La Masacre de El Amparo, también conocida como la Masacre de La Colorada, es como se le llama al suceso ocurrido aproximadamente a las 11.00 de la mañana del 29 de octubre de 1988 en la localidad de El Amparo, municipio Páez del estado Apure , donde 14 pescadores del Arauca venezolano fueron asesinados a sangre fría por los integrantes del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), un escuadrón con apenas un año de conformación e integrado por funcionarios policiales y militares, durante el gobierno de Jaime Lusinchi.

La matanza ocurrió en el Caño La Colorada, aledaño a la población de El Amparo, un pequeño pueblo de 8 mil habitantes ubicado junto a la frontera con Colombia. A pesar de que las víctimas usaban la ropa común de las faenas de pesca, y eran vecinos conocidos por la comunidad, los jerarcas militares los presentaron ante los medios de comunicación como miembros de un grupo guerrillero colombiano con intenciones de sabotear un oleoducto de petróleo y secuestrar a los ganaderos de la zona.

Dos pescadores lograron escapar de la emboscada criminal, y el pueblo, indignado por los señalamientos, los defendió valientemente de una patrulla militar con órdenes de arrestarlos.

Gracias al testimonio de los sobrevivientes Wollmer Pinilla y José Augusto Arias se refutó la versión oficial que aseguraba que se había producido un enfrentamiento con fuerzas irregulares. Con lujo de detalles relataron, confirmado por la posterior exhumación de los cadáveres, que aquello había sido una carnicería contra civiles desarmados, quienes se encontraban en la zona con la intención de atrapar coporos y cocinar una sopa de pescado. Aquel crimen generó protestas en toda Venezuela y se convirtió en símbolo de la violación de derechos humanos de la época.

En esos momentos la justicia venezolana avaló la tesis del enfrentamiento, por lo que las organizaciones de derechos humanos del país elevaron el caso a instancias internacionales. Fue así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció el primer caso contra el Estado venezolano, y condenó al pago de reparaciones materiales a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, así como a la investigación y sanción contra los responsables. Esa sentencia, a pesar del paso de diferentes gobiernos, ha sido cumplida parcialmente.

A pesar de que las víctimas habían sido civiles, el Código de Justicia Militar, un conjunto de normas que data de 1936, establecía que tanto los delitos cometidos por militares en servicio como los delitos de Rebelión Militar, de lo cual eran acusados las víctimas, eran competencia de los tribunales militares. Se inició así, para los sobrevivientes y los familiares, un camino empedrado y espinoso para la obtención de justicia. El Ministro de la Defensa, quien pertenecía a los cuadros de mando del CEJAP, era al mismo tiempo un alto funcionario de la Justicia Militar. Por otra parte, el Juez Instructor del caso, Ricardo Pérez Gutiérrez, obstaculizó las investigaciones, modificó, ocultó y fabricó pruebas en contra de los dos sobrevivientes, y les dictó una orden de privación de libertad.

Ante la suma de irregularidades procesales, abogados y defensores de derechos humanos solicitaron la apertura de una averiguación sumarial contra el juez, negada explícitamente por orden del Presidente de la República de entonces.

Mayor implicado
El ex jefe de la Disip y hombre de confianza de Blanca Ibañez de Lusinchi, Henry López Sisco, ha sido denunciado como el mayor de los implicados en la masacre de El Amparo, así como en otros presuntos asesinatos, torturas y desapariciones durante los años 60, 70 y 80.

De López Sisco se dice que ingresó en la antigua PTJ en 1964, donde sólo estuvo un par de años, pues parece que no le gustaban tanto las labores de investigación, sino que quería ver más acción, por lo que ingresó a la DIGEPOL, organismo al cual pertenecía su padre y en el que éste aspiraría a importantes cargos.

No obstante, a la DIGEPOL no le quedaba mucho tiempo de vida, por lo que decidió irse a Estados Unidos en busca de una escuela de “policías”. Allí entró a la Escuela de Fort Bragg, sede del Centro de Entrenamiento en Guerra Psicológica. Entre los años 60 y 70 se formaron en ese centro cerca de 2 mil soldados americanos para realizar acciones paramilitares en Vietnam y Cambodia. Todos los esfuerzos realizados en este tipo de centros eran destinados a erradicar el comunismo, a este respecto sería el General William Yarborough el ideólogo de sus estrategias de guerra no-convencional.

Cuando López Sisco regresó a Venezuela ingresó a la DISIP, y se le encargó la creación de brigadas de intervención o grupos comando, especialmente dedicados a combatir a la guerrilla. De aquí en adelante es que se conocen sus actividades como “terrorista de estado”.

Para la época de la masacre de El Amparo, Sisco no sólo negó su participación o conocimiento del hecho, sino que en una entrevista dijo que la gente asesinada estaba armada y que “la decisión había sido muy buena”.

Sisco afirma que el diputado que lo acusaba de los hechos del Amparo, Wálter Márquez, era un mentiroso, de hecho parte de su defensa era que él había sufrido un accidente días antes, pues se había caído de un helicóptero que patrullaba la frontera.

Por otra parte, también se dijo que, presuntamente, fue organizador de actividades de “autodefensa” en el estado Zulia, que se creen estuvieron ligadas al cobro de vacunas y al asesinato de Rosina Di Brino, un escándalo que involucró a la policía regional del Zulia en 2006.

Hoy López Sisco está acusado de perpetrar las masacres de Cantaura (1982), Yumare (1986), El Amparo (1988), el Caracazo (1989), además de ser responsable de organizar el asedio a la embajada de Cuba (2002). La última información reseñó que se encontraba en Costa Rica, y que el pueblo venezolano está a la espera de su extradición para que se acabe la impunidad.