Una de las esperanzas que anima la reforma constitucional es la de la posible extinción del capitalismo en las formas de gobierno… ese capitalismo que arremete a las formas sociales, que individualiza el deseo de superación y que provoca irremediablemente la insana competencia de dispares condiciones entre los venezolanos que ven en el avance, por no decir progreso, su crecimiento financiero personal.
La erradicación del capitalismo como figura modelo debe ser desplazada totalmente por las nuevas tendencias socialistas que imponen una forma compón de desarrollo y que requieren de una intervención conjunta de los esfuerzos colectivos… eso debe quedar plasmado en la constitución si queremos que el proyecto bolivariano se active y exista entonces garantía de futuro para que la misma población reclame sus efectos, derechos y deberes.
Hace unos días leyendo un artículo de Luis Britto García me pude percatar por ejemplo de la pervivencia de algunos matices capitalistas en artículos constitucionales que tenderán seguramente a manipular los escenarios futuros y finalmente a desvirtuar los objetivos socialistas de las instituciones más importantes del país. Según Brito ha que incorporar en el artículo 3403 la forma socialista en las empresas filiales de PDVSA que quedan excluidas del sistema modelo lo cual podría traducirse en la penetración de esos intereses en la estructuras original y hasta recuerda el sabotaje que desde algunas de las empresas filiales se gestó para el paro del año 2002.
Es necesario recordar que será el estado la plataforma para que el pensamiento socialista se genere en todas las instancias a nivel nacional y para eso precisamente debe existir una obligación de estado, constitucional, que no de oportunidades a quienes observan el socialismo como una especie de voluntad gramatical para tergiversar lo que constituyen sus objetivos primarios y soberanos.
Los dos factores importantes que ya el presidente viene tocando son el tema de la educación privada y la salud privada. Dos factores cuyos sentidos deberían haber sido creados para reforzar la salud pública y ofrecer una mayor capacidad de atención a un estado que un momento determinado no pudo con la demanda sanitaria y educativa. La gratuidad de ambos servicios debe ser una realidad, no obstante, los concesionarios actuales han convertido este apoyo privado en un esfuerzo mercantilizado y de poca vocación social. Las proporciones de beneficio deben ser revisadas… las propuestas de servicio y las ofertas deben ser exclusivamente para activar el apoyo a las estructuras públicas y no para generar un paralelismo que fomente la discriminación entre quienes pueden y no pueden cancelar los altos costos de una atención en determinado momento… No existen dos tipos de personas en el país y menos aún si se hace la discriminación en base a la capacidad financiera de cada individuo, eso que se halla contemplado en todas las constituciones como lo es la igualdad humana pues debe ejercerse a través de las distintas ramas de atención y oferta gubernamental con lo cual se garantiza la condición en las distintas circunstancias de la vida.
Para finalizar hago alusión nuevamente a una reflexión de Britto sobre el artículo 301 que tiene que ver con las inversiones extranjeras y nacionales dentro del territorio, alas cuales según dice la constitución se equiparan sin dejar oportunidad a las nacionales de competencia con aquellas que vienen del extranjero ya protegidas por sus propios países de origen. Eso debe variar. Las inversiones extranjeras deben tener un tratamiento foráneo y las nacionales de prioridad para nuestro estado que tiene la obligación de preponderar sobre cualquier otra inversión olas que fomentan su propio crecimiento. Hay que recordar que podría hacerse un aparte para las inversiones latinoamericanas si se hace por región continental o por tipo de servicio logrando excepciones por inversiones en áreas de especial atención pro socialista. Hasta la victoria siempre… VENCEREMOS.
