15 días después de que la ANC realizó el anuncio, Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, informó que los comicios se celebrarían el 22 de abril. Esta fecha fue modificada posteriormente para que las elecciones presidenciales, de Consejos Legislativos y Municipales coincidieran el 20 de mayo.

La ANC, desde su instalación, ha sido considerada ilegítima en Venezuela y el exterior, por lo que las elecciones decretadas carecen de validez para algunos sectores.

En las elecciones realizadas en 2017, de la ANC, gobernadores y alcaldes, se reportaron irregularidades que afectaron la veracidad de los resultados anunciados por el CNE, por lo que diversos sectores esperan que ocurra lo mismo con los comicios presidenciales y consejos legislativos de este año.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que el proceso electoral pautado para el 20 de mayo no tiene la transparencia ni la credibilidad necesaria.

“El proceso electoral tiene muchas irregularidades que arrancan desde el momento en que se convoca hasta ahora: en la determinación de las fechas, en el registro, con los políticos inhabilitados y las tarjetas de los partidos anulados”, comentó Ignacio Ávalos, director del OEV en exclusiva para El Nacional Web.

Ávalos recordó que las condiciones que los procesos electorales deben cumplir se establecen tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales.

Las principales irregularidades en el actual proceso se pueden evidenciar al hacer una comparación con las elecciones parlamentarias de 2015.


Para la elección de los diputados a la Asamblea Nacional de 2015, la fecha de la votación se anunció con seis meses de antelación. En cambio, para los comicios de este año la convocatoria se hace en menos de la mitad del tiempo.

El experto subrayó que la convocatoria a elecciones en tan poco tiempo es una decisión del CNE, que pone en cuestionamiento muchas de las otras condiciones.

“Los tiempos no dan para realizar un proceso electoral de tanta complejidad como este. México va a una mega elección el primero de julio, incluso más grande que esta y esas elecciones fueron anunciadas hace más de un año y convocadas hace no menos de seis o siete meses”, comentó Ignacio Avalos.

En Venezuela se habla de unas elecciones realizadas con premura y eso afecta la calidad de un proceso electoral, indicó el director de la ONG.

Los presos políticos y la inhabilitación de los partidos más importantes de la oposición también manchan los comicios, añadió.

¿Y los observadores?

El OEV informó que llevará a cabo su labor como observador en los comicios, a pesar de que no ha recibido las acreditaciones correspondientes, algo que ha ocurrido en los últimos tres procesos.

“Nuestra labor como observadores es mirar la calidad del proceso electoral, desde la convocatoria hasta que se conocen los resultados”, explicó Ávalos.

La Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos estarán ausentes durante los comicios. Estas misiones, cuando asisten, empiezan a prepararse con más de seis meses de antelación para conocer cómo se desarrollará la votación.

El único organismo internacional que ha recibido las credenciales para observar el proceso electoral es el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), ente que contó en 2004 con el financiamiento de Hugo Chávez para su creación.

Este organismo, aseguró Ávalos, pretende compensar la influencia en el proceso electoral venezolano que tiene la Unión Europea y la OEA.

“Esta organización, creada por el oficialismo, concentra su atención exclusivamente en el día de las elecciones, sin observar a profundidad y sin medir cuán justo o transparente fue el proceso electoral“, destacó.

Resultados serán desconocidos

Algunos países como Estados Unidos, Francia, Canadá y los integrantes del Grupo de Lima han manifestado en reiteradas oportunidades que no reconocerán los resultados. Consideran que la convocatoria, los tiempos y las condiciones no son adecuados.

Zeid Ra'ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que, debido al contexto político, económico y social que atraviesa el país, “no se cumplen de ninguna manera las mínimas condiciones para unas elecciones libres y creíbles”.

“La gente, al ejercer su derecho al voto, puede decidir quiénes van a solucionar la crisis. Pero si este proceso electoral está siendo cuestionado, si la evaluación del proceso electoral arroja que los resultados no serán confiables o transparentes, ¿cómo se va a resolver la situación?”, cuestionó Ávalos.

“Si estas elecciones quieren jugar el papel de resolver la crisis, arrojan demasiadas dudas que lo empañan. Muchos organismos y mucha gente tendrán dudas sobre los resultados”, acotó.

A pesar del rechazo que se ha generado hacia los comicios, el gobierno nacional y el CNE mantienen en pie la elección; sin embargo, para la comunidad internacional, gran parte de la oposición y un porcentaje de la población el resultado carecerá de validez, sin importar el candidato ganador.