MP inicia reestructuración y abre investigaciones por violencia en las guarimbas

Fiscal General Tarek William Saab

Fiscal General Tarek William Saab

12 de agosto de 2017.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab informó este viernes que se conformará una comisión para la reestructuración del Ministerio Público (MP), con la finalidad de impulsar las acciones necesarias para depurar y garantizar el funcionamiento legal e imparcial de este organismo.

Así lo destaca una nota de periódico Ciudad Caracas, dijo el fiscal “Nosotros hemos recibido un mandato de la ANC y quiero anunciar que vamos a conformar una comisión de reestructuración de la Fiscalía General de la República”, indicó durante rueda de presa ofrecida desde la sede del MP, en Caracas, donde estuvo acompañado por la vicefiscal general Katherine Harringhton.

Saab adelantó que como parte de este proceso de reestructuración ya se han llevado a cabo acciones de revisión y remoción de cuatro fiscales superiores, de los cuales se ha derivado la sustitución de cuatro de estos funcionarios en los estados Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy y Miranda.

Asimismo, señaló que se abrirá una oficina para recibir las denuncias de las personas que hayan sido víctimas de la “red de extorsión” que denunció funcionaba dentro de este organismo.

“Ha habido grandes deficiencias el burocratismo como un signo que descalifica a esta institución, la apatía y la corrupción. Por ejemplo es insólito ir enterándose que aquí se han dado casos, denunciados en la calle, de como se ha tasado en dólares si imputas o no a una persona culpable o inocente, también es tasar en dólares si terminas acusando o no a esa personas, tasar en dólares si terminas sobreseyendo o no la causa”, cuestionó al tiempo que consideró que debió existir “un mal ejemplo por parte de la dirección”, así como la complicidad de algunos cuerpos policiales.

“Esto tiene que acabarse porque bajo este esquema es imposible hacer justicia. Esa red que se enquistó aquí va a salir a la luz publica con plenas pruebas”, enfatizó, y subrayó que también llevarán a cabo una revisión de la pertinencia de cargos poniendo como ejemplo que en el caso de direcciones y jefaturas sobrepasa las 250 personas.

Uso de niños en las manifestaciones

Asimismo, cuestionó el “silencio” por parte de Ortega Díaz en torno a la utilización de niños y niñas en las manifestaciones violentas que fue objetado y alertado por organismo internacionales como la Unicef.

“Iniciaremos las investigaciones por la utilización de niños y niñas en manifestaciones violentas. Nos llama la atención que no se abrió ninguna investigación penal en torno a esto pese a que fue público y notorio. Ni siquiera se aperturó una sola investigación lo que provocó que Unicef se mostrara preocupado por esta situación para vergüenza de este MP, porque al parecer para esta fiscalía la utilización de niños no era delito”, subrayó.

Igualmente, objetó la ausencia de investigaciones en torno a los delitos de odio que llevaron a cabo grupos que participaban en las manifestaciones que desde el mes de abril impulsó la dirigencia dirigencia opositora agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que dejaron un saldo de más de 150 muertos.

“Hemos decidido revisar las causas abiertas que pudieran ser causa o delitos de odio que llevaron a cabo hordas y grupos con la premeditada intención de matar de hacer daño”, indicó y seguidamente informó que de igual manera iniciarán investigaciones en torno a las personas que fueron heridos y asesinados en barricadas.
Revisión de casos

El Fiscal General también se refirió a los casos que se encuentran bajo jurisdicción militar y anunció que están llevando a cabo las gestiones para que que 72 de estos casos sean remitidos a los tribunales ordinarios.

“Estamos revisando un grupo de casos para que la jurisdicción militar decline ante esta institución algunos casos. En total son 72 casos que pudieran ser remitidos a la jurisdicción penal ordinaria”, resaltó.

Asimismo, señaló que en los casos donde existe boleta de excarcelación “mantengo mi posición firme de exigir que si existe una orden de liberación no puede existir condicionamiento por parte de ninguna autoridad.


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