La guerra imperial con todo tipo de violencia, la más feroz la terrorista, impulsada desde hace varios años contra nuestro país por agentes protegidos del gobierno de EEUU, funcionarios al más alto nivel de la burocracia de organismos internacionales, y en Venezuela por organizaciones no gubernamentales es una realidad tan evidente que sus propios impulsores hoy la reconocen clara y descaradamente. De manera que ya casi nadie la niega.
Caso contrario sucede con la justicia. Afirmar que en nuestro país existe plenamente un sistema que aplica y se rige por la justicia constituye una realidad y una cualidad todavía pendiente en el país. Esta deficiencia a pesar de que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) se proclama que Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y justicia (Artículo 2).
El tema que tomo como reflexión se refiere a la guerra, la violencia terrorista y la justicia, relacionándolo con el decreto de amnistía dictado por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros el día lunes 31 de agosto de 2020 donde se liberan a 110 personas implicadas y acusadas de ser autores intelectuales y materiales de actos y delitos contra el Estado, la integridad de la República, y contra el pueblo venezolano. Algunos de estos personajes estaban detenidos otros, y la gran mayoría, prófugos.
La reflexión que hago vincula la guerra imperial, la violencia, la justicia con el referido decreto de amnistía presidencial y con las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, dado que uno de los motivos de esa decisión está dirigida a crear las mejores condiciones para la realización de dicho evento electoral. Evento que tiene que ver en su planificación y ejecución con un conjunto de principios y valores fundamentales existentes en nuestro país como son la independencia, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la justicia y el Poder Electoral consagrados todos ellos en la CRBV. Principios y valores que deben ser del máximo respecto y fiel cumplimiento, en general a toda la CRBV, de todos los/las venezolanos/as; y con mayor razón para quienes dimos su aprobación en el referéndum nacional del 15 de diciembre de 1999.
Un primer aspecto de esta reflexión se relaciona con la CRBV y en particular con estos principios y valores consagrados en ella, para contrastarla con algunos factores que pululan en el ambiente exigiendo modificar estas elecciones parlamentarias en los términos establecidos en la Constitución. A tal efecto se citan los siguientes artículos de la CRBV.
"Artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional".
"Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político".
"Capítulo V Del Poder Electoral. Artículo 292. El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector (…). Artículo 293 El Poder Electoral tiene por funciones (…) Numeral 5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos (…). Artículo 294. Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana, descentralización electoral y celeridad en el acto de votación y escrutinios". Se citan estos artículos puesto que es conocido cómo determinados organismos internacionales, gobiernos y países regidos por monarquías con leyes y sistemas electorales muy distintos del sistema electoral constitucional venezolano, como determinadas fuerzas del país que siempre han adversado a la CRBV presionan todas para sujetar este evento eleccionario a patrones o formas de vigilancia y supervisión externas acorde a sus intereses y particulares realidades de elección y hegemonía geopolítica. Son estrategias dentro de la llamada "máxima presión" que el gobierno de EEUU, gobiernos y monarquías subordinadas a ese poder hegemónico han impulsado e impuesto contra el presidente Maduro y el pueblo venezolano. Por algo la oposición en Venezuela insistió tanto en salir de la presidencia del CNE a la extraordinaria mujer que es Tibisay Lucena. Ante ello, la defensa de la Patria y de la República de Venezuela exige tener una actitud de máxima alerta y vigilancia.
La segunda reflexión se refiere a colocar sobre la mesa las experiencias que han habido en Venezuela con amnistías y beneficios procesales presidenciales anteriores tomados en favor de determinados procesados judiciales, que estaban presos acusados de ser autores intelectuales y materiales de acciones violentas en contra de la República y derrocar el proceso Bolivariano de Hugo Chávez F. La primera de estas experiencias negativas al no haber obtenido los objetivos para los cuales fueron tomadas fue la amnistía dictada por el presidente Chávez el 31 de diciembre de 2007. La segunda han sido los beneficios procesales dictados por el presidente Maduro y la denominada "Comisión de la Verdad" en los cuales se ha dado casa por cárcel a determinadas personajes que han terminado casi todos ellos fugándose del país. Celebres son los casos de Leopoldo López, Antonio Ledesma, e Iván Simosnovis, para mencionar los casos más conspicuos. En este sentido, es válido preguntarse ¿No ocurrirá lo mismo con este reciente indulto y muchos de los indultados persistirán en su feroz y antipatriótica actitud de violencia y muerte? En todo caso, es deseable que esta actitud no se cumpla y el Presidente Maduro con los indultos logre los objetivos por él planteados. Sin embargo, el dolor que aún embarga a deudos y familiares de quienes fueron víctimas de esta violencia clama por una real solidaridad y el derecho legítimo a la justicia.
Amado Moreno Pérez. Sociólogo (UCV). Profesor Titular activo de la Universidad de Los Andes. Dr. en Ciencias Humanas (ULA).