Rectores venezolanos rechazan campaña contra reforma educacional

Caracas, 27 Mar. ABN.- La Asociación de Rectores Bolivarianos de
Venezuela advirtió hoy sobre la existencia de una campaña contra una
reforma parcial del sistema de educación con el propósito de provocar
inestabilidad política.

Un comunicado de la organización llama asimismo a las comunidades
universitarias a no dejarse manipular por grupos que pretenden reeditar
condiciones de inestabilidad política con la utilización de los sectores
educativos, según informó Prensa Latina.

Recuerda que un intento similar se realizó en el pasado con la
empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y fue derrotado por la
inmensa mayoría del pueblo.

La declaración alude a una amplia campaña de sectores de derecha que
intenta presentar como violatorio de la autonomía universitaria un
decreto presidencial que reforma parcialmente el Reglamento Orgánico de
Educación Superior.

Según Samuel Moncada, ministro de Educación Superior, la modificación
propicia, entre otros aspectos, una mayor transparencia del uso de
recursos del Estado.

Asimismo intenta rectificar una tendencia creciente de las
universidades estatales a favorecer el ingreso de estudiantes de
colegios privados en detrimento de los sectores pobres, egresados de
instituciones públicas.

Un estudio difundido por la prensa local indica que en el 2000 en la
Universidad Central de Venezuela la matrícula correspondía al 22,45 por
ciento a egresados de liceos públicos y 71,24 por ciento de los
privados.

La Universidad Simón Bolívar (USB), en tanto, tenía en 1999 en sus
aulas a 84,07 por ciento de alumnos provenientes de escuelas privadas y
apenas 8,89 por ciento de las públicas.

Al respecto el periodista Eleazar Díaz Rangel se pregunta hoy: ¿Cómo
se explica que la USB, que cada año recibe del Estado 200 mil millones
de bolívares (más de 90 millones de dólares) no pueda destinar un
insignificante porcentaje para becar a estudiantes pobres?

La declaración de la Asociación de Rectores Bolivarianos recuerda que
la Constitución expresa que la educación es un derecho humano y un deber
social fundamental y el Estado lo asumirá como función indeclinable y de
máximo interés.

Asimismo rechaza que la nueva disposición reglamentaria atente contra
la Autonomía Universitaria consagrada en la Constitución, pues las
universidades conservan intactas sus garantías autonómicas.

La modificación -añade- permitirá un trato más justo y equitativo en
la distribución de los recursos del Estado para los presupuestos
universitarios y asegurará los programas educativos oficiales que buscan
terminar con la exclusión de los pobres en su derecho al estudio.


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