10/02/2018
Al final de una cadena larga de irregularidades, recogidas en anteriores declaraciones del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), el Consejo Nacional Electoral (CNE), acatando el inconstitucional mandato de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), determinó la fecha de la próxima elección presidencial, congelando de esta manera las negociaciones que se venían llevando a cabo en República Dominicana con el propósito de encontrarle salida democrática a la crisis venezolana.
La misma se efectuará el domingo 22 de abril, esto es, dentro de 74 días, un lapso extremadamente corto, que repite el inusual patrón estrenado en los comicios celebrados en 2017y que contrasta, así mismo, con los diversos procesos electorales que se llevarán a cabo este año en diversas partes de América Latina, ninguno de los cuales ha sido convocado con menos de nueve meses de anticipación.
La decisión anunciada por el CNE evidencia nuevamente el sesgo político del árbitro electoral. La fecha escogida y el tiempo determinado para llevar a cabo el proceso, ha incluido diversos elementos –también recogidos anteriormente por el OEV–, que dificultan la posibilidad de tener una elección en igualdad de condiciones, rompiendo desde el arranque con el equilibro que debe caracterizar una competencia electoral en escenarios democráticos, al favorecer claramente la opción del Presidente Maduro, en detrimento de cualquier opción contraria al oficialismo.
De igual forma, es clara la violación de las reglas desde el momento mismo en que la elección fue convocada, atendiendo una solicitud del Presidente Maduro, por la ANC y no por el CNE, tal y como lo señala la ley. Con el anuncio hecho por la presidenta Tibisay Lucena el pasado 7 de febrero, el CNE incurrió, además, en la transgresión al artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LORPE), que establece que el día en que se fije la elección deberá publicarse el cronograma electoral, documento que contiene los lapsos y actividades de todo el proceso comicial (pre-electorales, electorales y post-electorales). Este documento no fue difundido por el árbitro.
A esto se suma el mandato, también aprobado por la ANC y ejecutado por el Poder Electoral, de someter a los partidos políticos que no acudieron a los últimos comicios de 2017 a un proceso de renovación de su nómina de militantes –por segunda vez en un año–, y para elcual el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la exclusión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), seguido de la eliminación de la fase de reparos para el partido opositor Primero Justicia. Así, de 62 partidos que podían postular candidatos en 2016, se redujo a 17 organizaciones, en su mayoría oficialistas, que en la actualidad tienen esa potestad. Se trata, desde luego, de un golpe a la pluralidad democrática.
Además, la presión que ejerce la fecha seleccionada opera contra la posibilidad de llevar a cabo, de manera idónea, las diversas etapas involucradas en el proceso electoral, según lo establecen las normas y se desprenden de variadas exigencias, tanto técnicas como logísticas y políticas, afectando la calidad del mismo, en detrimento de los derechos del elector. En efecto, apurar los tiempos impide considerar importantes aspectos, tales como la selección de nuevos miembros de mesa y escogencia de los organismos electorales subalternos en sorteos públicos, el despliegue de jornadas extraordinarias de inscripción y actualización en el Registro Electoral en un amplio lapso que permita la incorporación de la mayor cantidad de venezolanos, tanto en territorio nacional como en el exterior, así como el mantenimiento de las máquinas de votación y la realización apropiada de auditorías técnicas que garanticen el buen funcionamiento del sistema automatizado de votación. Además, no es posible, en estas condiciones, organizar misiones internacionales de calidad, aspecto muy relevante para generar la necesaria confianza nacional e internacional. En suma, para garantizar la transparencia y equidad del proceso, la planificación de una elección presidencial necesita, de acuerdo a la experiencia venezolana de los últimos años, un mínimo de seis meses desde su convocatoria.
Considera el OEV que resulta difícil pensar, dadas las consideraciones anteriores, que los venezolanos asistiremos a un proceso electoral confiable. Reitera, por consiguiente, que una elección que comience de esta manera debilita la alternativa de una consulta transparente y creíble, mediante el ejercicio libre del derecho al sufragio, como vía para zanjar de manera democrática y pacífica, las presentes dificultades nacionales.