24 de agosto.- Para proteger los intereses económicos de más de 8 mil familias que representan a 32 mil personas, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) abrió un procedimiento administrativo permanente a la administradora San Nicolás de Bari.
El organismo, además, dictó una medida de inspección continúa a la referida empresa, en protección de los derechos de las y los propietarios a administrar sus bienes.
La asociación San Nicolás de Bari era la encargada de administrar los servicios de los 23 sectores que integran a la urbanización Nueva Casarapa, ubicada en Guarenas, municipio Plaza del estado Miranda.
Este miércoles, en rueda de prensa, celebrada en la localidad, el presidente del ente protector, Augusto Montiel, explicó que la medida se aplicó en conjunto con la Alcaldía de la municipalidad de Plaza.
Indicó también que a la empresa se le aplicará una sanción pecuniaria, equivalente a las 4 mil 500 unidades tributarias.
Dijo que la administradora fue denunciada por las y los propietarios de las residencias, entre otros ilícitos, por incumplimiento de contrato, omisión de información, cobro doble de servicio de mantenimiento e incremento de cuotas unilaterales.
A ello, se suman otras irregularidades como ausencia de rendición de cuentas a los núcleos familiares sobre los fondos de reservas, así como modificación y alteración de precios y de la calidad de los bienes y servicios.
La administradora San Nicolás de Bari es una empresa que pertenece al grupo Eiffel, a través del cual más de 12 mil familias mirandinas, han sido víctimas de estafas inmobiliarias.
“Desde este momento, ustedes (propietarios) están en el pleno derecho de tomar decisiones en beneficio de miles de familias de Nueva Casarapa. Ustedes son los únicos que pueden decidir acerca de cómo administrar los bienes que son de ustedes”, refirió Montiel.
Destacó que las comunidades organizadas de Nueva Casarapa, llevarán de ahora en adelante, la administración del urbanismo.
Añadió que en estas actividades participarán, de manera permanente, servidoras y servidores públicos del Indepabis y de la Alcaldía de Plaza.
Caridad Lupi, vecina de Nueva Casarapa, puntualizó que las actuaciones del Gobierno Nacional representan el rescate de los derechos colectivos.
“Desde hace dos meses, estamos luchando para hacer efectivo el proceso que se está cumpliendo con el Indepabis. Es el rescate de los derechos colectivos violados”, acotó.
Edgar Oviedo, vocero del frente de comerciante y también vecino, agradeció el respaldo del Indepabis en contra de los estafadores.
Aplaudió el trabajo realizado por las y los servidores públicos del organismo protector. “Son estafadores (dueños de la administradora) y tenemos las pruebas que han estafado a más de 8 mil familias”, señaló Oviedo.
Dorimar Ramos, trabajadora de la administradora, denunció atropellos por parte de la gerencia de la administradora San Nicolás de Bari.
Manifestó estar en desacuerdo con los ilícitos ejecutados por la empresa, en contra de las y los propietarios de Nueva Casarapa.
“Nos quitaron la póliza del seguro por Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM). Nos sobrecargan de trabajo y tenemos dos años que no recibimos aumento de salario”, expresó.
El presidente del Indepabis, Augusto Montiel, expuso que los derechos laborales de las y los trabajadores de la administradora están garantizados.
Informó que este sábado 27 de agosto, se realizará una asamblea general en Nueva Casarapa, con todas y todos los propietarios.
