Fiscal General anunció Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos del MP

Tarek William Saab, Fiscal General de la República

Tarek William Saab, Fiscal General de la República

Credito: Archivo

Para quienes cumplan los requisitos

(Caracas, 21 de octubre de 2021) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la implementación de un Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos del Ministerio Público.

Desde la sede del órgano garante de la legalidad en el país, Saab explicó que dicho plan "tiene como objeto reconocer la trayectoria laboral de los Fiscales Provisorios del Ministerio Público; quienes previo cumplimiento de los requisitos básicos, tales como haber ejercido el cargo de forma ininterrumpida por un tiempo mínimo de 4 años, podrán aspirar a la titularidad del mismo".

En tal sentido, el titular de la acción penal destacó que esta nueva estrategia obedece a "la necesidad que tienen los representantes fiscales de ejercer plenamente sus funciones y contar con la garantía constitucional de su estabilidad laboral".

Por ello, en opinión del alto funcionario, "a través de este proceso se fija el punto de partida para conocer la condición psicológica, intelectual y profesional de todo fiscal provisorio que cumpliendo con los requisitos, desee obtener la titularidad del cargo que desempeña".

De igual forma, Saab aclaró que el plan "no pretende obviar la necesidad del Concurso Público y de Oposición, por el contrario, tiene como finalidad proveer las condiciones necesarias para la realización, próximamente, del VII Concurso Público de Credenciales y de Oposición del Ministerio Público".

Requisitos

Sobre las condiciones necesarias para formar parte del plan, el Fiscal General acotó que "además del tiempo de servicio, los aspirantes deberán (…) tener nacionalidad venezolana; ser mayor de 25 años; ser abogado o abogada; ser de notoria buena conducta y de reconocida solvencia moral".

También se requiere "estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no estar inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la función pública; no haber sido objeto de sanción penal por decisión definitivamente firme por la comisión de un delito, no haber sido objeto de sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de funciones en los 5 años previos o haber sido destituido y haber cursado estudios de especialización"; apuntó el alto funcionario.

Tal plan, enmarcado en la reestructuración institucional ordenada por la Asamblea Nacional Constituyente, apunta a otorgar más independencia a cada instancia del Ministerio Público y ofrecer mejor capacidad de respuesta a la demanda de justicia por parte de la ciudadanía.

Justicia militar

Asimismo, el Fiscal General comentó una reunión celebrada este miércoles (ayer) con representantes de la jurisdicción militar, en relación con la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, que prohíbe el juzgamiento de civiles en la justicia castrense.

"Participaron el Consultor Jurídico del Ministerio de la Defensa, el Presidente de la Corte Marcial, el Fiscal General Militar y el Fiscal Superior Militar de la Región Capital; quienes se reunieron con nuestras directoras generales de Protección de Derechos Humanos y de Actuación Procesal", explicó el vocero institucional.

Durante ese encuentro "se acordó que durante esta semana la jurisdicción militar estará declinando la competencia de los casos que entren en ese supuesto a la jurisdicción ordinaria en todo el territorio nacional".

Al respecto, Saab señaló que "como se trata de civiles juzgados por delitos militares; el ejercicio de la acción penal lo ejercerán los fiscales adscritos a la Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo adscrita a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos".

En tal sentido, calificó los acuerdos alcanzados ayer como un paso trascendental en materia de administración de justicia.

Atención ciudadana

En relación con la Unidad de Atención a la Víctima en Materia de Derechos Humanos, el Fiscal General destacó el rango legal que le otorgó la reforma a la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales.

"Desde el inicio de sus actividades, la oficina ha atendido a 685 ciudadanos (…) y se encuentra conformada por una coordinadora, tres abogados adjuntos, una trabajadora social, un psicólogo, un Psiquiatra, y cuatro asistentes administrativos".

De esta forma, "con esta oficina garantizamos que aquellas personas que no saben a dónde acudir o cómo denunciar una presunta violación de sus derechos humanos puedan ser atendidas por un equipo multidisciplinario, que no sólo recibirá la denuncia y la procesará, sino que también les brindará apoyo y atención psicosocial"; señaló Saab.



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