Caracas, 1 de mayo de 2021.- El titular del Ministerio Público, Dr. Tarek William Saab, en rueda de prensa ha denunciado que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ha querido invisibilizar o menospreciar el esfuerzo del Estado venezolano por garantizar la defensa de los Derechos Humanos.

Por ello, manifestó que el día de ayer viernes (30/04/2021) entregó un informe actualizado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la que expone la gestión en defensa de los derechos humanos y solicita a esta instancia que informe las consideraciones ante los compromisos concretos asumidos por el Estado para garantizar en defensa de los derechos fundamentales.

El Fiscal General también, dió detalles de las acusaciones dando un total de 1.064 funcionarios y 136 civiles y se han logrado 153 condenas. En ese sentido, destacó un caso emblemático como fue de la muerte del concejal Fernando Albán, en el que una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en octubre de 2020, ordenó una nueva investigación sobre las circunstancias de este suceso, por lo que el 22 de octubre de 2020, se celebró una nueva audiencia de imputación contra 2 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura. Posteriormente, el pasado 13 de noviembre de 2020, se presentó el correspondiente escrito acusatorio.

También mencionó el caso de Juan Pablo Pernalete, que falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, se logró la imputación de 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva, así como otros casos relevantes, como el ajusticiamiento de cinco hombres ocurrido en el barrio El Limón, en La Guaira, por el que cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron acusados por homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

También se refirió al ajusticiamiento de dos integrantes de la televisora comunitaria Guacamaya TV en el estado Zulia por el que fueron acusados cinco funcionarios policiales por homicidio calificado, violación de domicilio por parte de funcionario público, simulación de hecho punible, complicidad, entre otros, además de una exfiscal del Ministerio Público por encubrimiento y asociación.

Saab recordó que como parte de los compromisos voluntarios adquiridos por el Estado venezolano, se ha iniciado un proceso de reestructuración de la PNB, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial N° 42.105 del 13 de abril de este año. Este proceso tendrá una duración de 6 meses y destacó que en esta propuesta participó el Ministerio Público, junto al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como la Defensoría del Pueblo.

Recordó que la Corte Penal Internacional tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto de Roma por lo que esta instancia interviene cuando los posibles casos que puedan entrar dentro de su competencia, no han sido investigados por el sistema de justicia de un Estado parte.

De ahí, enfatizó que en el tiempo que ha estado al frente del Ministerio Público, ha quedado claro el compromiso por investigar cada violación a los derechos humanos que puedan haber cometido funcionarios de seguridad del Estado.

Sin embargo, alertó que Venezuela ha sentido de la CPI un mutis que no ha ocurrido con otros países. “Esperamos que después de esta última entrega tengamos dichas consideraciones”.

Saab adelantó que en los próximos días, el país hará llegar nuevos avances sobre estos hechos a la CPI.

A continuación el comunicado íntegro presentado por la Fiscalía venezolana a la Fiscalía de la CPI

Este viernes 30 de abril ha sido entregado por el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela un nuevo informe que complementa nuestra respuesta a todos los requerimientos realizados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en un escrito fechado el 2 de octubre de 2020.

Este nuevo documento, que ya es el tercero, no es más que la continuación de la colaboración absolutamente irrestricta de las Autoridades Venezolanas con la Fiscalía de la CPI en todos aquellos puntos sobre los que ha sido requerida. Debemos recordar que en una primera aportación de información en fecha 30 de noviembre de 2020, el Estado Venezolano contestó debidamente al cuestionario remitido por la Fiscalía de la CPI, informando sobre la situación procesal de los casos requeridos, tanto en la jurisdicción civil como en la militar.

El informe cerraba con un conjunto de medidas que el Estado comenzaría a implementar en el corto plazo, adquiriendo por lo tanto diversos compromisos de modificación de su ordenamiento jurídico e institucional interno. Desde ese momento, se ha dado seguimiento y por ende, se han presentado dos informes de ampliación que aportan datos de la evolución de los casos referidos en la primera comunicación, así como la implementación de los compromisos adquiridos por el país.

La voluntad de colaboración de la República Bolivariana de Venezuela ha quedado de manifiesto, si bien, no podemos dejar pasar la ocasión para dejar constancia de la falta de transparencia del proceso por parte de la Fiscalía de la CPI en la tramitación del Examen Preliminar en el que nos hallamos.

Esto implica que las respuestas facilitadas a la Fiscalía tanto en este nuevo informe como en los dos anteriores, se están remitiendo sin tener conocimiento más que del primer cuestionario remitido en octubre del año pasado y de lo que desafortunadamente se va filtrando en fuentes abiertas por parte de los actores que han impulsado este procedimiento.

Es necesario poner de manifiesto que la Fiscalía de la CPI ha celebrado siempre consultas con diferentes delegaciones de los Estados para evaluar los esfuerzos en rendir cuentas conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Se ha podido concluir que la Fiscalía de la CPI en situaciones anteriores siempre ha tratado de colaborar con las autoridades nacionales en caso de que los procedimientos nacionales pertinentes ya estén en marcha o en caso de que las autoridades nacionales hayan declarado explícitamente su compromiso de emprender dichos procedimientos, como en el caso que nos ocupa. Sin embargo, esta comunicación solo se está desarrollando por parte del Estado hacia la Fiscalía de la CPI y no viceversa.

Es por ello por lo que la República Bolivariana de Venezuela se ve en la necesidad de solicitar una evaluación a la Fiscalía de la CPI sobre los compromisos concretos ya trasladados por el país y que se amplían con este nuevo informe.

Es necesario que el Estado Venezolano sea informado acerca de si la Fiscalía de la CPI opina que los compromisos concretos anunciados, y las medidas ya adoptadas a nivel nacional, son suficientes para la evaluación que realiza en la fase actual.

En caso de que exista alguna observación particular sobre un aspecto concreto, o alguna debilidad en alguno de los planteamientos expuestos es necesario y pertinente que se trasladen, con cierta premura, las propuestas concretas de mejora que la Fiscalía de la CPI considere pertinentes. De esta manera podremos continuar nuestra colaboración efectiva con esta instancia internacional.

Caracas, 01 de mayo de 2021