El duopolio Alianza-Concertación (Nueva Mayoría) ha hecho tanto o más daño a la libertad de prensa que la misma dictadura, esforzándose por concentrar más del 90% de los medios informativos en manos de empresarios de ultra derecha que, en algunos casos, han sido sediciosos y golpistas.
Arturo Alejandro Muñoz
Cuando en los primeros meses del año 1990 millones de chilenos celebraban el paso de la dictadura a la democracia y aplaudían sin reservas la asunción de Patricio Aylwin a la Presidencia de la República, sólo un pequeño grupo de connacionales comenzaba a descubrir que el nuevo período político sería un perfeccionamiento de lo realizado por la dictadura cívico-militar.
Ese pequeño grupo se enteró que realmente habría algunos cambios en ciertas áreas, pero en lo referente a economía y libertad de prensa la situación seguiría estando bajo un inaceptable control de los mismos poderosos de antes, pero esta vez con el concurso y apoyo irrestricto del gobierno democrático.
Quizás el primero en enterarse de estas situaciones pudo haber sido Jorge Lavandero Illanes, en ese momento (año 1990) dueño del diario "Fortín Mapocho", y quien le siguió en ese ‘descubrimiento’ fue tal vez Víctor Pey reclamando al estado el pago por la apropiación indebida del diario "Clarín" que habían efectuado los militares al inicio de la dictadura el año 1973.
Respecto del "Fortín Mapocho", Jorge Lavandero nos relata lo siguiente:
¿Y qué ocurrió con el popular diario ‘Clarín’, que como ya dijimos fue asaltado y allanado por los militares en 1973, y pasado a manos del ejército sin mediar pago alguno?
Al retornar la democracia el año 1990, Víctor Pey (el propietario legal de ese diairio) solicitó al gobierno de Patricio Aylwin la devolución y reparación de los bienes incautados ilegalmente por el Estado de Chile. El gobierno de Aylwin guardó silencio y no respondió al requerimiento. Lo mismo hicieron posteriormente los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de Ricardo Lagos Escobar. Entonces, Pey recurrió a la instancia arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. El día 20 de abril de 1998 el CIADI aceptó tramitar lo solicitado.
El gobierno chileno, casi como reacción mecánica, solicitó al CIADI que se declarara incompetente en ese caso. Su tesis era que de acuerdo a la legislación vigente en Chile, todo ciudadano chileno estaba inhabilitado para litigar contra el Estado en una instancia reservada para arbitrajes internacionales.
Pero Joan Garcés negó en el proceso en el CIADI que Víctor Pey fuese ciudadano chileno, ya que la Junta Militar le había prohibido ingresar al país retirándole el pasaporte, con lo cual el Estado de Chile desconocía oficialmente los beneficios del Convenio de Doble Nacionalidad entre España y Chile, vigente desde 1958. Además, en el año 1996 Víctor Pey había renunciado a la nacionalidad chilena, lo que fue comunicado por España a Chile, cuyo gobierno (Frei Ruiz-Tagle) lo inscribió de inmediato como ’extranjero’.
Pese a ello, el año 1995 Víctor Pey ofreció al gobierno de Frei Ruiz-Tagle un acuerdo amistoso: que el Estado lo indemnizara por los bienes confiscados, y con ese dinero volver a editar Clarín. No obtuvo ninguna respuesta.
En el mes de mayo del año 2008, el CIADI falló a favor de la Fundación Presidente Allende y de Víctor Pey. Se ordenó al Estado de Chile proceder a cancelar una indemnización de diez millones de dólares (US$10.000.000), más costas e intereses. El gobierno de Michelle Bachelet, contrariado y temeroso, decidió apelar a la espera de poder contar con un fallo final que eximiera al Estado chileno de obligarse a pagar a Víctor Pey y a la Fundación Presidente Allende una indemnización que, en rigor, permitía la reedición del diario ‘Clarín’ en manos, precisamente, de ex asesores y amigos fieles del Presidente socialista, figura emblemática de la izquierda chilena y latinoamericana que, sin embargo, parece ser hoy un ‘detenido-desparecido’ en los pasillos y oficinas de tiendas como el PRSD, el PPD y el mismo Partido Socialista.
Esto último es imposible de desmentir, pues ya en el año 1999 el gobierno concertacionista –a través de su ministro de Bienes Nacionales (Claudio Orrego)- estuvo dispuesto a indemnizar a los supuestos copropietarios de ‘Clarín’ con una cifra idéntica a la que determinó años más tarde el CIADI. Se trata, entonces, simple y llanamente, por parte del duopolio, de una acción coordinada y permanente para evitar a cualquier precio y costo que un medio informativo independiente, de izquierda en serio, con espíritu latinoamericanista, y en manos de dos leales amigos del fallecido presidente Salvador Allende, agite las aún calmas aguas neoliberales que tan beneficiosas han sido para los intereses particulares de los dirigentes de esos dos conglomerados político-empresariales.
Por cierto, no se detiene ni se ahoga en esos dos casos la acción coordinada de la Alianza por Chile y la Concertación, en cuanto a asfixiar la libertad de prensa, pues resulta necesario agregar que esos personajes, asociados en la empresa de instaurar el neoliberalismo en Chile cual si fuese una ‘civilización’, fueron y siguen siendo los responsables, en plena ‘democracia de los acuerdos’, del cierre de una decena de medios escritos –todos de centro izquierda o izquierda- ocurrido en los gobiernos de la Concertación. Baste recordar lo sucedido a partir de 1990 con los desaparecidos diarios La Época, Fortín Mapocho, Siete, y las revistas Análisis, Cauce, Página Abierta, APSI, Los Tiempos, Siete Más Siete, Plan B y Rocinante, y después con el diario electrónico Granvalparaíso, al que el gobierno le cortó el avisaje traspasándolo –una vez más- a medios informativos derechista, como ELMER, y COPESA.
Todos esos medios independientes fueron económicamente asfixiados por acción deliberada de los gobiernos concertacionistas que no querían hacerse problemas con los poderes fácticos políticos, empresariales y militares del pinochetismo. En el pasado, varios de esos ahora "libertarios" parlamentarios –sea por acción u omisión- promovieron y apoyaron el cierre y el robo "manu militari" de los medios de prensa de izquierda en 1973 Además de lo acontecido con Clarín, basta recordar lo acaecido a los diarios Última Hora, La Unión y El Popular de Valparaíso, así como a las revistas Mayoría, PLAN, Punto Final y Chile-HOY, las imprentas Prensa Latinoamericana y Horizonte, y las radios Magallanes, Corporación, Luis Emilio Recabarren, Nacional y Sargento Candelaria.
Hoy, en Chile, el 90% de la prensa escrita está en manos de ELMER (El Mercurio) y COPESA (La Tercera), con sus tentáculos LUN, La Segunda y La Cuarta, además de la prensa de provincias, la que en su mayoría pertenece a uno de esos dos consorcios que, ¡¡cómo no!!, poseen la misma línea editorial-ideológica, en algunas instancias alineadas con la sedición, como la demostró la Historia reciente.
De ese modo, la libertad de prensa en nuestro país ha sido puesta bajo arresto, y se encuentra controlada y restringida por la acción de quienes precisamente no deberían interesarle, ya que tal como aseguró hace algunos años la Gerente-Propietaria del prestigioso diario estadounidense "Washington Post, "nuestra labor es defender al pueblo, no a los gobernantes".
