En los últimos días el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, en varias oportunidades mencionó la posibilidad de un embargo petrolero de su gobierno a la industria petrolera venezolana. Esa medida estatal injerencista se debe cuestionar abiertamente porque empeoraría las ya depauperadas condiciones de vida de las clases populares del país y podría encubrir el gigantesco saqueo económico de los jerarcas del bloque gubernamental chavista a PDVSA. En realidad, al ritmo que vamos PDVSA va autobloquear sus propias exportaciones, la industria petrolera venezolana extrae cada mes menos petróleo, ya solo son 1.621.000 barriles diarios según los datos ofrecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en su Reporte del Mercado Petrolero Mundial de enero del año en curso (2018). Recordemos que según datos de la propia OPEP en Venezuela en el año 2015 se extraían 2.654.000 barriles diarios.
La disminución de la extracción y exportación de petróleo de la industria petrolera de Venezuela es producto de la aplicación de un conjunto de políticas estatales al servicio del capital transnacional y la acumulación de riqueza de las diferentes fracciones de la burguesía local, tales como: un tipo de cambio oficial sobrevaluado para financiar con dólares preferenciales las importaciones estatales y privadas; un precio extremadamente subsidiado de la gasolina en el mercado interno, que beneficia a sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que controlan en las fronteras del país el contrabando de extracción de gasolina; la contracción unilateral de las importaciones de insumos productivos y bienes de consumo final para disponer de recursos con los cuales pagar los vencimientos de la deuda externa, desde 2014 hasta la actualidad (2018). En la actual coyuntura, ese deterioro de la operatividad de PDVSA y las empresas mixtas instaladas en Venezuela, es el verdadero temor de EEUU y China: no pueden aceptar el retiro de la totalidad de las exportaciones petroleras venezolanas del mercado mundial, y en ese sentido presionan por la aplicación de un ajuste macroeconómico ortodoxo en el país, que pueda resolver el déficit operativo de la industria petrolera venezolana, estableciendo las condiciones que posibiliten el incremento acelerado de la extracción y exportación de petróleo de Venezuela.
El falso antiimperialismo chavista es evidente: entre los años 2014 y 2017, el gobierno de Nicolás Maduro canceló 80 mil millones de dólares en vencimientos de la deuda externa al capital financiero mundial; va a subastar nuestras reservas petroleras mediante el Petro, un criptobono que se constituye en un contrato de futuro que será adquirido por el capital financiero mundial; entregó a través del llamado Arco Minero del Orinoco el 12% del territorio nacional para desarrollar proyectos de megaminería a cielo abierto en asociación con empresas transnacionales como Barrick Gold y Gold Reserve; realizó una renegociación regresiva de los paquetes accionarios de las empresas mixtas de PDVSA y las transnacionales petroleras instaladas en el país, reduciendo el porcentaje de control estatal; creó con las zonas económicas especiales territorios en el país donde el capital extranjero tiene preferenciales arancelarias, aduaneras y fiscales. Esas medidas favorables al capital transnacional se enmarcaron en la legislación de un marco jurídico que permite acentuar la subordinación del país al proceso mundial de acumulación de capital: el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras (2014) y la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva (2017).
Los militantes populares de Venezuela debemos distanciarnos al mismo tiempo del falso antiimperialismo chavista y la solicitud de intervención extranjera en el país de la oposición patronal, en la actual coyuntura necesitamos reconstituir la capacidades de lucha del pueblo trabajador venezolano, enfrentando a través de la organización y movilización popular a las medidas reaccionarias aplicadas para beneficiar al capital transnacional en detrimento de las condiciones de vida de las clases populares. Solo el pueblo salva el pueblo, por eso tenemos que defender las libertades democráticas, y plantear un plan económico alternativo que incluya la suspensión inmediata del pago de la deuda externa para utilizar esos recursos en la importación de insumos productivos y bienes de consumo final que abastezcan a la población, la promulgación de una reforma tributaria progresiva, la eliminación de las empresas mixtas en la industria petrolera con una verdadera estatización, la derogación del llamado Arco Minero del Orinoco y la aplicación de un ordenamiento progresivo de los ingresos y egresos del Estado.
Omar Vázquez Heredia
