Caracas, 2 de agosto de 2021
Fiscal General de la República Tarek William Saab, he tomado la determinación de acudir a los medios de comunicación social con el fin de solicitar respuesta pública sobre su actuación en el caso de la familia Díaz Loreto.
Como es de su pleno conocimiento, el 19 de noviembre de 2019, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicto sentencia contra el Estado venezolano en el Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuela, por violación a los derechos humanos, entre los cuales se destacan: Derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.
Usted que constantemente acude a los medios de comunicación para informar sobre sus actuaciones, porque se ha negado a informar a los integrantes de la familia Díaz Loreto las razones por las cuales no se ha cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana, la cual ordenó que: 1.- El Estado llevará a cabo, de conformidad con el derecho interno aplicable y teniendo en cuenta las falencias previamente señaladas por esta Sentencia, las investigaciones que sean necesarias para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos en perjuicio de David Octavio Díaz Loreto, Robert Ignacio Díaz Loreto y Octavio Ignacio Díaz Álvarez, así como a sus familiares. 2.- El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. 3.- El Estado realizará programas de capacitación sobre los estándares internacionales de derechos humanos en general y en particular a la Policía del estado Aragua 4.- El Estado rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia.
Debo recordarle señor Fiscal General que el 6 de enero de 2003 los hermanos Robert Ignacio y David Octavio Díaz Loreto, al igual que su padre, Octavio Ignacio Díaz Álvarez, fueron ejecutados extrajudicialmente por parte de funcionarios policiales del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua. Indicaron los familiares de las víctimas que tras la ocurrencia de un supuesto asalto a un vendedor de plátanos, 12 funcionarios ingresaron violentamente a la residencia de la familia Díaz Loreto, ubicada en la urbanización La Segundera de Cagua, estado Aragua y procedieron a maniatar e intentar introducir en una unidad policial a Robert Ignacio quien opuso resistencia, razón por la cual uno de los funcionarios le disparó en la pierna izquierda y lo montó en la patrulla. Según mencionaron los familiares, Robert Ignacio fue llevado a un lugar distante donde se encuentra un canal de descarga de agua negra de una empresa curtidora de cuero de ganado vacuno, en el cual le sumergieron la cabeza hasta causarle la muerte. Asimismo, su hermano David Octavio Díaz Loreto y su padre Octavio Ignacio Díaz Álvarez, salieron en búsqueda de Robert Ignacio con dirección al hospital de Cagua cuando fueron interceptados por una unidad del mismo cuerpo policial cuyos funcionarios procedieron a ordenarles que se bajaran del automóvil y a dispararles causándoles la muerte instantáneamente.
Explíquele a la familia Díaz Loreto porque hasta hoy los funcionarios policiales responsables de la ejecución extrajudicial de las víctimas permanecen laborando en la policía regional, con ascensos y reconocimientos cada año, como es el caso del comisionado agregado Saúl Ramos, quien fue premiado con el cargo de director de la Dirección de Investigaciones Penales de la policía de Aragua en donde labora hasta el momento.
Las víctimas no entienden porque a pesar de los distintos llamamientos que se le han hecho para que el Ministerio Público le imprima celeridad a las investigaciones, no han podido lograr que usted cumpla con sus atribuciones consagradas en el artículo 285 de la Constitución Nacional.
Señor Fiscal General, es hora que las predicas se practiquen a diario, tal como usted lo aseguro en su informe N°. 3, presentado en la Corte Penal Internacional el 13 de julio de 2021, mediante el cual, informó que el Ministerio Público adelantaba cambios sustanciales para la protección a los derechos humanos.
Abog.
Representante de las Victimas ante la Corte Interamericana
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