Denuncio ante el presidente Maduro y el CNU situación de las universidades

Valiéndome del anuncio hecho al país por el presidente Nicolás Maduro de hacer uso del 1x10, de Buen Gobierno, a través de este artículo denuncio con todo respeto ante presidente Maduro y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) la insostenible situación que confronta la comunidad universitaria de Universidades autónomas, debido a que existen dos aspectos fundamentales que obstaculizan el pleno funcionamiento y desarrollo de estas instituciones: uno de orden democrático y autonómico y el otro referente a lamentables condiciones de vida que confronta la comunidad universitaria (profesores/as, empleados/as y obrero/as) por los paupérrimos salarios que percibimos como trabajadores/as que laboramos en ellas y ahora por desconocimiento de legítimos derechos laborales existentes en nuestro país. Vale reconocer que esta situación igual existe para las universidades no autónomas y desde el punto de vista de condiciones salariales abarca a todo el sector educativo nacional.

En el orden democrático y autonómico es evidente y notoria la no realización de elecciones para elegir nuevas autoridades universitarias siendo que las últimas efectuadas fueron en 2012; que de acuerdo al Artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) donde se establece la autonomía universitaria como principio y jerarquía han debido realizarse en 2016. Hasta el presente estas autoridades han permanecido en sus cargos totalmente deslegitimadas desde el punto de vista universitario con todo lo que ello ha significado para el funcionamiento negativo de las universidades, siendo infructuosas hasta estos momentos las resoluciones para realizar las respectivas elecciones universitarias. En el caso salarial y laboral la comunidad universitaria debido a decisiones gubernamentales últimamente asumidas ha visto como se ha violentado y desconocido ilegalmente el derecho a un salario digno y a derechos laborales acordados en las convenciones colectivas que de acuerdo a la CRBV y a Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. (LOTTT) han sido debidamente firmadas.

Esta situación contrasta plenamente con el trato que durante la gestión presidencial de Hugo Chávez dio al sector universitario en todo momento reconociendo y respetando aspectos claves como: respeto a la autonomía universitaria que de hecho se consagró en la CRBV; pleno respeto al artículo Constitucional No. 3 en el que dice: "El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son procesos fundamentales para alcanzar tales fines"; cancelando la deuda social con los miembros de la comunidad universitaria; vetando la anti universitaria y anti autonómica Ley de Universidades de 2010 aprobada por la Asamblea Nacional; devolviendo espacios y dependencias universitarias a la UCV quitados a esta institución por gobiernos anteriores; creando nuevas universidades en beneficio de la Nación; redactando y decretando una LOTTT dirigida a garantizar y blindar de toda forma de explotación y expoliación humana y social de la clase obrera venezolana por parte de sus patrones tal como se hace en otros países y cuyos derechos sociales y laborales son inexistentes y duramente combatidos; y respetando y reconociendo la digna condición de profesionales y trabajadores/as al servicio de lo que Libertador Simón Bolívar proclamó: "Moral y luces son nuestras primeras necesidades".

En este sentido, compartiendo lo que es un sentimiento y una actitud de gran parte de la comunidad universitaria es que escribo este artículo y solicito que esta situación sea debidamente analizada y considerada al interior del Consejo Nacional de Universidades en cuanto a decidir sobre el llamado inmediato de elecciones para elegir a nuevas autoridades universitarias, así como resolver la inconstitucional e ilegal decisión tomada por organismos gubernamentales de desconocer y violar acuerdos y convenciones laborales que consagra los derechos laborales como derechos adquiridos, progresivos y que bajo el Artículo 25 de la CRBV todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo y los/as funcionarios/as públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. Cuál sería la reacción del Ejecutivo Nacional si la comunidad universitaria y el sector educativo globalmente demandaran a responsables de tal violación ante los organismos judiciales competentes con base a lo establecido en este artículo 25 si las denuncias y reclamos en favor del respeto a los derechos laborales adquiridos se ignore. Además, de acuerdo a la vigente Ley de Universidades el CNU es competente para decidir en asuntos de las universidades tal como se establece en los Artículos 18-19, y específicamente en este último artículo que el numeral 16 expresa: "16.- Convocar a elecciones en los casos en que el Consejo Universitario o la Comisión Electoral no lo hubieren hecho en la oportunidad legal correspondiente. A este efecto dictará cuantas medidas fueren necesarias para que se realicen los comicios respectivos, y cuidará en todo momento de que este proceso electoral se desarrolle normalmente".

Esta solicitud se considera como materia urgente dado que confluyen a la vez dos hechos que como se ha expresado van contra el buen funcionamiento y desarrollo de las instituciones de educación universitaria: el primero, es que la no realización de elecciones dirigidas a renovar autoridades universitarias según las normas previstas en la CRBV y Ley de Universidades no puede continuar al infinito, junto desconocimiento tanto al principio de democracia participativa y protagónica de sistema de gobierno de Venezuela, como del principio y jerarquía de la autonomía universitaria que ha sido asumido, entre otras cosas, por actuales autoridades a su entera conveniencia y particulares intereses; y el segundo, al hecho insostenible de que los miembros de la comunidad universitaria devenguen salarios paupérrimos y se desconozca derechos laborales legítimamente adquiridos violándose toda normativa establecida en la Constitución de 1999 y en la LOTTT (2012) referente al bienestar y seguridad social del pueblo venezolano.

Es claro que leyendo hoy día viernes 17 de junio en aporrea la convocatoria al Foro sobre el Instructivo de la ONAPRE y la Ley Anti Bloqueo a realizarse este mismo día viernes en la UCV, podemos decir que por contenido e intenciones expuestas en dicho instrumento que afecta los derechos laborales adquiridos de los trabajadores/as de Venezuela representa el más grave atentado contra la CRBV y la LOTTT proveniente de un organismo del Gobierno Nacional, decisión adoptada para aplicar por primera vez lo expuesto en la Ley Anti Bloqueo "de inaplicar leyes y normas que obstaculicen" determinada política económica; en este caso la anunciada apertura hacia el capital transnacional capitalista mediante venta de acciones de empresas públicas como PDVSA, empresas básicas y otras más en la Bolsa de Valores de Venezuela tal como lo anunció el presidente Nicolás Maduro recientemente.



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Amado Moreno Pérez

Sociólogo (UCV). Profesor Titular activo de la Universidad de Los Andes. Dr. En Ciencias Humanas.

 amadoula@hotmail.com

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