Dos preguntas a los militantes de la izquierda venezolana

LA PRIMERA PREGUNTA

1- ¿Si este fuera un gobierno adeco o copeyano, que estaríamos haciendo?

Como yo soy militante de izquierda, permítanme contestar esta:

Estaríamos en la calle, con Constitución en mano, denunciando a un gobierno hambreador y autoritario, que pretende desconocer, las conquistados sociales y económicas logradas por las y los trabajadores. Por todos los medios posibles, difundiríamos las pretensiones gubernamentales de violar un principio inserto en nuestra Constitución, concretamente en el artículo 89, que dice: "Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias".

Estaríamos en la calle, con Constitución en mano, denunciando a un gobierno autoritario, que pretende desconocer las contrataciones colectivas, como lo establece el Artículo 96 de nuestra Constitución.

Estaríamos en la calle; exigiendo el derecho a un salario digno, que sea ajustado al costo de la canasta básica como lo establece la Constitución de la República Bolivariana, en su artículo 91.

Estaríamos en la calle, con Constitución y Ley de Tierras en mano, denunciando a un gobierno, que nada hace ante los atropellos, que son víctimas los campesinos por parte de terratenientes, funcionarios gubernamentales y militares que en vez de estar cuidando fronteras están cuidando sus latifundios.

Estaríamos en la calle; denunciando a un gobierno entreguista, que, hablando en el argot cinematográfico, está haciendo un burdo remake de los programas neoliberales de Carlos Andrés Pérez (Gran Viraje) y Rafael Caldera (Agenda Venezuela) pero con nuevos acreedores internacionales.

Estaríamos en la calle; con Constitución y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en mano, denunciando a un gobierno entreguista y exigiendo la derogación del decreto del Arco Minero del Orinoco, que atenta contra la soberanía nacional, atenta contra los derechos de los pueblos indígenas y causa daños irreversibles a nuestro ecosistema.

Estaríamos en la calle; denunciando a un gobierno entreguista y exigiendo la derogación por inconstitucional de la Ley de Inversión Extranjera Productiva, por cuanto atenta contra nuestra soberanía, quedando Venezuela expuesta a ser sometida a jueces y tribunales extranjero.

Estaríamos en la calle luchando contra el desmantelamiento y subasta de nuestra principal industria, exigiendo respeto hacia las y los trabajadores petroleros, que son víctimas de persecuciones y toda clase de atropellos, por parte de una directiva, advenediza, que nada sabe de la complicada actividad petrolera.

Estaríamos en la calle exigiendo respeto a los derechos humanos para los detenidos por orden del Fiscal General de la Republica, que muchos tienen más de un año sin realizárseles la Audiencia Preliminar como lo determina la ley, la cual no debe exceder los 15 días hábiles, después de su detención. No los llamaríamos detenidos, sino, secuestrados.

Estaríamos en la calle exigiendo al gobierno libertad sindical, el derecho a que los sindicatos y federaciones realicen sus procesos de renovación de sus directivas; tal y como lo establece el Artículo 95 de nuestra Constitución.

Estaríamos exigiendo respeto al gobierno en cuanto al derecho que las comunidades realicen sus procesos de renovación de sus órganos de participación popular sin interferencia gubernamental.

Estaríamos en la calle; diciéndole a la Asamblea Constituyente que abra el debate, que nunca más, vamos a permitir que se haga una Constitución en cenáculos, como la Constitución de 1961, que se remita a sus funciones como órgano sujeto al poder Constituyente, que es; el pueblo.

Estaríamos en la calle exigiendo que los programas de asistencia social; como entrega de alimentos, medicinas, útiles escolares y otros; por provenir de los recursos públicos, tienen que ser distribuido por instituciones del estado o por las organizaciones del poder popular, pero en ningún caso puede ser repartido por instancias o instrumentos del partido gobernante, el cual sería una aberración y una corrupción legalizada; que un partido político, que tiene sus fines específicos asignado por la ley, se encargue de administrar como si fueran sus fondos, los recurso de todos los venezolanos. Yo podría asistir a una institución gobernada por AD o COPEI, a exigir una asistencia, que por ley me corresponda, pero, no iría jamás a la casa de COPEI o de AD, a solicitarla; eso atentaría contra mi dignidad.

LA SEGUNDA PREGUNTA.

Esa, si la dejaría que la respondieran, mis camaradas y partidos de izquierda:

2 - ¿Por qué antes salíamos a protestar contra AD y COPEI y ahora guardamos silencio ante todos estos desafueros gubernamentales?

pablofucik21@gmail.com



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