La sombra de los soldados persigue a “El Cuervo”

Cuando fue detenido el "Cuervo"

Cuando fue detenido el "Cuervo"

Credito: Archivos

11/03/11.-El general retirado de la Guardia Nacional Felipe Rodríguez, alias “El Cuervo”, salió de prisión el pasado 4 de marzo, luego de obtener un beneficio judicial de prelibertad, tras cumplir la mitad de su condena por los atentados explosivos contra sedes diplomáticas de Colombia y España ocurridos en 2003.

A Rodríguez nunca se le juzgó por su presunta participación en el asesinato de tres soldados y de la novia de uno de ellos, ni el intento de homicidio de otra joven.

El cabo segundo de la Armada, Pedro Sifontes, declaró ante la jueza de control Deyanira Nieves Bastidas que el general retirado ordenó el pago de tres mil bolívares fuertes por el asesinato de los cinco jóvenes en febrero de 2003, según reportó el diario Panorama el 15/05/2003, citado por la página web Aporrea.org.

EL OTRO CASO DEL GENERAL

El hallazgo de cuatro cuerpos sin vida, torturados y con tiros de gracia en la cabeza y el abdomen, en Parque Caiza y en la entrada de la hacienda Palo Gacho, de la carretera Cupo-Chuspita, en el estado Miranda, sacudió a la opinión pública el 17 de febrero del 2003.

Los cuerpos correspondían a los soldados Ángel Salas, Darwin Argüello y Félix Pinto, además de Zaida Perozo, estudiante de turismo, quienes participaban en la toma militar de la plaza Altamira desarrollada entonces por la oposición venezolana para forzar la caída del gobierno del presidente Hugo Chávez.

Una adolescente de 14 años sobreviviría al homicidio múltiple. Se trata de Roxana Rivero cuyo testimonio posteriormente permitiría en el 2006 condenar a Luis Gregorio Chacín Sanguines, alias “el Armadillo”, y Gregory Rafael Umanés Castillo, “El Zorro”, a 30 años de prisión como autores materiales de los crímenes.

Asimismo, Roxana Rivero identificaría a Tairo Aristigueta, un ex agente de la PM a quien apodaban “el hombre de la etiqueta”. Según publica Aporrea, el abogado de Aristiguieta, Carlos Durán, sería el primero en solicitar a la Fiscalía General la inclusión del general retirado Felipe Rodríguez en el juicio.

“Existe en el expediente un conjunto de documentos que comprometen a varios miembros de la FAN en situación de retiro, entre ellos, el general Felipe Rodríguez, los cuales deben ser llamados a declarar”, expresó Durán.

El 26 de noviembre de 2003, el comisario Miguel Rodríguez Torres, director de la Disip, ofreció una rueda de prensa junto al entonces ministro del Interior, Lucas Rincón, y el director del Cicpc, Marcos Chávez.

Rodríguez Torres señalaría parte de los testimonios de los implicados en la masacre, entre ellos los del cabo Sifontes, Gregorio Chacín Sanguines, alias “el Armadillo”, Umanés Castillo alias el “El Zorro”, así como a Raúl Antonio “Fao” y Hugo Johny Ordóñez Dorado, alias“HJ”.

Rodríguez Torres, citado por el portal de Radio Nacional de Venezuela, informó que “El Armadillo” y Sifontes acusaron al general Felipe Rodríguez y al coronel Yusepe Pirielli como los que ordenaron el asesinato de los soldados ante una supuesta fuga de información al Gobierno. Para el funcionario, los victimarios se habrían encargado de encontrar las armas, el automóvil y un equipo de radio para llevar a cabo el asesinato.

Rodríguez Torres relató cómo las víctimas fueron trasladadas bajo engaño hasta el lugar de los hechos donde atados, golpeados y amordazados fueron asesinados con varios tiros de una escopeta. Señaló que los acusados recibieron 3 mil bolívares fuertes por el homicidio. Según Rodríguez Torres, Sifontes ofrecería el siguiente testimonio: “Una vez que regresamos del sitio nos dirigimos a la plaza Altamira. Nos encontramos al coronel Pilieri a quien “Armadillo” le dice que el trabajo está hecho. Pilieri hace una llamada al general Felipe Rodríguez y le dice que el paquete está entregado y listo. De ahí nos dispersamos”.

Sobre su relación con “El Cuervo”, Sifontes dijo: “Debía estar con él hasta el final, y cumplir sus órdenes hasta morir”.

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Los militares “disidentes” de plaza Altamira

Con el propósito de “acelerar” la caída del presidente Hugo Chávez, militares de alta graduación se instalaron en la plaza Francia de Altamira el 22 de octubre de 2002.

Apoyados por medios de comunicación privados y organizaciones políticas agrupadas en la Coordinadora Democrática, los militares se declaron en desobediencia civil invocando el artículo 350 de la Constitución y exigían la renuncia inmediata del Presidente “como única salida a la crisis” del país. En poco tiempo el grupo logró reunir a 135 oficiales incluyendo generales de división y de brigada, como Felipe Rodríguez. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo no se cumplían los pronosticos realizados por el sector opositor.

El 26 de noviembre el ministro del Interior y Justicia, Lucas Rincón, en compañía del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas , Penales y Criminalísticas (Cicpc) Marcos Chávez y del comisario Miguel Rodríguez Torres, al frente de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), dieron una rueda de prensa en la cual expusieron las distintas evidencias según las cuales llegaron a la conclusión de que varios militares que se rebelaron en la plaza Altamira estarían involucrados en muchos de los casos de ataques de carácter terrorista realizados en 2002 y 2003. Entre ellos el ataque con explosivos a los consulados de Colombia, la oficina de negocios de España y a la sede de la Mesa de Negociacion y Acuerdos en el edificio Caracas Teleport, así como en la explosión de una granada en la avenida México el 23 de enero de 2003 durante una marcha bolivariana.

“El Cuervo” se mantuvó en la clandestinidad hasta febrero de 2005 cuando fue capturado en la urbanización La Urbina. En esa ocasión el fiscal Yoraco Bauza reconoció que el ex-militar aparecía mencionado en el expediente de los homicidios.


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