10 de diciembre de 2022.-La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, instaló en el Auditorio Principal del Alto Juzgado el "I Congreso de Derecho Procesal Civil", evento sobre el cual destacó que "denota el compromiso de nuestra política, que busca alcanzar el concepto de la calidad judicial total, al dinamizar todos los procesos y optimizar las condiciones para una tutela judicial efectiva, distinguida por la celeridad, la simplificación y la búsqueda de la verdad material en todos los casos".

La máxima autoridad del Poder Judicial expuso que la actividad "se incardina en el esfuerzo que estamos empeñando para continuar con ahínco la consolidación del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

Asimismo, señaló que "el proceso civil, en su actualización necesaria, ha venido dando a la ciudadanía, cauces garantistas para resolver sus conflictos, sus controversias, ante los órganos jurisdiccionales". En tal sentido, afirmó que "el proceso civil, hoy día, se erige como una herramienta útil en la lucha mancomunada del Estado y la sociedad para la convivencia, la pacificación y el buen vivir del pueblo venezolano".

Llamó a "continuar con la tarea de la materialización de los mandamientos explícitos en la Constitución, la cual en su artículo 257 señala que las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia en los trámites de los tribunales y adoptarán un procedimiento breve, oral y público, sin que se pueda sacrificar la justicia por la omisión de formalidades esenciales".

"La consigna es pues, honrar en su completa dimensión la máxima constitucional: El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia". Añadió que "en nuestro país las reglas elementales del proceso se corresponden con el más alto rango a la par de los derechos fundamentales", sentenció.

Informó que la Sala Constitucional apuntaló la doctrina sobre las nuevas regulaciones en el proceso casacional civil venezolano. En este sentido, señaló que el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil ahora expresa que "en su sentencia de recurso de casación, la Sala de Casación Civil se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, pudiendo extenderse al fondo de la controversia y ponerle fin al litigio, habiéndose eliminado la figura del reenvío en el proceso de casación civil como regla (…) Y lo dejó sólo de forma excepcional, cuando sea necesaria la reposición de la causa", concluyó.

Jueces y juezas deben garantizar la gratuidad de la justicia

Por su parte, el segundo vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Henry José Timaure Tapia, agradeció a la Presidenta del TSJ por el apoyo brindado para la materialización de este congreso, el cual, manifestó: "nos permite compartir visiones, criterios, doctrinas y tendencias enmarcadas en nuestro ordenamiento jurídico encabezado por la mejor Constitución del mundo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

Agregó que la Carta Magna trajo la transformación del Estado, "en un sistema judicial que garantiza la correcta aplicación de las leyes en aras de proteger a los justiciables. Señaló que el objetivo de todo juez y jueza debe ser brindar a las y los ciudadanos garantías, seguridad jurídica, confiabilidad, equidad y lo más importante la gratuidad de la justicia".

También indicó que "hoy tenemos un gran reto, lograr la actualización del Código de Procedimiento Civil adaptarlo a las nuevas realidades del país y de nuestra Patria a los cambios que día a día requieren nuevos y menos complicados procesos, que permitan mayor garantía y transparencia".

En el congreso estuvieron magistrados/as del TSJ, magistradas/os eméritos; la Inspectora General de Tribunales, el Director General de la Escuela Nacional de la Magistratura; el Procurador General de la República, el Presidente de la Corte Marcial, el Fiscal General Militar; el Defensor Publico Militar; miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jueces y juezas, junto a servidores y servidoras del Poder Judicial.