Caracas, 12 Dic. ABN.- A pocos días de que prescribieran las posibilidades penales por la quiebra de la aerolínea Venezolana Internacional de Aviación (Viasa), el fiscal cuarto con Competencia Bancaria, José Benigno Rojas, inició las imputaciones que permite que este caso retome la vía jurídica.

Las imputaciones persiguen compensar las pérdidas para los 2.350 trabajadores de esta compañía, quienes reclaman alrededor de 470 millones de dólares por compensaciones (poco más de un billón de bolívares).

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que este lunes imputaron a Guillermo Guirier Hospice, quien era comisario en la citada empresa, por la presunta comisión de los delitos de quiebra fraudulenta y aprovechamiento de fondos públicos, contemplados en los artículos 464 del Código Penal y 71, ordinal 2, de la extinta Ley de Salvaguarda.

Arnaldo Gutiérrez, representante legal de un grupo de trabajadores de Viasa, destacó que desde hace cinco años este caso se mantenía en manos de la Fiscalía General de la República.

“Es más importante la causa penal que la misma mercantil”, consideró el abogado, quien explicó que la Fiscalía es la institución competente para hacer la solicitud de quiebra fraudulenta ante los tribunales.

Esta calificación legal tendría consecuencias para los accionistas y administradores que tuvo la empresa, desde su privatización en 1991 hasta que se ordenó su liquidación en 1997.

“Viasa fue adquirida por su similar española Iberia (45% de las acciones), por el Banco Provincial (15%) y, en representación del Estado, por el Fondo de Inversiones de Venezuela (40%)”, según Gutiérrez.

Posteriormente, la última fase de la privatización de Iberia se cumplió en 2003 con la venta de acciones de ésta compañía en la Bolsa de Valores de Madrid.

“Si las empresas señaladas resultan culpables no podrán operar como comerciantes en el país durante cinco años, hasta que saneen sus cuentas y paguen a los deudores. Por otra parte, también se podrían dictar privativas de libertad para los directivos culpables y deberán devolver todos los activos sustraídos a Viasa”, recalcó.

El Ministerio Público también informó que en los próximos días se imputará a otras cinco personas por este caso, entre ellas a Rafael García Hernández, Alexis Garrido Soto y Víctor Sánchez Leal, quienes desempeñaron funciones administrativas durante la etapa posterior a la privatización de la compañía aérea.

Por su parte, Francisco Guerrero, representante de los trabajadores de tierra y cabina de Viasa, mostró su satisfacción por la acción judicial.

Calificó la privatización de Viasa como una “transestatización”, porque la compañía pasó de una propiedad del Estado venezolano al Gobierno español, que controlaba Iberia en el momento de realizarse esta acción comercial.

“La idea ulterior era privatizar Iberia, que sí era una empresa deficitaria, y decidieron comprar línea aéreas en Suramérica para expandirse. Es sorprendente como los casos de Viasa y de Aerolíneas Argentinas son muy similares”, destacó Guerrero.

El representante laboral agradeció las acciones sostenidas por el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, quien en su opinión se mostró muy interesado en resolver la situación económica y laboral de este grupo de trabajadores.

La nota informativa de la Fiscalía cita un informe del entonces contralor general de la República, Eduardo Roche Lander, presentado al Congreso Nacional en 1997, donde se destacó que la gestión de Viasa en manos de Iberia resultó ineficiente.

“Lejos de adoptar decisiones oportunas tendentes a lograr la reestructuración de la aerolínea, racionalizar sus costos y resolver los problemas que afectaban su funcionamiento, se recurrió a un cuantioso endeudamiento, significativamente contraído con sus principales accionistas y administradores por encima de la capacidad que cualquier empresa puede soportar, lo que se tradujo en la hipoteca de todos los activos de la aerolínea".