La Soberanía Popular creará un nuevo escenario antes del 6-Dic. 2020

El escenario político actual se puede caracterizar generalmente polarizado, política y socialmente entre el partido de gobierno (PSUV y sus aliados) que monopoliza ilegítimamente el poder político, institucional, económico y militar, por otro lado un bloque opositor esparcido y fragmentado por diversas expresiones organizativas sociales, gremiales, sindicales y políticas que apuntan por la celebración de una elección del Poder Legislativo para finales del 2020 y otra por una salida democrática, pacífica y retoma del hilo constitucional que resulte en mediano plazo la restructuración del Estado, la recuperación económica y la construcción de un escenario que permita proteger el derecho al sufragio en una futura elección presidencial. Esto aunado a la restricción de los derechos políticos, una hegemonía pro gobierno dueños de los medios de comunicación, aumento progresivo de la censura y persecución, la desigualdad de recursos entre los bloques políticos y sentencias judiciales sesgadas violatoria de los derechos humanos; por otro lado sanciones internacionales en contra de algunas personalidades de la vida política y otras a los representantes del Estado Venezolano van repercutiendo negativamente a la mayoría de los venezolanos y contradictoriamente a un pequeño grupo de venezolanos dueños de los bodegones, redes de distribución, venta de divisas e importación que acumulan grandes ganancias. Pese a este escenario la inmensa mayoría de la gente sobrevive al octavo año consecutivo de recesión económica y encarecimiento de los servicios básicos esenciales afectando la vida socioeconómica de las familias venezolanas, y a pesar de la aparición del Covid-19 en nuestro día a día, este fenómeno ha visibilizado las contradicciones de las políticas sociales y económicas en la gestión pública del Madurismo dejando a su paso una evidente desigualdad y aumento de la pobreza extrema.

Luego de las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015 transcurrieron 5 años para constatar el proceso involutivo de nuestro sistema democrático y evidenciar las restricciones al ejercicio de los derechos políticos ciudadanos, en particular las medidas de privación de libertad e inhabilitaciones a dirigentes disidentes chavistas y opositores, limitando la libre asociación, el desarrollo de una campaña y el debate dificultando la vida partidaria y participación ciudadana, y entorpecen la posibilidad de la alternancia pacífica, ordenada e institucional. Esto fue lo que produjo la participación electoral para esas elecciones del 2015 que alcanzó 74.2%, con una ganancia de 8 puntos comparado a la elección parlamentaria del 2010; esta cifra fue histórica y situada en la más alta de la historia de elecciones del Poder Legislativo durante el siglo XXI, para ese momento se confirmaba la convicción democrática del pueblo venezolano pero desafortunadamente el Poder Ejecutivo en vez de aprovechar estos resultados para establecer canales de comunicación entre las fuerzas democráticas, y así percibirse como un gobierno democrático y respetuoso, cerro todo canal de diálogo y profundizo un proceso de abuso de poder que fomenta un ambiente político e institucional irrespetuoso, intolerante que desvirtúa las reglas constitucionales violentando los derechos humanos.

Lo que antes nos llenábamos de orgullo a los miles de trabajadores y funcionarios electorales venezolanos donde se hablaba de soberanía tecnológica en materia electoral, sobre las virtudes del Satélite Simón Bolívar para proporcionar banda ancha y acceso a sitios inhóspitos por vía Vsat, una CANTV repotenciada sin tener que envidiarle a las empresas de telecomunicaciones, unos trabajadores y funcionarios electorales con posibilidades de formación académica y mejoramiento de sus condiciones laborales, en la actualidad la situación es muy distinta. A partir del 2016 luego de imposibilitar la realización de la Solicitud del Referendo Revocatorio del Presidente Nicolás Maduro para que se cumpla con la promesa de Salida Democrática, Pacífica, Constitucional y Electoral, el Poder Electoral entró en una fase de retroceso e involución de sus procesos. Desde el Poder Ejecutivo se planteó la destrucción del Poder Electoral para convertirla en un apéndice de los intereses del partido de gobierno.

Transcurrieron 5 años para poner en duda el esfuerzo de años de modernización tecnológica ininterrumpida, un CNE autónomo en áreas y actividades como la selección de organismos electorales subalternos, sistema automatizado postulaciones; generación y producción de boletas o tarjetones electorales electrónicos, adiestramiento de personal técnico y operativo, generación de datas de configuración de máquinas de votación y servidores de totalización, sistema identificación y autentificación del elector, entre otras, y se fueron abajo cuando la empresa Smarmatic señaló que las cifras anunciadas por el CNE en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 fueron manipuladas y que en el proceso electoral desarrollado el 30 de julio habrían participado menos votantes de los que arrojan las cifras oficiales, destacó que la diferencia estimada sería de al menos 1 millón de votos. Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación pero es importante destacar que esto no hubiera ocurrido si los auditores de todas las organizaciones con fines políticos hubieran estado presentes en las diferentes fases del cronograma electoral, por tal sentido hasta la fecha de hoy es un misterio los resultados, escrutinios y la totalización de dicho proceso comicial que ni siquiera es publicado en la página web del Consejo Nacional Electoral dejando en evidencia que no es autónomo ni tecnológicamente y lamentablemente sus competencias constitucionales son tuteladas por la Asamblea Nacional Constituyente.

El Consejo Nacional Electoral desafortunadamente depende en todas las áreas que antes tenían plena autonomía tecnológica y ahora se debe contar con proveedores externos, como por ejemplo servicios externos de telecomunicaciones, en la fabricación y sustitución de máquinas de votación y sus repuestos. Ahora todos esos servicios y procesos ¿quiénes harán seguimiento y vigilancia a esos procesos?, ¿cómo son evaluados en sus esquemas de diseño, seguridad, confiabilidad y funcionalidad del servicio?, ¿quiénes son auditores externos?, ¿cuánto cuesta reponer la más de los 55mil equipos tecnológicos electorales y sus componentes destruidos en los almacenes del CNE Mariches?, ¿cómo serán las comunicaciones, trasmisiones con la plataforma satelital de antenas VSAT?, ¿quiénes son los proveedores de los servicios? Si el satélite Simón Bolívar (VeneSat-1) ha dejado de funcionar y una desactualizada, sin inversión y quebrada CANTV, sumada a una gran parte de sus funcionarios electorales han renunciado, están inmersos en el ausentismo laboral y otros sin poder movilizarse por los bajos salarios que perciben. Estas y otras preguntas se deben hacer cada uno de los venezolanos.

En los últimos 5 procesos comiciales se ha demostrado que si existe una desconfianza pública en el sistema electoral venezolano, es importante considerar las imposibilidades para el ejercicio de las libertades y los derechos políticos fundamentales. Este sistema electoral tutelado no garantiza la representación de las minorías, tampoco busca solucionar los desequilibrios previos a la representación sino que busca crear condiciones para que no repita el escenario de las elecciones Asamblea Nacional 2015 donde la oposición obtuvo la mayoría calificada y mantener una cuota igual o mayor de escaños por voto listas a las adjudicaciones por voto nominal para obtener un control absoluto del Poder Legislativo. La sustitución por vía del TSJ de las Juntas Directivas de cinco organizaciones con fines políticos; más de 46 organizaciones con ámbito nacional y 46 organizaciones con ámbito regional, 3 comunidades y organizaciones indígenas de ámbito nacional y 9 de ámbito regional lo que suman unas 104 organizaciones políticas y comunidades indígenas canceladas para no participar en estos comicios del 6-D concretándose una violación a la libertad de asociación y a presentarse a las elecciones, como también los casos de inhabilitaciones políticas, casos de rechazo a postulaciones ante las juntas regionales y nacionales, numerosos casos de irregularidades en el registro electoral electores fallecidos, reubicaciones fraudulentas, ventajismo en la campaña electoral, uso de los recursos del estado, poco equilibrio en las cuñas o propagandas en radio, tv y prensa, impedimento en el rol de los testigos de mesa por parte del CEOFANB o él personal técnico operativo del JNE, entre otras; son una demostración clara de que no existe garantías y mucho menos condiciones para realizar un proceso comicial y es por ello que unas elecciones democráticas solo se pueden dar en un ambiente de medidas de bioseguridad, estabilidad social y garantía a los derechos humanos, se debe dar en un entorno pluralista que tengan una variedad de visiones e intereses políticos pero si se restringe o interfiere en el ejercicio el ejercicio al derecho al sufragio a través del incumpliendo de las medidas de bioseguridad para evitar contagios, ventajismo, impedimentos a los roles de verificación ciudadana, entre otras, estaríamos ante una elección no auténtica que expondría a la población en un aumento de contagios del Covid-19 y repitiendo el escenario de los últimos procesos comiciales resultando como característica principal la poca participación del electorado.

Y como lo escribí en mi artículo La Democracia Involuciona. Regreso a la supresión de los derechos políticos y la celebración de un proceso comicial tutelado por la ANC. El derecho al sufragio no lo garantiza un cambio de autoridades y menos removiendo las mafias enquistadas en el CNE. Se garantiza en la medida que el Estado permita a sus ciudadanos puedan asumir su deber protagónico en la participación ciudadana, ejerciendo su soberanía popular, en lo concreto participar protagónicamente a través del control, seguimiento y verificación de la ejecución de las etapas y actividades del cronograma electoral para que se ejecute de manera trasparente, fiable y justa. Esto solamente se concreta en la construcción de una plataforma unitaria e incluyente, consciente del gran reto que ha de alcanzar en la superación de viejas prácticas y las que actualmente gobiernan ilegalmente nuestra nación.

Esta es una oportunidad de oro, para que la soberanía popular pueda crear un nuevo escenario antes de concretarse una nueva estafa al país y ver la abstención como medio necesario para lograr el protagonismo como mecanismo alterno de participación que procura en provocar la nulidad de un proceso electoral viciado, pero constituye una forma de expresar del sufragio que, en el presente caso, no produce un efecto jurídico alguno, pero promueve que otros mecanismos de participación previstos en la Constitución Bolivariana del 99 logre alcanzar el protagonismo necesario, y así materializar las iniciativas legislativas, constitucionales y constituyentes, se logre promover los cabildos abiertos, y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas que tendrá carácter vinculante. A pesar que la abstención como mecanismo de participación deslegitima y anula solo las consultas refrendarías (porque afectaría el quorum necesario para que el resultado sea vinculante), pero no en otros procesos electorales, en consecuencia, es necesario fomentar en los ciudadanos el ejercicio protagónico en el control de la gestión pública en la formación, ejecución y control para visibilizar las denuncias, las irregularidades, violaciones al ordenamiento jurídico electoral y la destrucción de la institucionalidad del voto. El no votar en estas elecciones es un compromiso con el país, ya que, con todas sus imperfecciones, es un deber que tenemos los venezolanos ejercer el protagonismo necesario para crear un nuevo escenario que resulte en la concreción de una nueva democracia.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 602 veces.



Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales


Síguenos en Facebook y Twitter