengan validez internacional, pero también una identidad local basada en justicia climática, biodiversidad y resiliencia comunitaria. Serían créditos con alma, capaces de atraer inversión ética y generar bienestar en los territorios.
La construcción de este mercado requiere voluntad política, visión técnica y compromiso social. Legisladores, técnicos, académicos, inversionistas y comunidades tienen un rol clave en esta transformación. Venezuela puede ser mucho más que un país emisor: puede convertirse en un referente de soluciones climáticas con rostro humano.