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Las mafias imponen su ley

El transporte público colectivo superficial de pasajeros, en el marco de la agresión internacional que enfrenta Venezuela, es un tema de seguridad de Estado. El enemigo está financiando el colapso del sistema de transporte y ello obliga a que éste no pueda continuar exclusivamente en manos de particulares, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Las mafias que lo controlan han conseguido imponer su propia ley, haciendo nugatorias todas las regulaciones de las Alcaldías y del Gobierno Nacional. Han logrado sembrar el caos en todas las ciudades, en particular en la propia capital de la República, donde obstaculizan a su antojo el cumplimiento de las actividades de trabajo de los usuarios, la asistencia a clases de los estudiantes, el acceso de los pacientes a los servicios de salud, las compras de bienes y, en general, el necesario traslado de las personas de un lugar a otro.

Ante la impotencia de las Alcaldías y de una eficaz respuesta de las autoridades nacionales, los usuarios para cumplir con sus actividades cotidianas deben pagar el pasaje al precio impuesto y cobrado a la fuerza, por encima de toda normativa legal y ajustarse a las rutas y horarios fijados por la delincuencia autobusera.

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El saboteo electoral

Estas mafias, al ser tocadas por el enemigo, han devenido en activistas políticos, y participaron activamente en el plan destinado a frustrar el proceso comicial para elegir al Presidente de la República, procurando activamente la abstención de los electores. Desde la ventanilla del conductor, un día antes de las elecciones, se arrojaban billetes enteros de Bs 50 y Bs100 frente a los centros de votación, con el propósito de desacreditar nuestro signo monetario, afectar anímicamente al elector, desesperarlo, conducirlo al paroxismo extremo de considerar que "aquí nada sirve" y culpabilizar de todo al Gobierno Revolucionario, al que no valía la pena respaldar con el voto. La acción era articulada, con cartelitos en los parabrisas de los buses donde se imponía el pasaje desde Bs2000, ya tasado ilícitamente, a Bs5000 y 7000, y que a la vez acusaban: "la culpa no es nuestra", y se sacaba de circulación, como si se tratara del Banco Central, parte del cono monetario, al imponer que no se recibían billetes de aquella denominación; entretanto, el "cobrador o colector", un nuevo sujeto intimante incorporado al servicio, trataba de convencer a los pasajeros que el aumento no era nada porque el Bolívar no tenía ningún valor.

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La máscara de las cooperativas

Es bueno resaltar, que la mafia autobusera, que sustituyó al monopolio del transporte público colectivo de pasajeros de Caracas, dominado en tiempos de la Cuarta República por un grupo de lusitanos que huyó del país, tras demandas interpuestas en su contra por violar regulaciones gubernamentales en críticos momentos políticos que exacerbaron los ánimos del pueblo, esconde su rostro tras la máscara de las cooperativas.

Esta denominación no es más que una mera fachada para ocultar sus actividades. En su espíritu de lucro incontrolado, ajeno a toda ética, sin que les importe la suerte del país, estas pretendidas cooperativas se parecen –valga la comparación- a todas aquellas innombrables O.N.G. que amparándose en una supuesta defensa de los derechos humanos venden su mercancía al mejor postor, por un poco más que un rollo de papel "tualét", debiendo por ello ser llamadas con propiedad, O.N.G. Patrocinadas, o quizás, O.N.G Contratadas, si preferimos utilizar el calificativo con que los yanquis tratan cariñosamente ante el público a sus mercenarios de la guerra.

En efecto, ninguna de tales cooperativas de transporte cumple con los fines perseguidos por la ley que regula la materia. Sobre ninguna de ellas la Superintendencia del ramo ejerce control, vigilancia y fiscalización. Sus amos (no cooperativistas) mantienen esclavizados a choferes que nunca incorporan a la organización. Se les llama "avances". Se les paga su trabajo al antojo. Los fines de semana y días festivos, cuando merma la demanda de usuarios, les alquilan prácticamente la ruta. Como si esto resultara insuficiente, son dueños encubiertos de otras unidades que operan en diferentes rutas.

Pero además, estas mafias no pagan impuesto sobre la renta por el lucro percibido durante el año fiscal, ni mucho menos impuestos municipales. O sea, usan las vías, las desgastan, sin coadyuvar a su mantenimiento y de paso degradan el ambiente, al rociarlo generosamente con su monóxido de carbono en forma permanente. Llenar un tanque de gasoil o gasolina les cuesta menos que una empanada esmirriada frita con aceite revenido. Los cauchos, dotaciones de aceite y repuestos, muchas veces puestos a su alcance por el Gobierno, con frecuencia los rematan al mejor postor. Con el cuento de que van a "repotenciar" las unidades justifican los aumentos, pero la chatarra vial sucia y peligrosa continúa rodando.

Resulta falso el supuesto reemplazo mensual de llantas y cambio de aceite que justificarían los frecuentes, drásticos y desproporcionados incrementos del pasaje de autobús. Técnicamente está comprobado que las llantas delanteras, en rutas largas, ameritan reemplazarse cada tres meses y las traseras, seis; mientras el aceite requiere un cambio cada quince días. Cada unidad produce una ganancia neta mensual que supera con creces el sueldo promedio de un profesional de la Administración Pública o de la empresa privada o en libre ejercicio de su actividad. Sin embargo, las mafias esquilman impunemente a los usuarios, centenares de miles de los cuales caen a diario en la desesperación porque deben desplazarse hacia lugares donde no tienen la opción de tomar el metro o el metro bus, sistema ya de por sí colapsado.

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El paro silencioso de transporte

Retornando al tema del protagonismo conspirativo de la mafia autobusera, debemos recordar que un mes antes del proceso comicial sus operadores comenzaron a desincorporar de las rutas, casi a diario, un número significativo de unidades, hasta que el mismo día de las elecciones paralizaron totalmente el servicio. Fue un paro silencioso rigurosamente programado. Si el Gobierno Nacional no se percató de la maniobra sino hasta último momento, no fue porque se trataba de "un secreto bien guardado". Notables y manifiestas eran las colas que se formaban en la espera inútil de los buses. Una mano peluda financió y aún continúa patrocinando el paro que, aunque atenuado, disimulado, aún persiste.

A la fecha, en Caracas, en un alto porcentaje las unidades prestadoras del servicio público colectivo superficial de pasajeros han desaparecido. Las nuevas fueron vendidas en las regiones fronterizas; el resto de ellas, medio chatarras, en su mayoría, han sido desincorporadas y reemplazadas por pocilgas ambulantes que no se sabe dónde se encontraban guardadas. Sus conductores ponen a prueba la estabilidad emocional de los pasajeros estacionándolas varios metros antes de las paradas por todo el tiempo que les venga en gana, en actitud retadora, para que " los vean bien vistos". Cuando deciden arrancar un matón grita a lo mero macho a la entrada de la puerta del bus: "pasaje en mano". A la gente de la tercera edad y a los estudiantes que alegan no tener completo el precio exigido, y reclaman que éste no ha sido "aprobado en Gaceta", de mala gana les responden: "Vayan a reclamarle a Maduro."

No en pocas ocasiones el tormentoso viaje de los pasajeros apretujados en el bus, replicando maromas involuntarias de cuerda floja para no perder el equilibrio, es amenizado con una cumbia o un porro a todo volumen alusivo a los amores o proezas de sujetos descarriados o maltratados en la vida; o peor aún, con el discurso radial lleno de odio de uno cualquiera de los "analistas políticos" o "sesudos economistas", huele peos de Marcel Granier o de la burguesía parasitaria.

Pero aquí no queda todo. Los conductores de estos tobos de basura rodantes en cualquier momento, durante el recorrido del trayecto, dejan de recoger a los pasajeros que se encuentran en las paradas, gritándoles a pleno gañote: "Ultimo viaje. No voy más." Y es aquí cuando de repente aparecen como por arte de magia otros basureros ambulantes (chasis de camiones con carrocería carcomida adaptada, pintarrajados de cualquier color, asientos inservibles, faros rotos, ventanillas destrozadas, torrentes de humo esparcidos dentro de la unidad o por el escape ) que especulan a su antojo a los rezagados. Quien no puede pagar el precio abusivo allí se queda, acompañado de su propia impotencia.

En rutas cortas como las de San Bernardino, al abandonar los buses el servicio, taxis de estas mismas bandas operan a su antojo cobrando quince mil bolívares por cada uno de los cinco pasajeros que montan. El breve trayecto de la ruta les reporta buenas ganancias. La meta de la mafia autobusera es clara: llevar el pasaje hasta los veinte mil bolívares, para provocar más inflación a través de la prestación de un servicio del cual no puede prescindirse. ¡Están en pleno globo de ensayo¡

De continuar esta situación, todo conduce a concluir que cuando se encuentren dadas las condiciones esperadas, con una simple orden de los enemigos del Gobierno Revolucionario, estas mafias paralizarán totalmente el transporte público colectivo superficial de pasajeros en todo el territorio nacional, permitiendo agravar el caos económico en que nos tienen sumidos las medidas de los "Pentágono Boy´s" respaldadas por la inefable oligarquía santanderista colombiana, en su línea de ataque a nuestro signo monetario y a nuestra economía. Entonces las fuerzas fascistas podrán vociferar con desparpajo: "La culpa es de Maduro". "¡Maduro vete ya!" "¡Elecciones sin fraude!"

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La creación de un sistema de transporte público

colectivo de pasajeros

No basta designar fiscales para detectar a los especuladores y fiscalizar el precio de los pasajes. Sin valores éticos ni formación política serán presa fácil de las mafias, como ha ocurrido en otros ámbitos y circunstancias. Es necesario que el Gobierno Nacional, Alcaldías y Gobernaciones asuman conjuntamente y mancomunadamente, la responsabilidad de implementar un sistema de transporte público colectivo superficial de pasajeros (así en propiedad debe ser llamado) que impacte la actividad de la delincuencia autobusera, visto que no es tarea fácil desmontarla. Simultáneamente podría considerarse el fortalecimiento del sistema de Metrobús y que los organismos públicos, a todo nivel, propiciaran convenios de transporte con particulares aliados para cubrir las rutas requeridas a diario por sus funcionarios, garantizándoles a éstos el valor del pasaje estipulado por las autoridades, impidiendo así que las mafias autobuseras les deterioren continuamente sus salarios.

Aparejado a la creación urgente de este sistema de transporte público colectivo de pasajeros,-nunca está demás decirlo- no se deberá continuar otorgando créditos blandos, entregando unidades a diestra y siniestra, a quien sea, ofreciendo a precios sinceros cauchos, repuestos y aceite a las mafias, por mucha promesa firme de "no pecar más ", que hagan; por mucho "acto de constricción" a que se sometan, ni por mucha fe de juramento que en documento autenticado se les pida. Esto último, será como la fidelidad jurada en el matrimonio: letra muerta, como lo es en la realidad la mismísima causal de divorcio por adulterio, que en el humor de un abogado amigo es "derecho positivo vigente en desuso". Las mafias a través de sus agentes se han mimetizado, cual lobos disfrazados de abuelitas, para lograr hacerse oír en las esferas del gobierno, desorientar a los funcionarios, lucrarse y cumplir su papel desestabilizador.

Simultáneamente, la actividad fiscalizadora y reguladora de las autoridades competentes en materia de transporte deberá hacerse sentir. Tendrán que retirarse las concesiones del servicio a quienes incumplan sus deberes de concesionarios. Es forzoso impedir, y no mostrarse como bondad de una democracia revolucionaria, que cualquiera saque un pote de basura a la calle, fije arbitrariamente la tarifa, cubra el horario y la ruta que más le venga en gana, atropelle a los pasajeros y de paso traslade la culpa de sus tropelías al presidente Maduro. Autoridad que no se hace respetar contribuye al desacato de la ley y a sembrar la anarquía. El cumplimiento de la norma se basa en el temor a la sanción y en el respeto a quien se encuentra obligado aplicarla.

Si no queremos vernos bailando nuevamente una cumbia de actos de terrorismo debemos solucionar radicalmente con prontitud, el tema del transporte público colectivo superficial de pasajeros. No es casual que pensando en esa cumbia, los "mass media", con orquestada emoción, están justificando día a día las acciones de las mafias autobuseras, y a la vez procurando que la desesperación de los pasajeros devenga en un rechazo violento hacia el Gobierno Nacional, al que inculpan de una situación de la que son cómplices.

Nuevamente repetimos: El transporte público colectivo superficial de pasajeros no puede depender, bajo ninguna circunstancia, en tiempos de confrontación abierta con el enemigo, en manos extrañas, ni de especuladores de su propio pueblo, ni mucho menos en poder de las mafias mercenarias.

¡La anarquía del transporte público nos puede devorar!