El título merece alguna explicación. En Diccionario de Lengua Española no existe la palabra "desrevolución", pero aquí la empleo para significar proceso de reciente aparición en Revolución Bolivariana emprendida por Presidente Hugo Chávez F. donde determinados factores del Gobierno Nacional, BCV, AN y PSUV han venido propugnando, definiendo y tomando decisiones de orden político, económico, jurídico y legislativo para modificar componentes fundamentales de orden constitucional, político, ideológico, legal y programático del proceso bolivariano. Por lo general, desde las ciencias sociales al analizar procesos revolucionarios atacados se utiliza conceptos como anti-revolución, contrarrevolución o involución revolucionaria.
El primero y segundo concepto caracteriza hechos contra alguna revolución; y el tercero identifica cambios que se dan en una revolución que la retrotraen a realidades y tiempos superados. Pero en el caso de "desrevolución" significa que por elementos políticos, ideológicos, presión internacional o pragmatismo factores que detentan el poder actual ven al proyecto original revolucionario (bien sea concebido o ejecutado) muy radical y se percibe un obstáculo frente a nuevas circunstancias al cual está sometido el país. Por tanto, la realidad exige introducir reformas para reducir tensiones o satisfacer demandas de opositores internos y poder imperial internacional; o simplemente para implantar "nuevo modelo económico" (¿). Es decir, es restarle continuidad y fuerza a revolución e incorporar componentes que incluso pueden resultar contrarrevolucionarios.
Este proceso de "desrevolución" se expone sin mayor análisis puesto que se fundamenta en hechos concretos y se plantea como consecuencia de decisiones de ANC e iniciativas de AN para aprobar leyes dirigidas a desaplicar leyes orgánicas (o artículos dentro de ellas) aprobadas durante periodo presidencial de Chávez a propósito de: uno, la llamada Ley Constitucional de Antibloqueo Para El Desarrollo Nacional Y La Garantía De Los Derechos Humanos aprobada por ANC; dos, cómo AN integró CNE con rectores principales y suplentes representantes de oposición más extrema; tres, que Tribunal Supremo de Justicia desaplicó normas electorales del Poder Electoral que rigieron en últimos quince años; cuatro, expectativas y dudas en relación a Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (LOZEE); y cinco, a política económica gubernamental de corte pragmático-economicista, neoliberal y tecnocrática expuesta, sustentada y apoyada por funcionarios públicos, diputados AN, BCV y dirigentes obreros inhibidos que en conjunto últimos años no han podido dar respuesta efectiva ante salarios paupérrimos y pérdida de calidad de vida; sin desconocer por supuesto la guerra imperial contra Venezuela y pueblo venezolano. Estos aspectos se detallan a continuación.
En efecto, primero. Por decisión de la fenecida ANC, y al final de la misma, el 9 de octubre de 2020 aprobó esa Ley Antibloqueo con facultad para desaplicar aquellas leyes orgánicas o no, de manera total o parcial, que dificulte propósitos y fines definidos en esa ley constituyente (Artículo 19). De ese proyecto de ley presentado (08/10/2020) por presidente Nicolás Maduro a ANC para discusión y aprobación pudimos conocer contenido y componentes inconstitucionales por artículos de Luís Brito García (03-10-2020) y María Eugenia Díaz (06-10-2020), entre otros, publicados en aporrea. Luego ante críticas válidas y legítimas realizadas ANC hizo correcciones pero sin alterar aspectos substanciales de referida Ley Antibloqueo. Podemos decir, a este respecto, que María Eugenia Díaz por esta postura crítica no se colocó en lista de diputados/as por PSUV-Polo Patriótico para elecciones de AN del 6 de diciembre de 2020, como se hizo con constituyentitas con menos méritos que ella. Díaz ha demostrado lealtad dando aportes importantes a proceso revolucionario, defendiendo la Constitución y proceso constituyente impulsado por Hugo Chávez. Sobre facultad dada a Ejecutivo Nacional para desaplicar leyes los buitres de la economía interna e internacional tienen la mira puesta en dos joyas de la corona: Ley Orgánica de Hidrocarburos y Ley Orgánica del Trabajo, como exigencias para realizar supuestas inversiones (como muestra véase información publicada en Noticiero Digital (28/05/2021) donde se lee: "Argus: socios de PDVSA no reactivarán la producción hasta tanto no reforme la Ley de Hidrocarburos".
Segundo, el 4 de abril de 2021 AN nombró nuevos rectores del CNE incorporando producto de un acuerdo político cupular como principales y suplentes a personas pertenecientes a más rancia oligarquía y oposición extrema, de partidos como organizaciones empresariales y ONG financiadas desde EEUU (ver artículo de autor en aporrea El nuevo CNE+Súmate=Fedecámaras (08/04/2021).
Tercero, mediante artículo de Taynem Hernández publicado en La iguana tv (Cuál es el marco jurídico de las elecciones regionales y municipales (17/05/2021) nos enteramos (de nuevo) que la Sala Constitucional del TSJ desaplicó normas electorales contenidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y en su Reglamento General, referida una a la representación de legisladores estadales y concejales escogidos de formal nominal y por representación proporcional que eran, respectivamente, del 70% y 30%; con la modificación pasa a ser de 60% y 40%, respectivamente; y la otra (la más crucial)al alterar carácter soberano e independiente de la República Bolivariana de Venezuela e igualdad de independencia orgánica y autonomía funcional del Poder Electoral, tal como está establecido en Capítulo V del Título V De la organización del Poder Público Nacional. Esta segunda desaplicación según Hernández se refiere: "La LOPRE tiene un reglamento general en el que se detallan los procedimientos y actos de organización de las elecciones. Allí se incluye también lo relativo al acompañamiento internacional, cuya denominación fue modificada el año pasado por lo que pasó a llamarse veeduría internacional, con lo que cambió el concepto que desarrolló el CNE desde hace más de 15 años y que puso límites a la indebida injerencia internacional en las elecciones venezolanas".
No se requiere ser erudito para ver lo que puede lograr la presión internacional (Estados Unidos, la parcializada, derechista y colonialista UE) junto a oposición interna anti-patria. Producto de esta presión estos factores del poder imperial lograron que se modificaran puntos clave del sistema jurídico institucionalizado durante el periodo de Chávez, para colocar próximas elecciones del 21 de noviembre en marco adecuado a sus interés desestabilizadores y ataques destructivos contra Venezuela y pueblo venezolano que durante años han perpetrado (estrategia aún no abandonada y quien así lo crea constituye mayúscula ingenuidad o simplemente dar más concesiones cuyos resultados son una caja de pandora). Cabría preguntar: ¿se admitiría, por razones políticas y conveniencia externa, que TSJ tuviera veeduría internacional? ¿Admitiría el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional y Poder Ciudadano que TSJ les impusiera veeduría internacional como hizo Sala Constitucional con el Poder Electoral? ¿Hasta dónde no se ha violado el Artículo 1 de CRBV al cambiar esa norma electoral del CNE? Como se ve claramente aún existe en Venezuela la mentalidad neocolonial.
Cuarto, con la LOZEE sucede otro tanto de demostración hacia un camino de desrevolución y lleno de proposiciones etéreas y carentes de contenido revolucionario e incluso nos recuerda parte de la formación capitalista venezolana en décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. En este periodo estaba en apogeo teoría de "polos de desarrollo" o Polos de Crecimiento de Francois Perroux, estrategia de planificación asumida por CORDIPLAN (Oficina Central de Planificación y Coordinación), organismo creado (30/12/1958) adscrito a Presidencia de República. Bajo la teoría de polos de desarrollo fue que se concibió construir el complejo Industrial Estratégico de Empresas Básicas de Guayana y crear Corporación Venezolana de Guayana (CVG: 1960) (de esta historia triste de polos de desarrollo y enclaves industriales existen estudios en Venezuela, como por ejemplo en CENDES e Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (UCV) y Ministerio Popular de Planificación, entre otros).
Con esta LOZEE se presentan dos situaciones. Una relacionada con concepción y contenido de la Ley, y otra situación con respecto a experiencia del miércoles 26 de mayo cuando presidente Maduro realizó encuentro televisado para exponer y discutir esta Ley con diputados/as de AN e integrantes del Gabinete Ejecutivo. Allí pudo apreciarse plena coincidencia de diputados miembros de Comisión de Finanzas de la AN (PSUV y oposición) en puntos clave de la Ley al concebirla como instrumento legal para atraer inversión transnacional privada y satisfacer a capitalistas internos garantizándoles: confianza, seguridad jurídica y otros factores de localización industrial-financiera, conceptos propios de programas de ajuste estructural neoliberal de dos últimas décadas del siglo pasado. El presidente Maduro diciendo que no "es escaparate de nadie" (de manera correcta) leyó críticas hechas a la Ley publicadas en redes sociales y recomendó prestarles debida atención al respecto. También hubo consideraciones y advertencias importantes de ministros Tareck El Aisami y Ricardo Menéndez.
Para que La Ley de Zonas Económicas Especiales no constituya factor disgregador y antagónico con leyes fundamentales del proceso revolucionario bolivariano debe analizarse junto a Plan de la Patria (2013-2019), Ley Orgánica De Planificación Pública y Popular (2010), Políticas de Equilibrio Territorial y ejes de territoriales de desconcentración, y Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (ZEDES) elaboradas por Ministerio de Planificación Popular, dentro del Plan de Reordenamiento Territorial y Espacial de Venezuela.
Quinto, la política económica del Gobierno Nacional-BCV respaldada por diputados/as de AN y dirigentes obreros/as del PSUV-Polo Patriótico ha sido analizada por economistas de revolución bolivariana donde demuestran dramática realidad socioeconómica venezolana de especulación; salarios paupérrimos; pérdida calidad de vida del pueblo, del valor de pensiones, prestaciones sociales y pasivos laborales; beneficios exorbitantes otorgados y obtenidos por empresarios a costa de explotación de clase obrera venezolana; unida a procesos de privatización y amenazas de desnacionalización de estratégicas empresas pública, y desnacionalización de economía del país por perversa dolarización. A estos análisis y estudios la respuesta ha sido de parte de funcionarios desvalorizarlos y autores tratarlos ofensivamente. Antes esta realidad denunciada y analizada lo correcto es que quienes tienen responsabilidad de defender pleno legado del Presidente Hugo Chávez y reafirmar la Patria libre y soberana la asuman sin cortapisas. Mucho más cuando el 8 de diciembre de 2012 Chávez en último mensaje a la Nación aludió a la patria en siguientes términos:
"Tenemos patria, tenemos una patria, ¡Cuánto costó, cuánto costó recuperarla! Revivirla, levantarnos con ella entre dolores, entre pesares, recordemos cuánto ha costado, cuánto nos ha costado a millones". Y para reafirmar este pensamiento vale resaltar aquí el último programa de Diosdado Cabello, Con el mazo dando, donde reprodujo audios del comandante Hugo Chávez refiriéndose: a oligarquía, socialismo siglo XXI y construcción, revolución bolivariana, expuso la "conciencia es como fuego que no se apaga, que frente a arremetidas de la oligarquía mayor revolución" y a Venezuela hay que exorcizarla ante tantos demonios sueltos que luchan contra la Patria para destruirla. En este tiempo, cualquier discurso de Chávez se contrasta con expresiones emitidas por funcionarios y diputados que dicen ser chavistas se verá cuanto discrepan de las concepciones sustentadas por Comandante Presidente en su trayectoria.
Robert Serra dijo: "la revolución bolivariana es irreversible". Yo afirmo: Revolución bolivariana sin la fuerza de Chávez es una farsa.
