Carta abierta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela

El Motor Minero y los secretos del poder

El grupo ecofeminista de investigación y acción La Danta Lascanta, hizo pública una Carta Abierta al Ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros, expresando su preocupación por la política extractivista conocida como Arco Minero y su rechazo a la misma. La misma está circulando por las redes sociales, que se han convertido en un eficiente canal de articulación de una campaña nacional que busca la anulación del Decreto conocido como Motor Minero. A continuación la carta.

Estimado compañero Presidente:

Nos dirigimos a usted en respuesta a su locución en Consejo de Ministros, sostenida el viernes 13 de mayo, en la que aprobó un nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica para acabar con la guerra a nuestra economía y sociedad, buscando con ello derrotar las amenazas nacionales e internacionales que día a día se ciernen sobre el país.

En este contexto, resaltó varios aspectos fundamentales relacionados con el desarrollo del Motor Minero, específicamente la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, a los que hemos prestado especial atención, de los cuales mencionamos los siguientes:

  • Los pueblos indígenas se incorporaron al Arco Minero del Orinoco como resultado de varias asambleas.
  • Varios diputados de la derecha han ido a Canadá, Nueva York y a distintos países africanos para mentir y chantajear a las empresas mineras que han anunciado su decisión de venir a invertir al país.
  • Todos los proyectos están estrictamente evaluados tomando en cuenta el equilibro ecológico, el equilibrio humano y el territorial.
  • ​Impera la idea de la preservación ambiental: “donde no se pueda preservar, ahí se quedará el oro y el diamante que deba quedarse hasta cuando aparezca dentro de 100 años una nueva tecnología. Es una decisión firme, sólida, total y absoluta”.
  • Sigue adelante el proceso de certificación del oro.
  • El Arco Minero no se va a detener, más bien va a continuar.

Es preciso resaltar, que a pesar de que en el marco de este decreto se le da un nuevo impulso a la Comisión Presidencial para el Desarrollo Ecosocialista y la Salvaguarda de los Pueblos indígenas en la actividad minera (creada el 08 de marzo a través del decreto Nº 2.265), vemos con gran preocupación que en reiteradas oportunidades e intervenciones se encuentran ausentes datos e informaciones más precisas que puedan explicar los detalles de un proyecto de tales dimensiones.
No creemos que un asunto tan serio como la explotación de minerales en el mal llamado Arco Minero del Orinoco pueda despacharse con una simple explicación de ser un "proyecto estratégico para la nación venezolana".

Pensamos que tanto usted, en su cargo de jefe de Estado, como las autoridades involucradas tienen el deber y la responsabilidad de dar a conocer al pueblo venezolano los proyectos y planes que comportan la seguridad y soberanía de nuestra nación.

En tal sentido, creemos que el país debe conocer ampliamente los términos de las negociaciones que en el marco de este proyecto se comprometen, por lo que tenemos el derecho de exigir como venezolanas y venezolanos, como parte del poder constituyente y conocedores de nuestra historia varias de las interrogantes que acá se plantean:

  • ¿Cuáles son las 150 empresas a las que se concesiona casi el 12% de nuestro territorio?
  • ¿Cuáles son las empresas mineras que ya han decidido “invertir” en el país?
  • ¿Por qué si se ha avanzado con tantas dificultades en la histórica conquista del derecho a la demarcación y autodemarcación territorial de los pueblos indígenas, se acelera a fondo en los estudios de certificación, exploración y prospección del Arco Minero del Orinoco?
  • ¿Por qué desconocemos la relación entre el Ministerio de Energía y Petróleo y el papel de la nueva empresa CAMIMPEG, así como el rol que asumirá en el megaproyecto del Arco Minero?
  • ¿Quiénes, cómo, cuándo y con cuáles herramientas y metodologías se pondrán límites, protección, control, vigilancia y garantías integrales a los estudios de impacto ambiental y a los potenciales conflictos socioambientales que generaría la actividad de 150 empresas de 35 países sobre el 12% del territorio nacional? Esta zona no es un “territorio virgen”, sin resistencias, como irrespetuosamente afirmó el año pasado el compañero ministro Ricardo Menéndez a propósito de la Faja Petrolífera del Orinoco.
  • ¿Quiénes y cómo se garantizará la protección integral de las mujeres, niñas y líderes comunitarias indígenas que vienen siendo gravemente afectadas por la actividad minera ilegal y el turismo depredador?
  • ¿Cuándo se hicieron las mencionadas asambleas y qué comunidades indígenas fueron convocadas?
  • ¿Fueron consultadas todas las comunidades indígenas de la región sin excepción?
  • ¿Cuáles son los grupos campesinos que se han sumado al Arco Minero?
  • ¿Ha visitado usted las zonas donde se practica la minería ilegal y ha visto el impacto en los ecosistemas y formas de vida de las poblaciones indígenas de la región?
  • ¿Quiénes conforman los 15 equipos de la Comisión Presidencial?
  • ¿Cuándo se va a reunir la comisión con los grupos ambientalistas?
  • ¿Existe realmente una forma de hacer una minería “sustentable”? No es suficiente decir que se “va a respetar el equilibrio ecológico”, lo importante es saber cómo.
  • ¿Cuáles son las valoraciones en juego: las divisas, las relaciones políticas, la vida, el agua, la tierra, el aire?, ¿son los aspectos económicos más importantes que la vida misma?
  • ¿Es el Proyecto Minero un secreto de Estado?

Esta última pregunta es el fundamento detrás de todas las demás, ya que tenemos la percepción de que con base en la razón de Estado se nos está ocultando algo de muy graves consecuencias e impacto para nuestra población.

La razón de Estado, noción que sostiene al Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, pretende convertir en un valor estratégico lo que es, en realidad, un poder que no discute sus decisiones, no escucha argumentos y sospecha de las críticas.

El contexto de guerra y arremetida contra el gobierno parece justificar el secretismo de un proyecto que, según varias comunidades indígenas, expertos y activistas ambientales, no ha tenido precedentes en nuestra historia republicana, y va a desembocar, inevitablemente, en el ecocidio, etnocidio y, eventualmente en el genocidio y geocidio, debido al alto impacto negativo que tendrá, dada la importancia global del ecosistema que está en el llamado Arco Minero y las inminentes consecuencias en la salud y la vida no solo de los venezolanos, sino de los habitantes del planeta.

Esta es la más exigente prueba para nuestra democracia participativa y protagónica, también nuestra mejor y más brillante oportunidad para salir de la economía rentista basada en energías fósiles que ha caracterizado la historia republicana venezolana. Además, es la posibilidad de migrar hacia tecnologías limpias y realmente respetuosas de toda forma de vida en nuestro territorio.

En estos tiempos de crisis se hace imperioso llevar adelante una propuesta ecosocialista, sin chantajes, sin ceder a las presiones de los poderosos lobbies enviados por las grandes corporaciones transnacionales mineras ni a los cantos de sirena del desarrollismo.

No es poca cosa lo que está en juego a corto plazo: nuestra biodiversidad y la subsistencia de las formas de vida de nuestros pueblos indígenas.

Por último, le preguntamos compañero presidente: ¿puede la riqueza del mundo compensar la falta de condiciones propicias y dignas para la vida: el agua, la tierra y el aire?

¿Qué vale más: el agua o el oro?



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