El socialismo no es una sociedad benéfica, no es un ideal utópico basado en la bondad del hombre como hombre. El socialismo es un sistema al que se llega históricamente y que se asienta en la socialización de los medios fundamentales de producción y la distribución equitativa de todas las riquezas de la sociedad.

Ernesto Che Guevara

El siguiente análisis y las propuestas a él asociadas, pretenden ser un aporte a la discusión en torno a la nueva propuesta constitucional que se discute en la Asamblea Nacional Constituyente, escrito con la esperanza de que sea leído y discutido por los sectores populares del país, muy en particular por los voceros y miembros de los Consejos Comunales y comunas que hacen vida en los numerosos barrios de toda Venezuela.

Nuestro planteamiento central señala que la crisis a la que ha sido llevado el proceso bolivariano, se encuentra en estos momentos en un punto crucial.

Superado momentáneamente el peligro de una desestabilización que dé pie a los planes de intervención norteamericanos, la propuesta que surja de la nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC), actualmente en funciones, puede, o bien llevar a la consolidación de la tendencia clientelar, nacionalista, populista y asistencialista, que ha venido cobrando cada vez mayor poder al interior del bolivarianismo, poder ampliamente representado en la conformación de la ANC, situación que puede fácilmente derivar en una nueva forma de socialdemocracia de corte adeco, o, mediante una a todas luces poco probable presión desde fuera de la ANC, ejercida por los sectores más comprometidos de las bases populares, impulsar la inclusión de un conjunto de disposiciones constitucionales básicas que garanticen la profundización del proceso revolucionario en sentido socialista.

Siendo las distintas clases sociales que forman parte de los sectores populares las únicas que por su raigambre histórica y por su rol en términos de las relaciones sociales de producción del país, pueden darle un contenido verdaderamente revolucionario socialista al proceso bolivariano fundado por el comandante Hugo Chávez, la posibilidad de que puedan asumir esta terea pasa por la necesidad de un mayor desarrollo de su conciencia de clase, actualmente condicionada en gran medida por las necesidades y carencias de todo tipo, y por los valores del individualismo consumista que domina en todos los niveles de la sociedad, que los hace presa fácil de la políticas oportunistas y asistencialistas y electoralistas de nuestros propios dirigentes, políticas que en el fondo nunca terminan de transformar realmente su situación como clase social explotada y marginada, como lo demuestra la crisis actual, mientras una minoría se apodera constantemente de los inmensos ingresos que recibe la nación, ingresos que en principio, son de todos los venezolanos.

Las reflexiones y propuestas aquí contenidas aspiran a contribuir, en la coyuntura actual, al desarrollo de esa conciencia de clase, en el sentido de demostrar que de la posibilidad de esta toma de conciencia sobre el rol que están llamados a cumplir dentro de la transformación revolucionaria del país, depende, completamente, la posibilidad de que un día, esos recursos que recibe el país por la explotación de sus riquezas naturales, sean invertidos eficientemente en función del desarrollo integral de la nación a nivel económico, social y cultural, superando de ese modo nuestra condición de dependencia y subdesarrollo estructural, y beneficiando de forma equitativa a todos según el principio socialista ¡De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades!

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1. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. La alternativa crucial de Venezuela.

Lo fundamental en juego el domingo 30 de julio, era si lo que llamamos "las clases populares del país", que son la mayor parte del pueblo soberano de Venezuela, decidirían seguir identificándose y respaldando el proyecto socialista bolivariano creado por Hugo Chávez, a pesar del natural malestar y frustración que ha generado en la población la grave crisis económica del país desarrollada durante el actual gobierno; o si, por el contrario, como esperaba la oposición, todo ese descontento y frustración se traduciría en un abandono del apoyo al chavismo, permitiendo, por acción u omisión, que el poder político y el Estado vuelvan a manos de la oligarquía, de la clase media, y de los intereses del imperialismo norteamericano y europeo, dueños de los principales medios de producción, cuya política, durante los 200 años de historia republicana, ha sido el saqueo sistemático de los recursos naturales del país, y la marginalización y explotación de los sectores populares, relegados a las peores condiciones de vida y de miseria.

Más allá del llamado constituyente como salida de paz y diálogo al peligro de una escalada de la violencia propiciada por la oposición radical derechista, que buscaba crear el clima internacional necesario para justificar una intervención armada terrorista en el país, el 30 de julio estaba en juego la continuidad o el fracaso del proyecto revolucionario bolivariano.

Pese a todas las graves dificultades que la población en general, y los sectores populares en especial, han debido enfrentar estos últimos años en términos de desabastecimiento de alimentos y medicinas, interminables colas en vigilia permanente que se han vuelto el pan de cada día, sumadas a la inflación galopante que sigue volatilizando los ingresos familiares a pesar de los aumentos salariales reiterados del gobierno, haciendo más grave su ya de por si difícil condición de vida; dificultades que si bien son en buena medida resultado de la guerra económica sostenida y propiciada por EEUU y Europa con el apoyo interno de la oligarquía nacional, son también, hay que decirlo, en gran medida, el resultado del fracaso estrepitoso de las políticas económicas del gobierno bolivariano, que en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez ya comenzaban a dar muestras claras de incapacidad para reactivar, desarrollar y dinamizar la producción nacional, frente a la tendencia tradicional del modelo rentista petrolero de privilegiar la importación y el comercio; ineficiencia y fracaso al que se suma, junto al derrumbe de los precios internacionales de petróleo, la corrupción y el oportunismo extremo que han terminado de apoderarse por completo del Estado durante el gobierno de Nicolás Maduro, situación que ha llevado a la economía familiar de los venezolanos que dependen de un sueldo mensual, a tener que confrontar momentos de extrema contingencia y gravedad.

Pues bien, pese a todo ello, y contra todos los cálculos de la oposición, las bases naturales del chavismo salieron nuevamente a respaldar el proyecto bolivariano socialista.

Grande ha sido por tanto el desconcierto que ha generado en la oposición, desde el inicio mismo de las recientes guarimbas, el hecho de que, lejos de abandonar el proyecto bolivariano, el pueblo chavista se haya volcado nuevamente a la calle y a las urnas de votación, en forma pacífica y disciplinada, para defender masivamente a su gobierno, apoyo cuya magnitud y carácter no puede ser minimizado ni explicado sólo por las medidas asistencialistas del gobierno que, como se ha señalado, frente al tamaño de las penurias que la población en general se ve obligada a sufrir día a día, resultan un paliativo material relativamente insignificante; ni por el hecho cierto de que exista la política bastarda y oportunista de parte de nuestros propios dirigentes y burócratas, de chantajear a los funcionarios públicos para que asistan a las marchas.

Ante este apoyo popular, se han estrellado los más de 100 días de manifestaciones callejeras de la derecha que habita en las zonas acomodadas y elegantes del este de Caracas, o en algunas contadas ciudades del interior, de las cuales ha quedado un saldo trágico de más de 100 fallecidos, innumerables lesionados de distinta gravedad, y daños a la propiedad pública y privada de enorme cuantía, manifestaciones que poco a poco han terminado siendo básicamente focos de violencia terrorista de grupos mercenarios financiados con dólares gringos, entrenados para generar destrucción y muerte, así sea de los propios partidarios opositores. Violencia que, como sabemos, está confinada a tres o cuatro municipios del país, al amparo de alcaldes golpistas. Violencia que ha demostrado hasta la saciedad, no ser la respuesta a los graves problemas por los que atraviesa el país, y que cada día generan mayor rechazo de la población en general. Violencia cuyo principal objetivo es propiciar cada vez mayor violencia, que permita generar las imágenes manipuladas que son transmitidas al exterior por los medios de información extranjeros al servicio de los intereses del capital internacional y redes sociales, con la finalidad de crear en la opinión internacional el clima necesario que justifique una intervención militar en el país al estilo de Libia, Irak o Siria.

Frente a este panorama, el audaz desafío planteado al país por el presidente Nicolás Maduro con la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente como salida política a la situación del país, sumaba, a la disyuntiva clasista, la de la Paz o la guerra civil.

Sin desconocer la importancia de la adhesión de las clases populares al llamado de paz implícito en la convocatoria constituyente, es nuestra tesis que, dado el cúmulo de carencias, sacrificios y frustraciones que el país en su conjunto ha debido soportar por causa de la crisis por la que atravesamos, el firme y masivo apoyo de los sectores populares al gobierno bolivariano puesto en evidencia en la elección constituyente, sólo tiene, en última instancia, una única explicación posible: la que plantea que el mensaje de fondo del comandante Chávez se ha instalado en la conciencia de esos sectores. Mensaje que nos dice, esencialmente, que por encima de todo, es esta una lucha de clases, una lucha histórica que se resume –hoy con más fuerza que nunca, descarnadamente, crudamente, sin "peros que valgan"– entre la posibilidad de que la oligarquía pueda recuperar el poder que ha ejercido desde la creación de la Republica sobre el Estado y, por su intermedio, sobre el control de los recursos de la nación, relegando nuevamente a las clases populares a la miseria y a la explotación, o la posibilidad de que ese poder pueda efectivamente terminar de pasar a manos de las clases populares y construir en un futuro cercano la sociedad de justicia y equidad social para todos que Chávez definió como Socialismo del Siglo XXI.

1. El desafío actual. Sobre el carácter socialista de la revolución bolivariana.

Luego de realizada exitosamente la toma de posesión de la nueva Asamblea Constituyente, lo fundamental que está en juego, más allá de lo meramente declarativo, es si esta Asamblea Nacional Constituyente significará un avance real en el desarrollo del carácter socialista del proyecto bolivariano creado por Hugo Chávez, haciendo posible que el poder del Estado pase realmente a manos de los trabajadores y sectores populares de la nación, y sentando las bases necesarias para avanzar en la transformación del actual carácter predominantemente capitalista de las relaciones sociales de producción del país; o si, por el contrario, llevará a la consolidación definitiva de la tendencia, nacionalista, populista, asistencialista y clientelar –de corte multipolar y énfasis regionalista a nivel internacional– que los cuadros dirigentes del gobierno, el PSUV y la nomenklatura burocrática y oportunista enquistada en el aparato de Estado declaran como revolucionaria socialista, participativa y protagónica, a pesar de que en la práctica, no sólo está lejos de tener un verdadero carácter socialista, ni ha profundizado suficientemente en el desarrollo de la participación y el protagonismo de los sectores populares del país, sino que, más bien, está peligrosamente cerca de derivar definitivamente hacia una nueva versión de gobierno representativo social demócrata de estilo adeco; política que en términos socio-económicos, que es la verdad verdadera de todo este asunto, no es más que la versión V Republicana del mismo modelo rentista petrolero creado por la IV República. Es decir, no es más que la continuidad del modelo creado por la oligarquía nacional, bajo la égida de Estados Unidos y demás potencias extranjera, para hacer del Estado venezolano el intermediario fundamental para la transferencia a manos de las grandes corporaciones extranjeras, y de una minoría de la población del país, de la mayor parte de la renta (excedente) generada por la explotación de las riquezas del subsuelo, riqueza que es, en principio, de todos los venezolanos. Modelo de apropiación que está en la base de los tres procesos determinantes de nuestra condición de dependencia y subdesarrollo económico, social y cultural, responsable directo del sometimiento de la mayoría de la población del país a la condición de explotación, marginalidad y miseria en que han debido vivir los últimos 100 años, a pesar de la inmensa riqueza y recursos generados por la explotación petrolera:

1. Fuga de capitales, es decir, traslado al exterior de la mayor parte de la renta producida por el petróleo, apropiada por la burguesía industrial, mercantil y financiera, de viejo y nuevo cuño del país y del extranjero, con la consiguiente descapitalización y desnacionalización permanente del país.
2. Desmantelamiento progresivo de la producción agrícola e industrial nacional, que es sustituida, en esta misma medida, por las importaciones y por la actividad comercial. Haciendo al país cada vez menos autónomo y más dependiente.
3. Aumento del gasto social improductivo, usado como válvula de alivio de la presión social de los sectores populares.

Respecto a lo que entendemos por "desarrollo del carácter socialista del proyecto bolivariano creado por Hugo Chávez", sin entrar a profundizar teóricamente en este tema, y partiendo de la premisa de que nuestra actual Constitución Nacional no puede ser de ninguna forma considerada como la expresión de un proyecto nacional orientado a crear un Estado socialista; es posible plantear que, al menos dos son las premisas esenciales, la condición sine qua non, que deberían presidir cualquier proyecto de transformación constitucional que aspire, verdaderamente, a avanzar hacia una transformación del Estado dentro del concepto de Socialismo del Siglo XXI.

Aquí es importante subrayar que hablamos apenas de crear lo que a nuestro juicio serían las bases mínimas para "avanzar" en la dirección de una transformación socialista del país y del Estado a partir de lo que hasta ahora se ha alcanzado en términos de reivindicaciones sociales y económicas de los sectores populares, en el entendido de que se trata de un proceso que de ninguna forma puede ser alcanzado por decreto:

1. La necesidad de superar la contradicción de fondo del capitalismo, entre el origen cada vez más social de la producción, al que, de forma complementaria, corresponde "potencialmente" un destino cada vez más social de sus productos; y la propiedad privada de los medios de producción, medios que son la condición material de toda producción, sin la cual no es posible producir; propiedad que le permite al capitalista, dueño de los medios de producción, obligar a quienes no los poseen a trabajar para él por un precio menor por sus horas de trabajo que el del valor que su trabajo produce en este mismo tiempo, (plusvalía), y, en contradicción con el destino potencialmente cada vez más social de la producción, orientar la finalidad de esta en función de maximizar este excedente económico para su exclusivo beneficio, que pasa a ser el contenido específico de toda producción capitalista.

1. La necesidad de profundizar en la definición de la estrategia de clase de la revolución socialista bolivariana, entendiendo que, si bien en términos del análisis del capitalismo desarrollado por Marx en 1867, es al proletariado industrial a quien corresponde esencialmente, como clase social, el liderazgo histórico de la revolución socialista; en los países periféricos del capitalismo financiero e industrial contemporáneo, este liderazgo de clase debe ser definido teniendo en cuenta no sólo los aspectos teóricos, sino también las determinantes regionales, locales e históricas específicas de cada caso.

Sobre la necesidad de esta profundización en la definición de la estrategia de clase del proceso bolivariano, es preciso señalar que, pese a que en sus aspectos generales la definición de quienes son el sujeto fundamental de la revolución bolivariana fue desarrollada acertadamente dentro de los planteamientos contenidos en "El árbol de las tres raíces", la realidad de estos 17 años de gobierno bolivariano muestra que este es un tema sobre el cual no existe, más allá de lo meramente declarativo, ninguna coherencia, como lo demuestra la política de otorgamiento de miles de millones de dólares preferenciales al empresariado privado, tanto de la vieja oligarquía nacional y extranjera, como de la nueva boliburguesía clientelar formada alrededor del aparato de Estado bolivariano, en manos de quienes se ha llegado a dejar librada completamente la producción nacional, y con ella seguridad alimentaria de la nación, con las consecuencias que todos conocemos: un renovado y fastuoso enriquecimiento de una minoría en perjuicio directo del país y de los sectores populares para quienes teóricamente trabajamos.

A este respecto, es necesario tener en cuenta que no sólo se trata de alcanzar una mayor claridad conceptual respecto a la definición del sujeto y objeto central de la revolución bolivariana, sino de tomar mayor conciencia de las implicaciones que esta definición comporta respecto a un desarrollo socialista del país. En este sentido, partiendo de que son los sectores populares1 el sujeto fundamental de la revolución bolivariana, más allá de su indiscutible potencial histórico revolucionario, estos constituyen un sector social que, al igual que todo el país, permanecen en una muy alta medida prisioneros de la ideología del capitalismo consumista dependiente impuesta por la oligarquía burguesa dominante, ideología que en estos últimos años, lejos de ser combatida como parte integral de las políticas impulsadas por el Estado bolivariano, ha sido más bien reforzada a partir de las distintas formas de clientelismo y asistencialismo populista y electorero de corte adeco que han prevalecido y siguen proliferando. De ello se desprende que es tarea prioritaria profundizar en el desarrollo de la conciencia de clase de los distintos estratos de población que forman parte de lo que llamamos sectores populares, de cuya conformación da cuenta la cita a pie de página.

Planteado en estos términos el asunto central de la definición del carácter socialista de la revolución bolivariana, es conveniente volver a insistir en la necesidad de que estas dos premisas, que responden a categorías fundamentales de la teoría marxista, sean reinterpretadas y adaptadas a nuestra propia realidad, en la medida en que obedecen, en su origen, a la realidad del capitalismo de la Revolución Industrial países del primer mundo, capitalismo que desde el momento en que fue analizado por Marx, ha evolucionado para convertirse en el capitalismo industrial y financiero imperialista, basado en una economía de consumo globalizada, que opera partir de la generación y mantenimiento de países con economías dependientes como condición necesaria de su desarrollo, condición sobre la que Marx no profundizó como parte de su análisis del capitalismo de su época, y que es la que caracteriza nuestra existencia económica, social y cultural dentro del mundo globalizado contemporáneo.

Por lo pronto, vistos a la luz de los desafíos que plantea el nuevo proyecto constitucional, estos dos planteamientos deberían desarrollarse a partir de tres líneas básicas de propuestas constitucionales:

1. Debería avanzarse en la reflexión y, a partir de allí, en la definición de un conjunto de disposiciones constitucionales dirigidas a crear las bases necesarias para comenzar a superar la forma particular en que se expresa la contradicción principal del sistema capitalista dependiente vigente en Venezuela, es decir, la forma en que históricamente se concreta, dentro de las relaciones sociales de producción capitalistas, la contradicción entre el carácter cada vez más social de dicha producción, y el carácter privado de los medios de producción en manos de la oligarquía nacional y extranjera.

1. Debería avanzarse en la reflexión y en la definición de disposiciones constitucionales concretas referidas a la definición del rol central que debe ocupar los sectores populares como sujeto y objeto fundamental de una transformación socialista del país y del Estado desde el punto de vista estratégico de clase. En este sentido, es necesario superar, de una vez por todas, el doble discurso de nuestro gobierno y de sus dirigentes, según el cual, pese a la fórmula mil veces repetida sobre el papel protagónico y participativo que corresponde a los sectores populares dentro del proceso revolucionario bolivariano, en la práctica, este rol no va más allá de asumirlos como sujetos pasivos de las políticas asistenciales que se promueven desde el alto gobierno como respuesta al tema de la "deuda social".

1. En íntima y necesaria relación con los dos planteamientos anteriores, debe avanzarse en la discusión y, a partir de esta, en la definición de un conjunto de disposiciones constitucionales, orientadas a una radical superación de lo que se denomina "el modelo rentista petrolero", que es el modelo sobre el que se concreta nuestra condición de dependencia estructural socio-económica respecto a los países del denominando "primer mundo", y, consecuentemente, sobre el que determina la condición de explotación, marginalidad y miseria en que ha debido vivir la mayor parte de la población del país que incluimos dentro del concepto de sectores populares.

1. ¿Hasta qué punto el actual proceso revolucionario bolivariano puede ser definido como socialista?

Planteada la necesidad de profundizar en la definición del carácter socialista de la revolución bolivariana a partir de la transferencia del poder a los sectores populares, y la necesidad de superar la contradicción de fondo del capitalismo, entre el origen cada vez más social de la producción, al que, de forma complementaria, corresponde "potencialmente" un destino cada vez más social de sus productos; y la propiedad privada de los medios de producción, es necesario preguntarnos hasta qué punto estos 17 años del proceso revolucionario bolivariano permiten realmente definir la gestión del gobierno como socialista.

Un primer asunto a tomar en cuenta muestra que en la actual Constitución Nacional, ninguno de sus artículos establece este carácter. Por el contrario, establece claramente los criterios y garantías básicos del funcionamiento económico-social capitalistas de libre empresa basados en la propiedad privada. Lo más que puede afirmarse de nuestra actual constitución es que es una constitución muy avanzada en términos humanistas, otorgándole rango constitucional a distintos derechos humanos básicos que sitúan al individuo como centro de los principios con que fue redactada, principios que poseen un profundo contenido reivindicativo social.

Este genuino y progresivo carácter social de nuestra constitución, tiene su equivalente en la gestión de gobierno bolivariano, gestión que, a lo largo de estos 17 años, pese a los muchos errores cometidos, parte de los cuales aquí se critican, ha significado un avance importantísimo en contra de las políticas neoliberales que tratan de imponer los intereses financieros e industriales del capital internacional aliado a las oligarquías locales, logros que han permitido un mejora significativa en las condiciones de vida de los sectores populares del país, y una influencia crucial para el avance de los procesos sociales anticapitalistas de Latinoamérica.

No obstante, este carácter progresista, y este genuino sentido de responsabilidad social que está en la base del proceso bolivariano, por más que se lo declare como tal, no puede ser confundido con lo que se entiende por socialismo, sea del siglo XX, con todo y los errores que puedan estar asociados a experiencias como las de la Unión Soviética, o del XXI, que se supone debería superarlos.

Como claramente nos lo señalara el comandante Che Guevara:

El socialismo no es una sociedad benéfica, no es un ideal utópico basado en la bondad del hombre como hombre. El socialismo es un sistema al que se llega históricamente y que se asienta en la socialización de los medios fundamentales de producción y la distribución equitativa de todas las riquezas de la sociedad.

Planteada la situación en estos términos, el problema central que debería enfrentar la nueva Asamblea Nacional Constituyente como tarea histórica, muy por encima de los problemas contingentes inmediatos, como pueden ser todo lo relacionado con la situación de la Fiscalía de la República, la Comisión de la Verdad, o la discusión y aprobación de leyes especiales para hacer frente a la actual coyuntura económica, es el de consagrar en la nueva Constitución Nacional, el carácter socialista de nuestro proyecto de desarrollo como país independiente, estableciendo para ello los criterios económico-sociales fundamentales que deben orientar la transformación del actual Estado capitalista burgués en el Estado socialista del siglo XXI, basado en los principios de democracia participativa y protagónica, equidad, justicia social y traspaso progresivo del poder a manos de los Sectores Populares, tal como lo avizorara nuestro Comandante Supremo.

1. Sobre la noción de socialización de los medios de producción

Al interior del desarrollo de las fuerzas productivas hecho posible por el impulso del capitalismo industrial, el perfeccionamiento constante de la eficiencia en los procesos de trabajo necesarios para transformar la naturaleza y ponerla a disposición de la satisfacción de las diversas necesidades humanas, tiene en la división y especialización del trabajo su principio fundamental, principio que permite superar el rendimiento individual del trabajo a partir de una organización de la producción de carácter cada vez más social.

El concepto de socialización de la producción sintetiza este efecto del desarrollo progresivo de la división del trabajo, en el que las distintas formas de producción se hacen cada vez más interdependientes unas de otras, cada vez menos individuales y menos autosuficientes, y, por tanto, directa o indirectamente, cada vez más socializadas; es decir, dependientes de muchas otras formas de producción dentro de la sociedad y, al mismo tiempo, dirigidas a satisfacer necesidades de muchos otros.

Concretamente, los medios de producción necesarios para cualquier forma de producción: materia prima, insumos, herramientas, maquinarias, instalaciones de trabajo, fuentes de energía, conocimientos, etc., que son la condición material de toda producción, sin los cuales no es posible producir, provienen, al interior de la producción capitalista, de un número cada vez más diverso de ramas especializadas de la producción y del conocimiento. Dicho en otros términos, tienen en general un origen cada vez más social como resultado de la creciente división del trabajo y de la especialización.

De forma complementaria, los productos de estas distintas formas de producción, debido a la misma lógica de la especialización y la división del trabajo, son cada vez menos el resultado de una acción individual destinada al auto consumo, y cada vez más el resultado de una serie de actos que involucran a un número cada vez mayor de individuos, destinados a un número cada vez mayor de consumidores directos o indirectos. Cada rama de la producción, incluida la producción de conocimientos e información, se ve obligada a trabajar directa o indirectamente a partir del producto de distintas otras ramas de la producción; y sus productos son productos que, a su vez, sirven a un gran número de otras formas de producción y de consumo, por lo cual se ven constantemente influidas entre sí por las transformaciones que ocurren en todas estas distintas esferas de la producción y el consumo.

Como tal, este carácter cada vez más social de la producción capitalista entra en contradicción antagónica con la propiedad privada de los medios de producción, propiedad que permite al capitalista obligar a quienes no lo poseen, a tener que someterse a las condiciones de trabajo que él fije, de las cuales, la más importante para su interés como capitalista es la de pagar por el valor de la fuerza de trabajo del obrero un valor menor que el de la cantidad de valor que el obrero producirá en el tiempo de pagado por el capitalista.

Dueño del capital, el capitalista compra en el mercado los medios necesarios para producir, es decir, el capital fijo, y compra asimismo la fuerza de trabajo, es decir, el capital variable o capital invertido en salarios, salario cuyo valor equivale a menos trabajo materializado que el que el obrero devuelve a cambio de él. Con ello, el capitalista queda dueño absoluto de los productos resultado del proceso de producción. Con la realización en el mercado del valor de las mercancías así producidas, el capitalista cubre todos los gastos realizados por concepto de capital fijo y capital variable, reservándose para sí la diferencia o plusvalía, que equivale a la diferencia entre el valor pagado en salarios y el valor del trabajo materializado por el obrero durante su contrato, plusvalía que pasa a ser el contenido específico de la producción capitalista y termina por condicionar completamente la finalidad de la producción.

1. Sobre el carácter "social" de las relaciones de producción y el modelo rentista petrolero.

Teniendo como base este carácter cada vez más social de la producción dentro del capitalismo, las relaciones sociales de producción, de tipo explotador/explotado, es decir, las relaciones que se establecen entre los hombres y mujeres que participan como agentes en el proceso de producción, determinadas por la propiedad de los medios de producción, presenta un carácter distinto en las diversas formaciones económico-sociales, cuestión que en Venezuela tiene históricamente particularidades muy específicas.

En la colonia, las relaciones de dominación-explotación ejercida por la nobleza terrateniente eran relaciones sociales de producción esclavistas, basadas en una economía centrada fundamentalmente en la actividad agrícola y pecuaria, donde la propiedad privada de la tierra era el principal medio de producción y la principal forma de riqueza social, y el terrateniente era a la vez propietario de los trabajadores en régimen de esclavitud. Contra esta explotación esclavista colonial insurgirán, desde el siglo XVI y XVII, las rebeliones de esclavos que cobran carácter político y social en el siglo XVIII, exigiendo libertad y acceso a la propiedad de la tierra.

La lucha por estas dos reivindicaciones básicas de los esclavos y trabajadores urbanos y rurales adquirió renovado ímpetu a partir de 1812, con las rebeliones y la ocupación de las propiedades rurales en todas las regiones incorporadas a la lucha armada, rebelión que capitalizará Boves durante la Segunda República (1813-1814), más que en defensa de los intereses de la Corona española, contra un ejército y una causa republicana que, a los ojos de los explotados, era hasta ese momento básicamente la expresión del conflicto de intereses entre los blancos dueños de tierra y la Corona española. Luego de haber pasado por la dura experiencia que significó para las fuerzas independentistas enfrentar a Boves (1813-1814), y luego de conocer de primera mano la revolución de Haití, Bolívar, en un esfuerzo por ganar la adhesión popular a la causa republicana, cambiando ante los ojos del pueblo el carácter hasta ese momento aristocrático de esta, emitirá los decretos sobre la liberación los esclavos del 2 de junio de l816 y la Ley de Repartición de Bienes Nacionales del 10 de Octubre de 1817, situación que, no obstante, sólo viene a hacerse decisivamente favorable a las fuerzas republicanas en el periodo final de la guerra.

Culminada la Guerra de Independencia, la tierra, que seguirá siendo el principal medio de riqueza y el fundamento principal del control del poder político del Estado durante nuestros primeros 100 años de vida republicana, pasará ahora a manos de una oligarquía formada por una parte la vieja aristocracia terrateniente colonial, a la que se suman los principales jefes de la guerra de independencia transformados ellos mismos en terratenientes, y, progresivamente, a manos de la burguesía comercial parasitaria, prestamista y usurera de origen colonial. Con ello, esta nueva oligarquía deja en la práctica sin cumplir el compromiso de Bolívar con quienes llevaron la mayor carga de la guerra.

Contra esta renovada forma de despojo del dominio latifundista, que junto a la antigua forma explotación esclavista comienza a introducir relaciones de tipo servil y asalariadas, continuarán levantándose los esclavos, campesinos y trabajadores urbanos que pelearon en la guerra independentista por su derecho a la libertad y a la propiedad de la tierra, aspiración que en el caso de la esclavitud sólo se alcanza formalmente a partir de 1854, y, en el caso del acceso a la propiedad de la tierra nunca, siendo derrotados todos los levantamientos armados que de 1930 en adelante culminan en 1846, con la insurrección campesina y antiesclavista que comienza con el alzamiento de Francisco José Rangel, alzamiento al que se incorpora Ezequiel Zamora como jefe del Ejército del Pueblo Soberano, movimiento que culmina con la muerte de Francisco José Rangel y la detención de Zamora el 14 de Marzo del 47 luego de la batalla de Pagüito, y, finalmente, con la Guerra Federal transformada en guerra popular por E. Zamora al frente del Ejército del Pueblo Soberano, guerra victoriosa que es aplastada con el asesinato de Zamora el 10 de enero de 1860, y el subsecuente desmantelamiento y derrota orquestada por el propio liberalismo, del resto del ejercito formado por Zamora, derrota que permitió a la oligarquía, sobre la base de los intereses comunes de godos y liberales, seguir siendo los dueños de la tierra y los medios de producción, seguir controlando en adelante de forma prácticamente indiscutida el poder y los recursos del Estado y seguir explotando a los sectores trabajadores rurales y urbanos del país.

Con el derrumbe de la producción agrícola y la irrupción del petróleo como principal producto nacional a partir de 1926, la vieja oligarquía terrateniente se enfrenta al problema que le plantea el hecho de que, a diferencia de la tierra, que es un medio de producción legalmente apropiable privadamente, la nueva fuente principal de la riqueza del país que es el petróleo, y con él las demás riquezas del subsuelo, son, a partir del decreto de Bolívar del 24 de octubre de 1829, en el que ratifica la vigencia para la Republica del decreto de 1783 de Carlos III que reserva como dominio de la Real Corona las minas y riquezas del subsuelo, bienes cuyo producto, hoy por disposición constitucional, resultan ser una riqueza que desde su mismo origen posee carácter social y no privado, y que, por tanto, deberían beneficiar económica, social y culturalmente a toda la población, hecho por definición contrario a la posibilidad de que una minoría pueda a largo plazo seguir ejerciendo de manera exclusiva el control sobre las principales fuente de riqueza del país, a la vez que representa un grave riesgo para la política de dominación neocolonial del capital financiero e industrial internacional.

No obstante, estando el Estado en manos de esta oligarquía, la solución que esta pone en práctica para seguir siendo la principal dueña de la riqueza del país, que ya no depende como antes de la propiedad de la tierra, es la de transformar el Estado en el intermediario fundamental para el traspaso a manos privadas de los ingresos producidos por la explotación del subsuelo, impidiendo que esta riqueza de naturaleza social sea invertida en el desarrollo del país en su conjunto, beneficiando a toda la población de forma más equitativa.

Este mecanismo de traslado de los ingresos generados por la explotación del petróleo propiedad de la nación a manos privadas, para beneficio principal de la minoría oligarca del país y de los intereses extranjeros –sin cuya anuencia nada hacen, tal como se ha visto transparentemente durante estos 17 años de oposición de la derecha– es lo que luego ha venido a denominarse "Modelo Rentista petrolero".

Con él, la oligarquía nacional sigue garantizado la permanencia de sus intereses, antagónicamente contrarios al interés de los sectores populares del país, no sólo para apropiarse directa e indirectamente de la mayor parte de la principal riqueza de la nación, sino para seguir siendo, por este medio, los dueños de los principales medios de producción, y, de esta forma, seguir obligando a quienes no los poseen a someterse a las condiciones de explotación que ellos fijen, y seguir disfrutando de la situación de privilegio que significa vivir de los recursos del Estado y de la explotación de los trabajadores.

Al mismo tiempo, este modelo de descapitalización y desnacionalización permanente del país, es el que permite garantizar que esta relación dependiente explotador/explotado, interna y externa, se reproduzcan y se perpetúe en el tiempo a través del control que hace posible sobre el poder económico y político del Estado, con todo su aparato ejecutivo, legislativo, jurídico, burocrático administrativo, de seguridad y de comunicación de masas y educación.

Por el contrario, frente al modelo rentista petrolero y a los intereses de las grandes potencias extranjeras sumados a los de la oligarquía nacional, dirigidos a preservar la condición de dependencia estructural política y económica de nuestra nación, sobre la que se basa la explotación en condiciones de miseria de nuestros recursos naturales y de la mayor parte de la población, el interés fundamental de los sectores populares es el de la SOCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN que haga posible la concordancia entre el carácter cada vez más social de las relaciones de producción con la propiedad social sobre los medios de producción, permitiendo dirigir de manera racional y planificada todas las ramas de la economía nacional.

1. Etapas del modelo rentista petrolero.

No podría entenderse lo que ha significado el modelo rentista petrolero, que en definitiva está referido al uso del excedente económico del país, sin establecer su relación con la producción nacional, tanto agrícola y pecuaria como industrial.

En este sentido, resulta útil relacionar el análisis del comportamiento del PIB per cápita que presenta Manuel Southerland2, con los cuatro periodos del desarrollo de la producción industrial del país, y su relación con la producción agropecuaria.

Los años 1936 a 1945, corresponden al inicio de la industrialización en Venezuela, determinada por la necesidad de hacer frente a la interrupción del comercio de importación de productos provenientes de los países industrializados debido a la primera guerra mundial, en un esfuerzo concertado entre el sector privado y el Estado, en el que se establecen las bases conceptuales e instrumentales para el fomento de la industria, se trata de un periodo en que el país logra autosatisfacer casi completamente sus necesidades básicas en materia de producción agropecuaria, y donde el crecimiento industrial marcha en paralelo a esta, producción que está orientada, fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades internas del país.

Un segundo periodo, de 1945 a 1958 en que, sobre el exitoso desarrollo alcanzado en la etapa anterior, se plantea la posibilidad de un salto cualitativo dirigido a la importación industrial. Para ello se crean distintas instituciones de apoyo al desarrollo industrial en materia de financiamiento, productividad, calidad, normalización, adiestramiento, promoción de importaciones e integración.

Finalizada la segunda guerra mundial , Estados Unidos y los principales países industrializados de Europa, comienzan a reestablecer su parcialmente diferida influencia financiera y comercial con el objeto de desplazar al capital nacional y eliminar el carácter "nacionalista" de las políticas industriales desarrolladas gracias a la relativa autonomía permitida por la situación de guerra, política que tiene en la décadas de los años 50-60 su mejor momento, con valores de crecimiento del PIB per cápita superior al 41 % . Ello explica, dicho sea de paso, el porqué era necesario eliminar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, de carácter eminentemente nacionalista, que estaba en completa sintonía con las políticas de fomento de la producción industrial concertada entre el Estado y de la burguesía nacionalista industrial surgida a partir de la primera guerra mundial.

Culminada la Segunda Guerra Mundial, con el derrocamiento de Pérez Jiménez y el inicio de período de la democracia representativa, se completa la recuperación del dominio absoluto de los Estados Unidos en Latinoamérica, y se pone fin a la política industrial de carácter nacionalista que venía desarrollando autónomamente el país desde el inicio de la primera guerra mundial, dando inicio al tercer periodo de industrialización caracterizado por la política de sustitución de importaciones bajo los lineamientos diseñados por la CEPAL de la ONU, bajo la cual se concreta, a partir de 1958, la estrategia destinada a reconducir el proceso de industrialización que venían desarrollando los países latinoamericanos, para adecuarlos a los objetivos de penetración del capital internacional financiero internacional y al desarrollo de la producción industrial y el comercio norteamericano y europeo, política que transformó el desarrollo industrial de nuestros países en una industrialización dependiente de las importaciones, tecnologías, patentes y capital de los países industrializados, cuyos beneficios no eran ya capitalizados en el país, pasando en su mayor parte a capitalizar a las empresas industriales y financieras extranjeras, periodo cuyo resultados muestra un crecimiento del PIB per cápita del 30,81% en la década del 60-70 , y de 16% en los años 70-80.

La década de los años 80-90, marca el fracaso de la política de industrialización sustitutiva y el derrumbe de la producción industrial, que llega a un PIB per cápita negativo de -15%, al tiempo que se consolida la tendencia del país a depender cada vez más de las importaciones en desmedro de la producción nacional.

A partir de ese momento la importación y el comercio de bienes y servicios pasan a ser el mecanismo fundamental de traslado de la renta petrolera a manos privadas. Tendencia histórica que, lejos de revertirse durante los años de gobierno bolivariano, ha sido llevada al extremo, al punto de llegar a sustituir completamente la producción nacional, que es incapaz de competir con los muy altos márgenes de beneficio que permite las diversas formas de especulación en divisas y los altos márgenes de ganancia de la actividad comercial y de servicios, legales e ilegales, derivadas de las políticas de control cambiario y monetarias, todo ellas asociadas a las políticas asistencialistas clientelares que a nivel político social forman la base de supuesto socialismo bolivariano.

1. ¿En qué consiste, y cuál es el rol central del rentismo petrolero en la economía venezolana?

A través del uso y abuso del término modelo rentista petrolero, este ha llegado a constituir un lugar común que, en su acepción más general alude a una economía que vive esencialmente de los ingresos producto de una condición "natural" afortunada del país, comparable a la de alguien que recibe una herencia y puede en adelante vivir gastando dicha renta sin preocuparse mayormente de trabajar para subsistir. Efectivamente, durante todos estos años de rentismo, la mayor preocupación ha sido la de las fluctuaciones cíclicas del precio del barril, en particular las que puedan llevar a una drástica caída del monto de los ingresos en dólares del país, tal y como la tenemos actualmente.

Más allá de este sentido general, en Venezuela el modelo rentista petrolero es lo que caracteriza nuestra particular condición de dependencia estructural económica, social e ideológica-cultural; modelo desarrollado por la oligarquía nacional bajo la influencia directa de los países hegemónicos del llamado "primer mundo", en particular de los Estados Unidos, oligarquía que hasta 1999 fue la dueña indiscutible del poder de Estado.

Tres son los aspectos fundamentales que a nuestro juicio definen el carácter del rentismo petrolero en Venezuela:

1. En tanto que modo de producción que caracteriza nuestra condición económica dependiente, más que modo de producción, es fundamentalmente un modo de redistribución de un excedente, que no guarda relación con las relaciones de la producción que le dieron origen, siendo por tanto relaciones de redistribución por apropiación, a partir de la cual opera una economía nacional igualmente dependiente, basada en un modo de producción dominante capitalista.

1. Como tal, es el mecanismo fundamental para la transferencia (apropiación) de la mayor parte de los ingresos petroleros propiedad del Estado, a las manos de las corporaciones norteamericanas y extranjeras que operan en el país, así como a manos de la minoría formada por la burguesía y oligarquía nacional, quienes son, al mismo tiempo, los principales dueños, junto al mismo Estado, de los medios de producción; hecho que determina la condición específica de explotación y miseria a la que han estado sometidas históricamente las clases populares del país, situación que, luego de estos primeros 17 años del proceso bolivariano, sigue siendo una realidad plenamente vigente.

1. Si el objetivo principal del modelo rentista petrolero es el de transferir a manos de la burguesía los ingresos que genera al país la explotación del petróleo y, en general, de las demás materias primas extraídas del subsuelo, que por disposición constitucional pertenecen al Estado y, por tanto, a todos los venezolanos; su segundo objetivo, consecuencia dialéctica del primero, es el traslado al exterior de la mayor parte de estos ingresos, apropiados por las empresas extranjeras y por la oligarquía del país. Fuga de capitales que es, de hecho, el principal interés estratégico de los países industrializados, no sólo en la medida en que significa un beneficio adicional como acumulación de capital para sus economías, sino, principalmente, en la medida en que impide la posibilidad de una acumulación de ese excedente en el país, que pueda servir de fundamento para un proceso de desarrollo económico, social y cultural autónomo, asegurando de ese modo la reproducción de nuestra condición de economía estructuralmente dependiente de sus intereses financieros e industriales. En este sentido, el rentismo petrolero constituye el principal mecanismo de descapitalización y desnacionalización del país.

1. A estas dos características debe sumarse la tendencia a una cada vez mayor dependencia del país de las importaciones, que hace de la actividad comercial y de servicios la principal meta económica de todos los venezolanos, en detrimento de cualquier forma de actividad productiva agrícola o industrial.

Si bien se trata de una tendencia que tiene su raíz económica en la desigualdad de los términos de intercambio internacionales, entre países con alto desarrollo industrial y los denominados "subdesarrollados", desigualdad que favorece siempre a los productos de los países industriales; esta mentalidad mercantil importadora tiene asimismo su origen, como parte del imaginario social y cultural nacional, en la ideología impuesta por la burguesía comercial, usurera y parasitaria, de origen colonial, que, asociada a la vieja y nueva oligarquía terrateniente que surge de la guerra de independencia, poco a poco se impone en el país, luego de separada Venezuela de la Gran Colombia, para transformarse, a partir de Guzmán Blanco, en el modelo y factor determinante del modo de vida venezolano, modo de vida que difunde, como máximos valores a imitar, no los del trabajo creativo basado en la producción de los bienes y servicios que el país necesita, sino los del enriquecimiento fácil basado en la especulación financiera, usuraria y mercantil.

Como tal, esta tendencia ha venido cobrando cada vez mayor protagonismo desde los años 60 del pasado siglo, con la implantación del modelo de sustitución de importaciones desarrollado e impuesto a los países latinoamericanos por los Estados Unidos y los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, a través de la Comisión Económica para la América Latina, CEPAL, de las Naciones Unidas.

1. En términos operativos, el modelo rentista tiene en la cultura del vivismo su recurso fundamental de acción en cada uno de sus aspectos antes mencionados, cultura que tiene como herramientas principales la ineficiencia y la corrupción, que, de forma paradójica y bizarra, ha llegado a cobrar total preeminencia sobre el comportamiento económico social y cultural del país,

De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que el modelo rentista petrolero tiene una triple finalidad: enriquecer a los países dominantes a través no sólo de la extracción, a precios de miseria, de nuestros recursos naturales, sino también, a través de la extracción del excedente económico resultado de la explotación de esos recursos, cualquiera que esta sea. Segundo, garantizar que nuestra condición de subdesarrollo y dependencia siga prolongándose en el tiempo, impidiendo que el excedente generado se quede en el país y pueda ser capitalizado en función de su desarrollo. Tercero, garantizar a las minorías del país que hacen posible a los intereses internacionales su estatus de dominación, su participación en esta apropiación de la renta nacional, cuidando de que no desarrollen una conciencia nacionalista que ponga en peligro dicha dependencia. Sólo en cuarto lugar, el modelo rentista petrolero viene a ser un modelo de producción, siempre condicionada al cumplimiento de los objetivos antes señalados.

1. Vigencia y consecuencias del modelo rentista en los 17 años de gobierno bolivariano.

Dadas por sentadas estas premisas, y teniendo en cuanta la magnitud de los ingresos petroleros recibidos por el país durante el periodo 2004 - 2014, es necesario comenzar por preguntarnos, más allá de toda la verborrea anti oligárquica, pero también, más allá de toda la verborrea "socialista": ¿Hasta qué punto la política pro-socialista de nuestro gobierno ha significado un cambio real en términos de poner fin, en todo o en parte, a la desigualdad estructural en la distribución de la renta del país, incluida la petrolera, así como a la descapitalización y desnacionalización que ha caracterizado al Estado capitalista dependiente de la IV República basado en el modelo rentista?

Ello equivale a preguntarnos cuál ha sido concretamente, durante los 17 años de gobierno bolivariano, la magnitud de la transferencia de la renta nacional a las manos de la vieja oligarquía y de la nueva burguesía de maletín formada a la sombra del bolivarianismo; cuál el monto de la transferencia de ese capital al extranjero, y cual el monto total que realmente ha sido dirigido por el Estado bolivariano para atender al "pago de la deuda social" de los sectores populares.

La respuesta a estas interrogantes podemos encontrarla, ampliamente desarrollada, en el "6 Análisis Crítico de la Economía Venezolana" de Manuel Sutherland publicado en Aporrea tvi. Octubre de 2016, Disponible en: https://www.aporrea.org/economia/n305848.html , del cual hemos tomado los siguientes datos que respaldan nuestro argumento.

Según este análisis, durante el período 2003 al 2014, de los 1.2 billones de dólares que corresponden al monto total del PIB de esos 11 años, 296 mil millones de dólares (24.6%) corresponderían al monto apropiado de la renta nacional trasladados al extranjero, es decir, corresponden a la fuga de capitales de la nación. (Ver cuadro: Transferencia neta de recursos al extranjero), al cual se suman los 204 mil millones de dólares correspondientes al pago de deuda externa (17%); otros 500 mil millones de dólares (41.6%), corresponden al monto destinados a las importaciones, importaciones que últimamente llegaron a cubrir la casi totalidad de las necesidades del país, sustituyendo casi toda la producción nacional, dentro de cuyo total se estima que 200 mil millones de dólares (16,6%), que corresponden a la sobrefacturación y fraude de importación que caracterizó los últimos años de este periodo, monto que viene a aumentar indirectamente el monto de la trasferencia del excedente nacional al extranjero, con lo cual el porcentaje total de la fuga de capitales estaría por el orden del 41,2% del PIB nacional. Finalmente, restarían 200 mil millones (16,6%), que corresponderían a monto total destinado por el gobierno al gasto de funcionamiento del Estado, en el que estaría incluida la inversión social para el "pago de la deuda social", es decir, la inversión en los distintas misiones y programas sociales del gobierno, pero también todo el gasto social del inmenso aparato burocrático del estado, la inversión en infraestructura, seguridad, etc.

La descomunal proporción entre el monto del PIB que sigue pasando a manos de la vieja oligarquía y nueva burguesía surgida del bolivarianismo (41,2%), sólo por concepto de transferencia neta de recursos al extranjero en cifras oficiales, más el monto estimado de fraude por concepto de importaciones, que sumados equivale a 496 mil millones de dólares; comparado con el monto que a través de las políticas sociales han venido a beneficiar a los sectores populares, que es sólo una parte del 16,6% de PIB destinado a gasto público, que en total suma 200 mil millones de dólares, aparece más clara ante nuestros ojos si se las compara con el monto de las reservas monetarias de la nación depositadas en el BCV, que actualmente son del orden de 9.873 millones de US $, más 3 millones de US $ del Fondo de estabilización Macroeconómica, FEN, creado por Chávez en el 2003, fondo que en su mejor momento llego a contar, en el 2001, con 7.114 millones de dólares, mientras que las reservas internacionales, en su mejor momento, también durante el mandato de Hugo Chávez, llegaron, en el 2009, a 43.063 millones de dólares.

La conclusión es muy clara. En los 17 años de nuestro gobierno bolivariano, lejos de haberse avanzado en la transformación del Estado capitalista burgués y en la eliminación del modelo rentista petrolero a él asociado, hacia una superación de nuestra condición de dependencia estructural y hacia un Estado de justicia social; lo que en la práctica se ha hecho, lo que en la práctica se esconde detrás del conjunto de políticas asistencialistas, clientelares y populistas que se hacen pasar por socialistas, y que no van más allá de ser un conjunto de "buenas intenciones" dirigidas a mejorar la situación de explotación y miseria en que viven los sectores populares, es, contrariamente, llevar el modelo rentista al extremo de sus posibilidades, dándole continuidad al fabuloso enriquecimiento de la minoría formada por la vieja burguesía oligárquica, y creando bajo su amparo a toda una nueva burguesía "bolivariana" (boliburguesía), dejando para las clases trabajadoras básicamente las migajas del festín: Pan y circo, y, últimamente, ni siquiera pan.

Como es lógico, Junto con ello, se ha llevado igualmente al extremo los demás factores asociados al modelo rentista, acentuando la fuga de capitales, el deterioro de la producción en beneficio del aumento indiscriminado de las importaciones, y el aumento desmesurado del gasto público improductivo, a partir de políticas fundamentalmente asistencialistas de naturaleza populista, y, por tanto, acentuando nuestra condición de sub-desarrollo y dependencia estructural socio-económica.

Panorama desolador, que está detrás de la profunda crisis económica, social y política por la que atraviesa el país y el bolivarianismo, y, con él, el futuro de todo el esfuerzo latinoamericano de construcción de una alternativa al neoliberalismo imperialista.

Saqueo y debacle económica doblemente infame en la medida en que ha sido perpetrado en nombre del socialismo y de las clases populares, que lejos de propiciar el avance y profundización del proceso revolucionario, parece orquestado para descalificar y destruir cualquier posibilidad futura de socialismo, cualquier posibilidad futura de reivindicación social y económica de los sectores populares, cualquier posibilidad de inclusión y participación. Desastre y nefasto precedente que, de funcionar los planes de la derecha para derrocar al bolivarianismo, garantizaría, por si solo, otros doscientos años de reinado omnímodo de la oligarquía y del imperialismo norteamericano. Maquiavelo no hubiese podido discurrir mejor estrategia. Estamos durmiendo con el enemigo.

1. Sobre el papel de los sectores populares como sujeto y objeto de la transformación revolucionaria socialista.

Como se desprende del análisis de Manuel Southerland, frente a la abrumadora desproporción entre el enriquecimiento de las empresas extranjeras asociadas a la vieja burguesía apátrida, como de la nueva burguesía surgida al amparo del bolivarianismo, sumado a la fuga de capitales, al completo derrumbe de la producción nacional asociada, y a la explosión nunca vista de las importaciones y de la ideología mercantilista, así como al fraude, la inseguridad y la corrupción reinante, la realidad de lo que al final de cuentas ha sido el monto dispuesto por el gobierno bolivariano para atender la llamada "pago de la deuda social" resulta una cifra caricaturesca. Repitámoslo una vez más: menos de un 16,6%, frente al 41,2% del monto oficialmente registrado apropiado por la vieja y nueva burguesía íntegramente sacado fuera del país, al que debe sumarse el fraude por importaciones, entre otros muchos de su mismo origen.

Frente a esta realidad, la pertinencia y la importancia de la política populista, asistencialista y clientelar del llamado pago de la deuda social, la cual se pretenden hacer pasar por socialistas, debería ser revisada integralmente como una parte fundamental de la redefinición del proyecto nacional contenido en la Constitución nacional. Este y no otro debería ser el mandato que se desprende del apoyo clasista de los sectores populares al llamado constituyentita del presidente Maduro, mandato que, tal como lo hemos señalado, obliga a profundizar en la transferencia del poder económico y político a los sectores populares.

Ello significa, expresado en términos más claros, que mientras nuestros dirigentes y altos funcionarios de gobierno seguía durante estos 17 años beneficiándose, directa o indirectamente, y beneficiando, esplendida y generosamente, a los mismos sectores tradicionales de la oligarquía apátrida, y a una minoría de arribistas y oportunistas disfrazados con franelas rojas, todos bien provistos de empresas de maletín y contactos fraudulentos, minoría que se ha enriquecido de manera fabulosa a través de todo tipo de financiamientos millonarios para el desarrollo de proyectos de producción e importaciones que a final de cuentas se han vuelto todos arena entre las manos; la realidad del monto destinado por el Estado para los sectores populares en términos del "pago de la deuda social" resulta ser proporcionalmente un monto miserable, mucho más si se piensa que está dirigido a una población que representa aproximadamente el 60% del país. A ello debe sumarse el hecho, aún más grave, de que estos recursos, en su gran mayoría, se han asignado con criterios que en poco o nada contribuyen a resolver la situación estructural de marginalidad económica de estos sectores, y, mucho menos, al desarrollo económico del país, tal como lo demuestra palmariamente la crisis actual.

Así, mientras a una minoría se le asignan miles de millones de dólares para proyectos fraudulentos de todo tipo, donde los requisitos técnicos que los fundamentan son meras formalidades para cubrir las apariencias de acuerdos resueltos bajo cuerda; cuando se trata de apoyar a las comunidades populares, que son nuestra gente, la gente que deberíamos estar apoyando integralmente en sus proyectos comunales o individuales, nuestros organismos de Estado, en los cuales el país invierte miles de millones para su funcionamiento burocrático, y para pagar a sus correspondientes "asesores y técnicos", lo más que llegan a plantear es la "posibilidad" de un proyecto casero para fabricar mermeladas, o la "posibilidad" de una fábrica de overoles aportándoles dos máquinas de coser, o un aporte para montar una peluquería, o en el mejoramiento puntual de la consabida escalera del barrio, la cancha deportiva, el mejoramiento de la fachada, las láminas para reparar el techo, la pintura para la fachada, etc., etc. Todo menos un plan de desarrollo realmente integral de su hábitat, que incluya, comenzando por lo productivo, la salud, la formación, la movilidad, la comunicación, la organización comunal, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de las necesidades colectivas, la residencia, la identidad comunal, etc.

Frente a esta realidad, y como mínima respuesta al apoyo dado por el pueblo a nuestro gobierno, es necesario partir por denunciar y poner fin, de una vez por todas, a la política de "pago de la deuda social" de corte asistencialista, y sustituirla por una política de desarrollo integral del hábitat de los sectores populares, perfectamente articulado a un plan integral de desarrollo nacional económico, social y cultural autónomo.

En este sentido, si bien el domingo 30 de julio hemos debido votar por un listado de candidatos, la mayor parte desconocidos, excepción hecha de los dirigentes del chavismo, cuyos planteamientos respecto a la tarea constituyente tampoco hubo mayor oportunidad de conocer, salvo opiniones puntuales y casuísticas que adolecían de una visión necesaria de conjunto; una vez demostrado fehacientemente el apoyo popular a la paz, implícito en el llamado constituyente, se impone la tarea de la reflexión, reflexión que, a nuestro juicio, debe comenzar en torno al tema de fondo antes señalado, es decir, por definir el rol que la Asamblea Nacional Constituyente asignará a las clases populares, tanto respecto a su participación durante el proceso de discusión del proyecto de constitución nacional que deberá ser sometido a referéndum, como respecto a su papel protagónico como sujeto y objeto esencial de la transformación revolucionaria del Estado dentro del nuevo proyecto de constitución a ser presentado al país.

Visto lo anterior, nuestra pregunta es si esta Asamblea Nacional Constituyente se constituirá en una plataforma participativa y protagónica amplia, abierta a las diversas corrientes de opinión que apoyan o adversan al movimiento bolivariano, y abierta al país a través de los medios de información del Estado, propiciando la discusión y análisis crítico profundo e informado de los problemas que confrontamos como nación, de cuyo seno surja el proyecto de constitución nacional que los sectores populares, el movimiento bolivariano y el país necesitan, capaz de hacer efectiva la posibilidad de poner finalmente el poder en las manos de las clases populares a través de una transformación revolucionaria del Estado y del país; o si, por el contrario, operará sobre la base de una agenda precocinada que refleje básicamente la visión de la actual dirigencia chavista, con participación eventual y limitada de distintos sectores, participación que sabemos, es más de carácter mediática que orgánica.

Obviamente, cuando señalamos la necesidad de esta participación de los sectores populares durante el proceso de discusiones de la ANC, no nos estamos refiriendo a una participación del tipo de la que nos tiene acostumbrado nuestra dirigencia, llamando a foros tipo cabildo más o menos improvisados en la plaza Bolívar de los pueblos, en los que luego de haber sometido a la gente a una hora o más de discursos de los mismos dirigentes de siempre, llenos de lugares comunes, se abre un derecho de palabra para el que nunca hay demasiado tiempo, el cual no puede sino terminar siendo otra cosa que "opiniones improvisadas", recogida luego apresuradamente en un listado de "propuestas" que alguien anota, y cuyo destino final queda en manos de los mismos dirigentes promotores del evento, etc.

Por el contrario, hablamos de un método de trabajo a diseñar para hacer posible la participación orgánica de la mayor parte de los sectores populares del país. Participación protagónica y empoderamiento que estén basados en el aporte pedagógico de los hechos y puntos de vistas contrapuestos fundamentales sobre los distintos asuntos que tienen que ver con los problemas relativos a una transformación revolucionaria del país y de nuestra constitución. Hechos y puntos de vista que informen y formen a nuestra población sobre cada uno de esos grandes temas, y sobre cuya base pueda tener lugar una discusión crítica enriquecedora y productiva, proceso este, informativo, formativo y deliberativo, que no puede ser resuelto sólo en una mañana bajo un toldo de una plaza.

Si, como señalaba en su intervención ante la ANC nuestro presidente Nicolás Maduro, la ANC tiene previsto al menos dos años de trabajo, es evidente que existe el tiempo necesario para hacer del tema de la participación un asunto de importancia central, a corto, mediano y largo plazo. No obstante, la experiencia y recientes declaraciones sobre el tema, demuestran que lo más probable es que se acorten drásticamente estos plazos, estrategias politiqueras favorita de nuestra actual dirigencia, encaminada a impedir cualquier reflexión seria, y a tomar decisiones atropelladas y cortoplacistas en función de intereses coyunturales que, por lo general, no son otros que los que les permiten, como grupo, preservarse en sus privilegios de poder.

El verdadero pago de la deuda social, de la deuda histórica, con los sectores populares, no consiste en darles comida subsidiada, ni darles apartamentos equipados, ni carros, neveras y aparatos de aire acondicionado, ni puestos de trabajo marginales, como barrenderos, o "chambas" coyunturales tipo plan de emergencia. Más allá del acceso a la educación y a la salud, que tiene pleno sentido, el verdadero "pago" de la deuda histórica con los sectores populares radica, en primer lugar, en hacer posible que el poder político originario de la nación, de la cual son mayoría, pase efectivamente a sus manos en forma directa, y con él, el poder del Estado; desplazando a la oligarquía nacional, que, asociada a los intereses imperialistas, ha dominado el país desde su origen como república a través del control sobre la propiedad de los medios de producción y, a partir de los años 20 del siglo pasado, a través de la apropiación de la renta petrolera nacional y de la propiedad de la mayor parte de los medios de producción. Al mismo tiempo, desplazando progresivamente del poder a gran parte de la actual dirigencia bolivariana que, en esencia, son en el fondo una nueva forma de poder representativo. Si se quiere, mucho más auténticamente representativo de los intereses de los sectores populares que lo que fue la IV República, pero representativo al fin de cuentas.

En segundo lugar, que este poder político haga posible que el excedente económico de la nación, producto de la explotación de los recursos minerales que pertenecen al Estado, se invierta completamente en el desarrollo diversificado e integral de la producción nacional, sin pasar a manos privadas, a través de proyectos en que el Estado se reserve el control sobre la mayoría accionaria, dando prioridad a aquellos dirigidos a las comunidades organizadas, privilegiando de este modo el acceso de los sectores populares a la propiedad comunitaria y colectiva de los medios de producción, haciendo con ello posible que el poder político se convierta definitivamente en poder económico.

Respecto a este último planteamiento, si bien, hablando hipotéticamente, es posible pensar que un gobierno de carácter puramente nacionalista pueda plantearse la tarea de romper con el modelo rentista, y enrumbar al país hacia un modelo socio económico que, a diferencia del rentista petrolero, esté basado en el uso prioritario de los recursos del petróleo para el desarrollo de la producción agrícola e industrial como fundamento de un desarrollo integral del país; la realidad de nuestra condición de dependencia estructural económico-social e ideológica es tan profunda y de tal complejidad, que hace que la superación del modelo rentista sólo sea posible dentro del marco de un proyecto de transformación del país en sentido socialista, en la medida en que ello supone el ejercicio de una voluntad autonómica y soberana que, para ser realmente tal, necesariamente debe fundamentarse en los dos principios mínimos antes propuestos en relación al socialismo, es decir, en un liderazgo de clase revolucionario y una superación de las relaciones de producción capitalistas, voluntad que, por definición, es completamente ajenas a los intereses de la pequeña burguesía de clase media y de la oligarquía nacional, sujeta a los designios del imperialismo norteamericano, tal como ha quedado manifiesto a través de las acciones desarrolladas por la oposición en estos 17 años.

Dentro de nuestra condición específica de país capitalista, cuyas relaciones económico sociales operan en términos de relaciones de dependencia estructural respecto a las economías financiera de los principales países industrializados, la superación del rentismo petrolero jamás podrá ser alcanzado.

1. Sobre el papel de la ineficiencia en la crisis económica del país justificada por el gobierno como un "fracaso del rentismo petrolero".

Desde el momento en que la crisis económica del país comenzó a tocar fondo y se produjo la perdida de la Asamblea Nacional a finales del 2016, mucho se ha hablado desde el alto gobierno bolivariano, a propósito de la necesaria reactivación económica del país, de un pretendido "fracaso del modelo rentista", haciéndolo ver como si se tratase de un modelo de carácter básicamente "productivo" heredado y aparentemente ajeno a la gestión de gobierno de estos últimos 17 años, modelo al que se pretende responsabilizar, junto con la guerra económica de la derecha, por el actual derrumbe de la economía.

Muy por el contrario, teniendo en cuenta el conjunto de anteriores consideraciones, es posible afirmar que, en lo que atañe al propósito central con que fue creado el modelo rentista, que como hemos visto es todo menos productivo, este ha funcionado siempre muy "eficientemente" ( tanto que bien pudiese decirse que es lo único que funciona eficientemente), y, en lo que respecta a estos 17 años de gobierno bolivariano, no sólo ha continuado incólume y ha seguido siendo en la práctica el mecanismo base con que opera toda la política económica del gobierno, sino que ha funcionado mejor que nunca, tal como se desprende del análisis de los datos presentados.

A pesar de toda la palabrería anti oligárquica de nuestro gobierno y de nuestra dirigencia, como nunca antes, la burguesía tradicional del país y la boliburguesía emergente a ellos asociada, directa o indirectamente, han continuado instrumentalizando a su favor todas las inversiones del Estado, apropiándose de la mayor parte de los recursos de la nación, en detrimento directo del país y de los sectores populares que siguen siendo un sector estructuralmente marginado de estos beneficios.

Al mismo tiempo, como consecuencia lógica de dicho modelo, como nunca antes, la producción agrícola e industrial del país, incluidos todos los planes de desarrollo productivo puestos en práctica durante el gobierno de Hugo Chávez, llegaron prácticamente a desaparecer; al mismo tiempo que el monto de la fuga de capitales, sumadas al monto de las importaciones (la mayor parte fraudulentas, aumentando por tanto la cuantía de los recursos en dólares que se quedan en el exterior), han sido las más grandes de toda nuestra historia, dejando al país en peor condición relativa de la que estaba en el 2000, y, como si fuese poco, poniendo en grave riesgo la posibilidad misma del futuro del proyecto de justicia y equidad bolivariano.

Peor que la vieja oligarquía, la nueva caterva de oportunistas de toda laya enquistados en el gobierno disfrazados de chavistas, que desde muy temprano se han pegado al carro de la revolución, como plaga de langostas han llegado arrasando y cortando rabo y oreja, haciendo lo que la vieja oligarquía apátrida cuidó siempre de no hacer, es decir, lo que ellos llaman, "matar la gallina de los huevos de oro".

Llevando al extremo cada uno de los factores que caracterizan al rentismo durante la bonanza petrolera, nuestra dirigencia, íntimamente asociada a esta nueva burguesía parasitaria chavista, han conducido al fracaso toda la política económica del bolivarianismo, y al descalabro casi total la producción nacional, agravada hoy por la drástica baja de los precios del petróleo. Frente a esta realidad, y sin intentar desconocer el papel que como factor desestabilizador ha jugado en toda esta crisis la guerra económica de la derecha, está viene a ser sólo un factor contribuyente que, de ninguna forma puede ser imputada como la causa fundamental de la crisis.

Planteadas las cosas en estos términos, debemos preguntarnos, hasta qué punto la actual crisis por la que atraviesa el país y el bolivarianismo permite hablar de un "fracaso del modelo rentista", tal como nuestro gobierno pretende hacernos creer para justificar su propia responsabilidad en la crisis económica del país, y, de paso, para justificar su política de auto salvación como dirigentes del bolivarianismo, sustentada en sus planes para una reactivación económica que pretenden vendernos como la definitiva eliminación del modelo rentista petrolero supuestamente fracasado.

A nuestro criterio, el único "fracaso" que existe no es el fracaso del rentismo, que sigue gozando, incluso hoy, de muy buena salud. El único fracaso es el que deriva de la consecuencia lógica de la vigencia de un modelo rentista llevado esta vez hasta sus últimas consecuencias, fracaso en el que juega un papel de primer orden la ineficiencia generalizada a que hemos hecho referencia a propósito de los factores que caracterizan al modelo rentista, muy especialmente, en lo que atañe a la ineficiencia respecto a la aplicación de las políticas económicas que, independientemente de ser acertadas o equivocadas, o hasta nefastas algunas de ellas, todas han sido llevadas a la práctica de la forma más inoperante, improvisada, cortoplacista y caótica posible, al margen de toda planificación y seguimiento, cuyas consecuencias golpean y tienen que pagar, como siempre, los sectores populares del país.

Se trata, por tanto, no del fracaso del modelo rentista en sí, sino del fracaso económico del país, que nunca termina de salir de su condición de dependencia estructural, que arrastra a la miseria y la marginalidad a la mayor parte de su población. Fracaso signado por una ineficiencia generalizada, que lejos de ser una condición derivada de nuestra condición de subdesarrollo, es decir, de insuficiencia de formación, de flojera mental, etc., constituye de hecho el mecanismo por excelencia a través del cual opera y funciona, a través de los distintos niveles sociales, todo el andamiaje del rentismo petrolero. Mecanismo que está, además, en la base de toda la corrupción generalizada imperante.

Sin embargo, no basta con esta evidencia, que ha dejado a nuestros dirigentes y gobernantes en mitad de la calle, con una mano atrás y otra adelante, como el rey que caminaba desnudo. No basta, frente al descalabro de la economía nacional, en el que la guerra económica viene sólo a ser un factor colaborante, y la inflación una consecuencia más, con salir ahora a reconocer de palabra lo que ya es obvio y no se puede ocultar. Lo que siempre supieron y se negaron a ver y reconocer. No basta con manipular a la opinión pública, pretendiendo hacerse pasar por víctimas inocentes de una guerra en la que no tienen responsabilidad alguna, y pretender no ser responsables de la vigencia de un rentismo del que ahora quieren desentenderse, como si este hubiese actuado en estos 17 años sin que ellos tuviesen nada que ver. Como si jamás se hubiesen percatado de su existencia y como si, de un día para otro, junto con la perdida de la Asamblea Nacional, hubiesen recibido la verdad bajada del cielo, y ahora sí, van a hacer todo lo que se necesita hacer para acabar con el maligno rentismo petrolero que es el causante de todos los males.

1. Ineficacia y lógica del vivismo.

Si desde un punto de vista general es posible constatar que en sus análisis de la situación país, ni a la oposición ni al gobierno les interesa profundizar demasiado en el rol y funcionamiento real del rentismo petrolero, rentismo en el que ambos han demostrado tener intereses comunes, como lo evidencian los datos disponibles; desde la oposición, las críticas frente al fracaso de las políticas del gobierno en materia económica se centran básicamente en dos puntos de vista:

1. Las que explican la crisis como resultado de la supuesta naturaleza socialista de las medidas adoptadas, socialismo que, de acuerdo al pensamiento pro-capitalista, es en sí mismo un sistema históricamente fracasado, tal como, supuestamente, lo demuestra la experiencia de los diversos países en que se ha tratado de ponerlo en práctica, cuyo mayor ejemplo sería el fracaso de la Unión Soviética.
2. Las que explican la crisis como el resultado de una acción fallida, producto de la supuesta torpeza, ignorancia, incapacidad e improvisación de unos allegados al manejo de los asuntos económicos y públicos, asuntos para los que, supuestamente, sólo la culta clase alta y los tecnócratas estarían en condición de atender eficientemente.

Respecto a la primera crítica, la supuesta inoperancia congénita del socialismo como sistema económico, así como la tesis contraria, su viabilidad como alternativa frente a la realidad actual del capitalismo imperialista globalizado del mundo contemporáneo que amenaza no sólo con plagar de miseria y guerra a la mayor parte de la humanidad, sino con la posibilidad cierta de que termine con la vida misma en el planeta, son temas que, asumidos seriamente desde distintos campos del conocimiento, han sido objeto de una amplia discusión dentro y fuera del campo de la izquierda, en la que han participado muy distintos pensadores, entre otros, Noam Chonsky y Enrique Dussel, por citar dos contemporáneos muy cercanos al desarrollo del pensamiento del comandante Hugo Chávez, o la línea que va del filósofo marxista Henri Lefebre a David-Harvey, geógrafo y teórico social británico, además de buena parte del pensamiento ecologista, discusión que en modo alguno permite sustentar la tesis de la inviabilidad de socialismo frente al capitalismo. Todo lo contrario.

En todo caso, en lo que a las supuestas políticas socialistas del gobierno bolivariano respecta, se trata de una crítica carente de un fundamento real, en la medida en que, estrictamente hablando, tal como lo hemos señalado anteriormente, más allá de las declaraciones bien intencionadas o demagógicas de nuestros dirigentes, la política económica y social del bolivarianismo difícilmente puede ser definida como socialista; consecuentemente, las múltiples carencias, deficiencias y errores hechos evidentes por la actual crisis, no pueden ser imputables a este supuesto carácter "socialista" de las políticas bolivarianas.

En este sentido, ni la reivindicación del carácter socialista de la revolución bolivariana defendida por nuestros dirigentes, que en el mejor de los casos sólo permite hablar de una transición al socialismo, ni las especulaciones de la derecha sobre el necesario fracaso anunciado del supuesto sistema socialista bolivariano, posee otro carácter que el puramente demagógico y propagandístico; en el primer caso, asociado al voluntarismo izquierdista, y, en el segundo caso, asociado a la guerra mediática de la derecha nacional e internacional, cuyo propósito es demonizar al proceso bolivariano frente a la opinión nacional e internacional.

Respecto a la segunda crítica, también en este caso son evidentes dos formas de entenderla. En primer lugar, como expresión de la visión ideológica elitista de los sectores oligárquicos y clase media, visión profundamente sectaria, reaccionaria y descalificadora respecto a los sectores populares, de la cual están plagados los últimos 17 años. Baste citar las múltiples formas de descalificación personal utilizadas por la derecha golpista en contra del presidente Chávez y Nicolás Maduro. En segundo lugar, más allá de su sentido ideológico, es necesario reconocer que se basa en el hecho objetivo del muy alto nivel de ineficiencia e improvisación que evidencia la actual crisis del país, hecho que es necesario considerar con mayor detenimiento.

En este sentido, de entrada, es necesario puntualizar que, con la salvedad de que probablemente nunca antes había sido llevada a niveles tan altos, la ineficiencia e improvisación generalizada que está detrás de la actual crisis del país no es un hecho imputable exclusivamente al chavismo, puesto que es posible identificarla a lo largo de todos los gobiernos de la democracia representativa.

Respecto a la naturaleza en sí de esta ineficiencia, muy al contrario de la posibilidad de entenderla como consecuencia derivada de la incapacidad, ignorancia y falta de experiencia, es necesario entenderla como un medio utilizado conscientemente. Dicho en otros términos, la ineficiencia es la herramienta fundamental con que opera la cultura del vivismo asociada al modelo rentista petrolero, idiosincrasia que domina en todas las esferas y en todos los niveles del país, y es la antítesis de los valores comunitarios que se supone son la base de la propuesta de transformación nacional impulsada por el comandante Hugo Chávez.

Nada hay más alejado de la realidad venezolana que esa patraña que inventara Uslar Pietri, según la cual, el país se divide entre vivos y pendejos. Hay que decirlo claramente: En Venezuela no existen pendejos, ¡Todos nacen vivos! El único sitio del país donde eventualmente nacen pendejos es en Maracaibo, sólo que, como afirman los propios maracuchos, todos mueren chiquitos.

En el marco de estas circunstancias, en que la competencia entre vivos es total, lo que sí muestra la realidad, es que existen los vivos que se han encaramado y los que están, como caimán en boca de caño, esperando la menor oportunidad para encaramarse; cultura promovida en el país por el rentismo petrolero, que es la misma que podemos observar asociada al fenómeno del oportunismo rojo rojito dentro del bolivarianismo, que ha crecido como la mala hierba.

Durante décadas, adecos y copeyanos encaramados en el carro del rentismo, impidieron a los sectores populares y gran parte de los sectores de clase media en ascenso, la posibilidad de encaramarse. Con el populismo bolivarianismo se abrió, para todos estos sectores, preteridos por décadas, la oportunidad de formar parte del festín de petrodólares, proceso que ha dado como resultado la formación de una nomenklatura parasitaria y burocrático-clientelar que está entre las de más rápido crecimiento en el mundo; fenómeno que, a su vez, como es lógico, ha determinado una nueva exclusión que, como siempre, coincide en afectar sobre todo a los sectores menos favorecidos del país, dejando para ellos sólo los segundos platos del festín, como lo demuestra palmariamente el fenómeno de la boliburguesía versus bachaquerismo.

Es evidente que una condición tan particular como lo es el que no existan pendejos, debe tener su fundamento en una condición real particular del venezolano. Efectivamente, es posible afirmar que, en términos generales, la viveza criolla tiene su fundamento en una inteligencia natural de los venezolanos, sean de clase alta o de origen popular, condición que, a nuestro juicio, le permite enfrentar cualquier problema que se presente y resolverlo; hecho que viene reforzado, a nivel técnico, por ser Venezuela un país que cuenta con profesionales de una excelente formación, capaces de asumir cualquier reto, y, de no ser esto suficiente, de disponer de los recursos económicos necesarios para pagar por este conocimiento donde quiera que se encuentre. Más allá de las limitaciones que como país sujeto a la condición de dependencia puedan existir, es un hecho que estos tres aspectos combinados, permiten a los venezolanos, a nivel individual o colectivo, afrontar exitosamente, si se lo proponen, cualquier reto o empresa que se requiera llevar adelante.

Sin embargo, paradójicamente, es precisamente esta ideología del vivismo, y esta particular forma de inteligencia del venezolano, asociada al culto del individualismo y del consumo como meta de la realización personal, la que explica esta condición de ineficiencia generalizada del país en el que todo funciona a medias o mal, o no funciona en absoluto. Realidad donde todo es provisional y los proyectos nunca se terminan. Hecho que a nivel popular ha quedado magníficamente expresado en el chiste de todos conocidos sobre el infierno venezolano.

A nuestro juicio, todo lo que tiene que ver con esta ineficiencia generalizada en el país, que hemos identificado desde un principio como uno de los factores básicos con que opera el modelo rentista, tiene su explicación a través de este fenómeno del vivismo venezolano. De acuerdo a esto, todo lo que a uno le pueda parecer que no funciona, o funciona mal, no obedece a que alguien no esté haciendo bien lo que le correspondería hacer por incapacidad, ignorancia o falta de experiencia, sino a que esa es la forma más eficiente para que, dentro de la lógica del rentismo, ese alguien o más de alguien pueda sacar el mayor beneficio individual de ello.

Demos algunos ejemplos de todos conocidos para iluminar este punto.

Cuando se construye por ejemplo una autopista, el tema no es hacerla bien de entrada, siguiendo las especificaciones técnicas que existe en términos de ingeniería vial y constructiva a nivel nacional e internacional que están disponibles, indicaciones que con seguridad forman parte del proyecto y de las condiciones de contratación de las obras, sino en ingeniárselas para hacerla medio bien. Primero porque de ello puede sacarse un provecho inicial, como podría ser el de usar materiales de menor calidad que los especificados y presupuestados, facturados a precios de primera calidad. Segundo, porque con ello se asegura que esa carretera, una vez inaugurada, en muy poco tiempo, deba volver a ser asfaltarla y reasfaltada una y otra vez, asegurando una fuente constante de contratos y comisiones fraudulentas.

Si los hospitales públicos no funcionan, podemos estar seguros de que ello no obedece a incapacidad para diseñar buenos hospitales y un excelente sistema de salud, sino a que poderosos intereses asociados a la mercantilización del ejercicio de la medicina están por detrás de ello.

Si vemos una industria instalada para funcionar dentro de los más modernos estándares de producción, plenamente equipada, funcionando a menos de un tercio de su capacidad instalada, podemos estar seguros que no se trata de incompetencia de planificación empresarial ni de gerencia, ni de falta de mano de obra técnica y obrera apropiada. Se trata, básicamente de un proyecto desarrollado con financiamiento estatal, de tecnología y patentes extranjeras, que operará con financiamiento también del Estado para la compra de insumos en el exterior con sobrefacturación, financiamiento que rápidamente pasará de ser compra de insumos, a compra de productos terminados, desplazando la producción a su mínima expresión, etc., etc.

Caso notable es el de las cedulas de identidad. Por más de medio siglo nos acostumbramos a creer que sacarse la cédula de identidad era un proceso tedioso e inevitablemente prolongado de trámites burocráticos por lo general asociados a gestores que te extorsionaban. Todo esto hasta el día en que, casi como un milagro, alguien decidió poner un poco de orden, racionalidad y apoyo tecnológico correcto, y se comprobó que era perfectamente posible entregarle a un ciudadano su cédula de identidad en un solo día de trámite. Ello no sólo demuestra que, si hay la voluntad necesaria, las cosas se pueden resolver eficientemente; sólo que también demuestra lo contrario, que ese milagro duró lo que dura la lombriz en el pico del ave, y que, rápidamente se volvieron a imponer las mafias que medran, de una y otra forma, de sacar beneficios individuales o grupales de la ineficiencia asociada a las trabas y demoras burocráticas. Ejemplos del "cuanto hay pa´eso" sobran.

En el marco de esta lógica bizarra, nunca se resuelve un problema de mal funcionamiento. Simplemente se descarta la institución cuya disfuncionalidad se ha hecho demasiado evidente e insostenible, y se la sustituye por una nueva, con nuevo nombre y logotipo rimbombante.

Nueva institución para lo mismo, que por lo general no será más que una variación de la anterior periclitada, invento que al igual que el anterior, al poco tiempo dejará de funcionar, porque, efectivamente, detrás de ello habrá siempre poderosos intereses esperando turno para medrar. ¡El mismo que hace la ley, hace la trampa! Es el caso, por ejemplo, de la lista de instituciones creadas para administrar el otorgamiento de divisas en el país: CADIVI, SENCOEX, SIMADI, SICAD, DICOM.

Con este planteamiento, queremos hacer énfasis en el hecho, más que evidente, de que el fenómeno del vivismo y su expresión a través del ineficientismo, constituye, como se ha señalado, una verdadera idiosincrasia, estrechamente asociada al individualismo y al consumismo como forma de realización social; comportamiento que afecta por igual a las clases privilegiadas como a los sectores populares del país, que está en la base de la corrupción generalizada que afecta, desde el nivel educativo más básico, donde el copiarse ha llegado a ser la norma de conducta, hasta los niveles supuestamente de mayor consciencia y formación cultural, como por ejemplo la impartición de justicia o las instituciones religiosas; corrupción que afecta de forma muy particular a nuestra gobierno, a nuestra dirigencia y a buena parte de nuestra militancia, fenómeno que, como muy bien señala Álvaro García Linera en una entrevista que invitamos a ver en https://www.youtube.com/watch?v=a-Y2jGL0x48&t=43s, corroe el principal capital de que dispone toda revolución, que es su valor moral.

Teniendo en cuanta lo anterior, y dado que una revolución socialista y marxista no puede hacerse trayendo marxianos de Marte, sino que tenemos que hacerla necesariamente los venezolanos y los latinoamericanos; y dado que una revolución tampoco puede ser hecha a partir de individuos cuya ideología sigue siendo fundamentalmente burguesa, pequeño burguesa o socialdemócrata adeca, sino que tiene que ser hecha por revolucionarios; la transformación revolucionaria del actual Estado capitalista dependiente y del modelo rentista en que se basa, tiene que ir acompañada, necesariamente, de un conjunto de disposiciones que permitan combatir la tendencia al vivismo, la ineficiencia, el burocratismo y la corrupción de todo orden, que es expresión de la ideológica individualista pequeño burguesa clientelar enquistada en gran parte tanto de nuestra dirigencia, como también de los mismos sectores populares que se supone son la base primordial de esta revolución, tendencia que es la responsable fundamental de la crisis económica y política en que nos encontramos, así como de la corrupción generalizada sobre la que se asienta.

Analizando la función política que han desempeñado durante la IV república los lideres e ideólogos pertenecientes a la pequeña burguesía, en la difusión de las ideas socialistas en el país, contra lo que denomina el "despotismo petrolero" y sus aliados nacionales, Federico Brito Figueroa ha criticado la forma cómo, la ideología pequeño burguesa, proveniente de su origen y posición intelectual de clase, ha venido permeando y mediatizando históricamente la lucha de clases de los sectores populares en el país. Creemos que este análisis sigue siendo pertinente en el momento actual.

Los sectores radicalizados de la pequeña burguesía intelectual se transforman [a partir de 1928-1933] en el principal vehículo de difusión del socialismo en Venezuela, en el que descubren los elementos los elementos teóricos indispensables para afianzar su autoconciencia grupal; para racionalizar la función revolucionaria que pretende realizar y para luchar contra el despotismo petrolero con un estilo político, inspirado en motivaciones ideológicas más avanzadas que las tradicionales doctrinas conservadora y liberal en sentido venezolano. La condición de grupo social intermedio, afectado por la penetración imperialista, y sus conexiones con la producción intelectual, favorecen a la pequeña burguesía intelectual en su afán de transformarse en la vanguardia política contra el despotismo petrolero y sus aliados nacionales. Consideramos que con respecto a la función política desempeñada por estos grupos continúa vigente la siguiente formulación.

Los ideólogos de la pequeña burguesía intelectual, primero, como consecuencia del desarrollo social […] y, luego de modo consciente, se apoderan de los partidos influidos por el marxismo o francamente marxistas surgidos en ese período. A esas instituciones políticas incorporan una tradición de lucha que se apoya en el pasado histórico y también en la realidad presente. Es este un hecho histórico, como también es un hecho histórico que los ideólogos seudo marxistas –de primero y segundo orden– transforman cualitativamente las instituciones políticas proletarias en instrumentos dominados por la inestabilidad emocional y la psicología de la pequeña burguesía urbana.3

Frente a esta realidad, la alternativa radica en la posibilidad de que este liderazgo, que tiende a convertirse en una nueva forma de poder representativo, sea progresivamente reemplazado por el empoderamiento directo de los sectores populares. Sin embargo, tal como ya hemos señalado, si bien es posible afirmar, que, en el caso particular del proceso revolucionario bolivariano, existe claramente una definición de cuál es esa clase social a la que le corresponde este papel histórico, está, como la mayor parte del país, permanece hoy prisionera de la ideología dominante del mundo globalizado del capitalismo consumista impuesta por la oligarquía del país, asociada a los intereses económicos y financieros internacionales, ideología que, a nivel popular, tiene en la mentalidad adeca del vivismo clientelar su más generalizada expresión, ideología que nuestro gobierno, lejos de combatirla para transformarla en conciencia revolucionaria, refuerza a cada momento, de múltiples formas, a través de sus políticas asistencialistas, clientelares, populistas y electoralistas. Doble discurso que en lo declarativo habla de socialismo y de lo comunal, y en la práctica hace todo lo contrario, reforzando de hecho los valores del individualismo, el oportunismo, el inmediatismo, el consumismo, el facilismo, la corrupción y el enriquecimiento escandalosos de una minoría. Es decir, todos los antivalores inyectados al país por la derecha a través de la mentalidad adeca.

En este sentido, tal como están las cosas en esta materia, si bien el problema de fondo es ideológico, y en este campo es necesario desplegar un profundo y sostenido trabajo de depuración y formación, centrado en los valores socialistas del bien común, la solidaridad social, la lógica de la producción y el desarrollo del país basada en el trabajo creativo, la equidad y el bien común; es evidente que, en términos inmediatos y a corto plazo, no podemos esperar superar el modelo rentista petrolero y la corrupción a él asociada, apelando exclusivamente a una transformación de la conciencia, por lo que debe combinarse la imprescindible tarea de formación ideológica, con un conjunto de medidas correctivas drásticas, cuyos principios básicos estén consagrados constitucionalmente, que, a nivel individual, permitan establecer sanciones drásticas tanto a quienes cometen delitos contra el patrimonio público, como a quienes incumplen por acción u omisión sus responsabilidades profesionales o sus deberes como funcionarios de la administración pública en sus distintos niveles y competencias.

1. El plan de reactivación económica de los 15 motores como supuesta liquidación del modelo rentista petrolero.

Como todos sabemos, la idea de terminar con el modelo rentista petrolero no es en absoluto nueva. Ha sido tema central de discusión del país desde que la popularizara, allá por el año 1936 Uslar Pietri. No obstante, este planteamiento, sobre el que todos parecen estar de acuerdo, nunca fue seriamente asumido por la oligarquía nacional, dominante durante toda la historia petrolera de IV República, período en que el modelo rentista fue su principal forma de enriquecimiento, mucho menos por el imperialismo financiero extranjero, que tienen en este mismo modelo rentista la garantía para neutralizar cualquier intento de desarrollo autónomo social y económico del país.

Lo lamentable es que tampoco haya sido el tema central de la política económica de estos primeros 17 años de bolivarianismo. Tal es nuestra dependencia estructural, socio-económica y sobre todo ideológica que, a pesar de estos 17 años de gobierno de clara orientación nacionalista –gobierno que además, en buena parte de esos años ha estado supuestamente orientado a la construcción de una alternativa socialista de Estado– el modelo rentista petrolero no sólo ha seguido siendo la base fundamental sobre la que han operado el Estado y las relaciones sociales de producción capitalistas sobre las que se basa, sino que ha sido llevado al extremo, haciendo posible la mayor transferencia histórica de los ingresos petroleros recibidos por el país, tanto a manos de buena parte de la vieja oligarquía nacional, que sigue beneficiándose directa o indirectamente de sus relaciones clientelares con el Estado a pesar de todo los discursos anti oligárquicos de nuestros dirigentes, como también, a manos la nueva oligarquía boliburguesa, parasitaria, clientelar y oportunista, formada a la sombra del bolivarianismo y del rentismo, pegada desde el primer momento al carro de la revolución chavista. Ejemplos de este clientelismo oportunistas sobran, de ellos existen hasta los que han escrito panfletos seudo-teóricos sobre porqué se sienten chavistas.

A este reiterado despojo, perpetrado bajo el amparo de nuestro gobierno nacionalista, revolucionario y pro-socialista, debe sumarse, tal como se ha señalado, el agravante de haber llevado, también bajo su administración, a su máxima expresión las dos tendencias que acompaña a la apropiación privada de los recursos del Estado, es decir, la fuga de capitales, que es parte integral del modelo rentista petrolero, y el desmantelamiento y destrucción de la producción nacional, haciendo de la importación y el comercio la actividad económica central del país, situación que ha sido uno de los factores contribuyentes de mayor peso en el desarrollo de la actual crisis económica y social, crisis comparable sólo con la que atravesó la nación durante y después de terminada la guerra de independencia; situación que ha puesto en grave compromiso la continuidad misma del movimiento bolivariano, del cual depende en gran medida el destino de los avances sociales alcanzados estos años en los demás países de Latinoamérica, hecho que, de concretarse, condenará a los sectores populares a otros 100 o más años de explotación y miseria.

En este sentido, es necesario señalar que, más allá de la guerra económica propiciada activamente por el imperialismo y de la derecha nacional, cuya importancia no desconocemos ni pretendemos minimizar, existe igualmente una importante cuota de responsabilidad de nuestra dirigencia en toda la fracasada política económica de nuestro gobierno, hecho que no puede ser pasado por debajo de la mesa, mucho menos en estos momentos en que se discute la transformación de nuestra Constitución Nacional y, desde nuestro mismo gobierno, corresponsable de este desastre, se plantea, como especie de panacea milagrosa, la superación del modelo rentista petrolero.

Si bien es siempre posible y necesaria la rectificación, ella es sólo genuina y eficaz en la medida en que se reconocen y se asumen los errores y las responsabilidades, cosa que a nuestro juicio no ha ocurrido de manera apropiada. Al igual que se ha planteado y creado a partir de la Asamblea Nacional Constituyente una comisión de la verdad para los asuntos criminales relacionados con la guerra terrorista, debe crearse una comisión de la verdad para establecer las responsabilidades en la muy grave crisis económica del país, comisión ante la que ministros, viceministros, presidentes del Banco Central y empresas del Estado del ámbito económico y de la seguridad alimentaria del país, junto a las cámaras de comercio, empresas privadas y la dirigencia opositora deberían rendir cuentas.

La liquidación del modelo rentista petrolero, hay que decirlo claramente, no depende sólo de la reactivación de la economía, como aparentemente pretende hacernos creer nuestro gobierno. Ni tampoco de que esa reactivación abarque un espectro productivo un poco más amplio que el que existía para finales del siglo pasado. Depende, de manera esencial, de acabar con los mecanismos que hacen posible la transferencia de los recursos del Estado, que son recursos sociales, a manos de una minoría de empresarios privados que, siendo los principales dueños de los medios de producción, además de apropiarse de este excedente, lo saca del país, imposibilitando de esta forma, estructuralmente, que pueda existir un desarrollo autónomo de la economía y del futuro del país.

La posibilidad de superar el modelo rentista, y con él la dependencia estructural del país, depende no sólo de desarmar los mecanismos en que se sustenta, haciendo posible que el excedente permanezca en el país y pueda ser capitalizado racionalmente y en su mayor parte, en función de este desarrollo, cosa que es precisamente la que el modelo rentista impide; sino de sustituirlo por un nuevo sistema en el que el Estado asuma de manera planificada e integral la inversión de este excedente en función de un desarrollo relativamente autónomo de la producción agrícola e industrial, sobre la base de la propiedad social de los medios de producción, y dentro de un nuevo esquema de derechos y deberes de los ciudadanos que permita acabar de forma drástica con la corrupción y la ineficiencia actualmente generalizada.

Por el contrario, lo que nuestro gobierno pretende ahora vendernos como "erradicación del modelo rentista petrolero" a través del conjunto de medidas relacionadas con el plan de reactivación del aparato productivo de los 15 motores, independientemente de que contenga propuestas de desarrollo de la producción más o menos coherentes en términos de su necesidad, tal como están planteadas, no son más que una nueva versión de lo que este modelo ha sido siempre, en la medida en que el papel del Estado seguirá operando como intermediario en el traspaso de los dólares del Estado, de todos los venezolanos, a manos de los mismos sectores de la vieja burguesía del país, dueños tradicionales de los medios de producción, y a manos de la nueva burguesía de maletín boliburguesa, que ha venido desarrollándose y beneficiándose estos 17 años al amparo de la corrupción reinante,

Digámoslo claramente una vez más: La superación del modelo rentista no puede consistir en una reactivación mayor o menor del aparato productivo arruinado por las fracasadas políticas de nuestro gobierno y por la guerra económica de la derecha. Mucho menos si esta reactivación no está acompañada de un conjunto de políticas dirigidas a acabar con los distintos mecanismos que caracterizan el funcionamiento del modelo rentista, y mucho menos sin que existan un conjunto de medidas que permitan garantizar, razonablemente, que no ocurrirá lo mismo que ha ocurrido en estos 100 últimos años con esos recursos. Menos aún cuando el Estado bolivariano, al día de hoy, está completamente condicionado, para su subsistencia, por el conjunto de intereses económicos y las veinte mil trampas que operan alrededor del manejo corrupto de estos recursos controlados por el entorno clientelar parasitario surgido a expensas del chavismo.

Volver a entregar los recursos de la nación a una burguesía esencialmente parasitaria, que opera sobre las mismas relaciones de producción basadas en la explotación de los sectores populares, y en la propiedad privada de los medios de producción, y sobre los mismos mecanismos sobre los que opera el modelo rentista antes señalados, por mucho que profesen ahora de cierto "progresismo" y visión nacionalista, sería, nuevamente, volver a poner zamuro a cuidar la carne.

Planteada en estos términos, la superación del modelo rentista a través del plan de los 15 motores para la reactivación económica del país, no pasa de ser una típica maniobra de huida hacia adelante, mediante la cual nuestro gobierno, dando manotazos de ahogado, juega literalmente a "raspar la olla" como última tabla de salvación. Echando mano a cualquier tipo de recurso que pueda significar ingresos adicionales al Estado para mantener a toda costa las políticas asistenciales en que sustentan su base de apoyo popular, e incluso, creando otras nuevas que le garanticen los votos necesarios, nuestra dirigencia en pleno llama en primer lugar a la burguesía a sentarse a discutir el plan de reactivación económica. En este empeño, no han dudado en pasar por alto cualquier escrúpulo, sea de tipo ecológico o estratégico económico o político, como en el caso de la entrega a las corporaciones extranjeras de la explotación de los distintos yacimientos del arco minero, con contratos que, lejos de apuntar a la superación de nuestra condición de país subdesarrollado, nos reafirma en la condición de país exportador de materias primas.

Es en este sentido que, tal como hemos ya sostenido, desde el punto de vista de la política del gobierno en relación con el papel de los sectores populares en la recuperación económica del país, el concepto de "pago de la deuda social" no puede seguir siendo ni la política, ni la forma de abordar el problema de la inclusión social, ni la respuesta al papel protagónico de las clases populares como sujeto esencial de la transformación revolucionaria del Estado dentro del nuevo proyecto de constitución a ser presentado al país. La única política socialista coherente con estos objetivos pasa, en primer lugar, por la consagración del derecho al acceso a la propiedad de los medios de producción para los sectores populares, como principio fundamental constitucional, así como por las disposiciones complementarias que garanticen y hagan posible su concreción.

1. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. PROPUESTAS

Las siguientes propuestas derivadas de las consideraciones del texto anterior, sin tener carácter exhaustivo ni sistemático, están dirigidas principalmente a la consideración de los sectores populares, en la esperanza de que puedan llegar a ser discutidas por los voceros y miembros de los Consejos Comunales y comunas que hacen vida en los numerosos barrios de toda Venezuela.

Creemos que su contenido, en caso de ser considerado válido y necesario, sólo puede ser impulsado por los sectores populares, en la medida en que se asuman como parte de sus intereses de clase y se hagan parte de su rol participativo y protagónico dentro del actual proceso constituyente, así como dentro del futuro referendo que deberá ser convocado para validar la nueva propuesta constitucional.

Entendemos claramente que algunas de estas propuestas chocarán frontalmente con criterios y derechos legales adquiridos, en especial con el principio legal de progresividad tan socorrido últimamente por nuestros constitucionalistas, empeñados muchas veces en cambiar todo para que nada cambie. Es nuestra opinión que, en la situación actual de corrupción, ineficiencia, quiebre del capital morales revolucionario, e inseguridad generalizada en que se encuentra el país, medidas de este tipo son no sólo necesarias sino ineludibles. Ya lo señalaba LeónTrotsky, en épocas normales es natural que sea válido el aforismo "el que mucho abarca poco aprieta", en cambio, en época de revolución, ¡O se abarca todo, o no se aprieta nada!

Sobre la equidad

Probablemente una de las lagunas más significativas del actual texto constitucional sea la escasa relevancia que concede al concepto de equidad, especialmente en relación con el papel destacado que se le asigna al concepto de justicia. De hecho, se la menciona en el Artículo 299 perteneciente al Título VI Del Sistema Socioeconómico. Capítulo I Del régimen socioeconómico y de la Función del Estado en la economía, como una de las características que debe cumplir el crecimiento de la economía, "para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta."

Resulta por demás evidente que esta relativa ausencia del concepto de equidad como concepto central en el actual texto constitucional, obedece al criterio de naturaleza jurídico política, que como tal obedece siempre a motivaciones de carácter clasista, según el cual, interesadamente, se obvia la inclusión explicita del concepto de equidad, asumiendo que, en teoría, no puede haber justicia sin que exista equidad; cuestión que la realidad desmiente a cada instante, evidenciando una justicia que depende fundamentalmente de intereses de clase, de dinero y poder, y nunca de criterios de equidad social o económica. En este sentido, creemos necesario comenzar por su inclusión en el preámbulo mismo del texto constitucional, concretamente en su segundo párrafo, donde dice:

"…con el fin de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia basado en la equidad social, económica y cultural."

(hemos subrayado lo agregado al texto original.)

En este sentido, proponemos igualmente la modificación del Artículo 3 de la Constitución Nacional, articulando la equidad como fundamento del derecho constitucional a la propiedad social de los medios de producción, de la siguiente forma:

Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa, equitativa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

La educación, el trabajo y el derecho al acceso a la propiedad social de los medios de producción, son los medios fundamentales para alcanzar dichos fines.

Sobre la propiedad.

La segunda consideración se refiere a la necesidad de entender que, si bien una de las decisiones centrales de cualquier revolución socialista en sentido marxista sería la "abolición de la propiedad privada de los medios de producción"; tal como hasta ahora ha venido evolucionando la revolución socialista bolivariana, enmarcada en el texto constitucional del 24 de marzo de 2000, esta medida no forma parte de los objetivos que se persiguen a través de la actual ANC, puesto que no existe, ni en nuestra dirigencia, ni en el país en general, incluidos los sectores más avanzados de los sectores populares, la claridad ideológica ni la voluntad política necesaria para plantear una medida tan radical como la eliminación de la propiedad privada.

En este sentido, la propiedad privada en general, y la propiedad privada de los medios de producción en particular, y con ellos los derechos económicos que son la garantía del funcionamiento capitalista de la economía, seguirán siendo, al menos por ahora, un principios incluidos y respetados dentro de la nueva Constitución.

Ello plantea la necesidad de discutir y definir cuál debe ser la relación de este conjunto de garantías constitucionales de carácter eminentemente capitalistas, con las nuevas disposiciones que permitan avanzar en términos de una economía socialista que apunte a la superación de la dependencia estructural del país, a la erradicación del modelo rentista, y al desarrollo de la producción agrícola e industrial autónoma, cuestiones que tienen relación directa con los el Título VII De los derechos económicos, que incluye el de propiedad; y el Título VI Del Sistema Socioeconómico, que incluye el régimen socioeconómico y la función del Estado en la economía.

Pensamos que la clave para resolver este problema está en la posibilidad de que ambos sistemas, el capitalista y el conjunto de disposiciones que apunten a la instauración, a corto y mediano plazo, de una economía socialista del siglo XXI, coexistan por separado, respetando para cada uno los criterios económicos que le sirven de fundamento filosófico y económico: Para el sistema capitalista, la rigurosa separación del Estado respecto a los asuntos de las empresas privadas, al mejor estilo del liberalismo económico conservador, cuyo modelo idealizado de la sociedad norteamericana tanto admiran; y , para el socialista, al menos en su etapa inicial, el papel central del Estado como ente responsable de la inversión del excedente económico y de la planificación del desarrollo. Pensamos que esta separación es además imprescindible si se quiere verdaderamente acabar con el rentismo petrolero y sus consecuencias.

En este sentido, para todo lo que concierne a las empresas de propiedad privada, deberán consagrarse las garantías absolutas de libertad de empresa, libertad de comercio, libertad de oferta y demanda, así como la garantía, dentro del más estricto apego a los preceptos del liberalismo conservador, de una rigurosa no injerencia del Estado en los asuntos económicos vinculados a la empresa privada, laisse faire, con la única excepción de la política impositiva fiscal responsabilidad del Estado y de las leyes antimonopolio.

Al mismo tiempo, el Estado deberá asumir la responsabilidad de la política para el desarrollo económico del país dentro de criterios de transición hacia el socialismo, a partir de la rigurosa inversión del excedente, una vez deducido el gasto corriente, en proyectos basados en propiedad mixta Estado-empresa privada o Estado-empresas de propiedad social colectiva, de prioridad para los sectores populares, reservando para sí la mayoría accionaria de dichos proyectos. Todos sobre la base de una rigurosa planificación y seguimiento de cada proyecto, a partir de planes quinquenales de desarrollo.

De ello se desprende la necesidad de consagrar, junto al derecho a la propiedad privada, el derecho a la propiedad colectiva y de colaboración recíproca en general asociadas al ámbito de lo común, que incluye, además de la forma de propiedad cooperativa, ya incluidas en la actual constitución, la propiedad comunal. Asimismo, la necesidad de consagrar como derecho constitucional, el derecho de los sectores populares a la propiedad colectiva de los medios de producción cuyo origen provenga de los ingresos de la nación.

Es importante insistir en señalar que, este acceso de los sectores populares a la propiedad de los medios de producción, como condición necesaria asociada a su papel protagónico en una transformación del país en sentido socialista, no puede ser planteado en términos de propiedad privada individual, sino como propiedad colectiva, o colectiva con participación del Estado, tal como se especifica más adelante.

Disposiciones básicas que deberían enmarcar el funcionamiento conjunto de los dos sistemas para el desarrollo integral del país.

Sobre la propiedad colectiva de los medios de producción.

1. Sustituir el concepto de "pago de deuda social" de naturaleza asistencialista, clientelar y básicamente integrador de los sectores populares a la economía de consumo capitalista de clase media, por el derecho a la propiedad colectiva de los medios de producción para los sectores populares, y al derecho a un hábitat integral, que incluye, en primer lugar, como condición sine qua non, la incorporación de los sectores populares a la producción nacional, haciéndolos responsables, junto con el Estado, de la propiedad social colectiva de los medios de producción, y, subsidiaria e inseparablemente a este principio fundamental, garantizándoles conjuntamente el acceso integral a la salud, residencia, educación, seguridad, organización comunitaria, movilidad, acceso a la información, y demás dimensiones de hábitat.

Sobre los principios económicos.

1. Separación constitucional económico-administrativa absoluta entre las competencias de lo "publico", con fundamento en la propiedad social, cuya responsabilidad fundamental corresponde al Estado, de lo "privado", que concierne a los ciudadanos particulares con fundamento en la propiedad privada.

1. Separación constitucional absoluta del manejo de los dineros de la nación, respecto al sector privado, en particular de la banca privada. Conforme a ello, la totalidad de los ingresos y egresos de la nación deberían pasar a ser manejados, de forma centralizada por el Banco Central y, a partir de él, por las instituciones bancarias y financieras creadas por el Estado. Esta separación incluye la prohibición constitucional expresa para que ningún ente público pueda negociar, crear cuentas o tener depósitos o instrumentos financieros de ningún tipo con la banca privada o instituciones financieras privadas nacionales o extranjeras.

1. Prohibición constitucional absoluta al Estado para enajenar, gravar, o contraer empréstitos o financiamiento a nombre de la nación con entes de naturaleza privada. Sólo podrán contraerse obligaciones de Estado a Estado, o con organismos multi estatales, bajo condiciones expresas que prohíban que la deuda así contraída pueda ser transformada por estos organismos acreedores en deuda privada de ningún tipo.

Criterios relativos a la inversión rigurosa del excedente en el desarrollo económico y social.

Partiendo de la base de que la inversión integral del excedente generado por el país en función del desarrollo productivo agrícola e industrial es la única forma de alcanzar un desarrollo social económico y cultural del país que nos permita superar la actual condición de dependencia estructural respecto a los países del primer mundo, y teniendo en cuenta que un proyecto socialista de nación debe acabar con la práctica capitalista de un rentismo que, básicamente consiste en el traspaso y apropiación de este excedente por parte de la burguesía, dueños de los medios de producción, se propone:

1. Prohibición constitucional expresa de utilización de los ingresos del Estado para financiar proyectos o empresas de capital privado, cualquiera sea su naturaleza, a excepción de empresas mixtas con mayoría accionaria del Estado, y sobre la base de proyectos que formen parte del plan de desarrollo quinquenal de la Nación.

1. Dentro del ámbito público, los directivos y técnicos de las empresas mixtas y del Estado, responsables de los proyectos serán solidariamente responsables de su ejecución y posterior funcionamiento, y responderán legalmente en forma personal, tanto penalmente, como con todo su patrimonio individual, por la gestión de los proyectos y empresas bajo su responsabilidad. Para ello deberá reformarse expresamente el código de comercio y de procedimiento administrativo, para el caso de las responsabilidades de los miembros de los entes públicos; como la ley de ejercicio profesional, en el sentido de diferenciar el libre ejercicio profesional, aplicable al ámbito del ejercicio privado de la profesión, del ejercicio social de la profesión aplicable al ámbito público basado en el interés común.

Criterios relativos a la inversión en desarrollo de la pequeña y mediana agricultura e industria.

1. El financiamiento de proyectos a la pequeña y mediana agricultura e industria es el ámbito natural para la participación protagónica de los sectores populares urbanos y campesinos, tanto a nivel individual, familiar o comunal. Los proyectos comunales gozarán de estímulos especiales.

Su financiamiento se hará a través de Instituto para el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura e industria (IPMAI), que trabajará con el Bancos del Estado para la PMAI.

El financiamiento, incluirá los honorarios de proyecto y supervisión técnica, y se otorgará sobre la base de un proyecto de desarrollo técnicamente elaborado con participación multidisciplinaria, dirigidos por un director técnico, Ing. Industrial o un Ing. Agrónomo, según sea el caso. Los promotores del proyecto y el director técnico del proyecto responderán, conforme al ejercicio social de la profesión, de forma individual, legal y penalmente, con todo su patrimonio personal, por la responsabilidad del proyecto y su financiamiento, así como por la responsabilidad de su desarrollo, funcionamiento y resultados del proyecto.

El director técnico tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento adecuado de las especificaciones y procedimientos técnicos del proyecto. En caso de incumplimiento, cualquiera sea la etapa del mismo, podrá suspender el proyecto y someter el caso al IMPAI, quien evaluará las responsabilidades y, de ser necesario, establecerá y ejecutará las sanciones a que haya lugar.

En caso de que el proyecto requiera la importación de maquinarias, equipos o suministros, estos se harán exclusivamente a través de empresas del Estado del mismo IMPAI. Toda importación deberá estar técnicamente justificada dentro del proyecto, demostrando que no existe en el país la posibilidad de contar con dicho recurso, ni con la posibilidad de que pueda ser sustituido mediante una alternativa posible de ser fabricada o producida en el país. Asimismo, en todos los casos, deberá cumplir con los estándares de calidad internacionales y nacionales.

Criterios relativos a la inversión en gastos de alimentación y artículos de uso doméstico para la población y compras del Estado.

1. La importación de alimentos e insumos con financiamiento del Estado se limitará estrictamente a aquellos que no se producen en el país, o que se producen todavía en cantidades insuficientes para atender a las necesidades del país, y que estén dentro de los productos declarados de necesidad pública dentro de los planes de la nación. En la medida en que se avance en los planes quinquenales de producción, y exista autoabastecimiento nacional de determinados productos, se prohibirá continuar con la importación de los mismos por cuenta del Estado.
2. Queda prohibida toda compra del Estado, a nivel nacional o con el exterior, a través de intermediarios privados de cualquier tipo. El Estado deberá desarrollar las empresas necesarias para esta finalidad.
3. Todas las operaciones de compra del Estado deberán estar técnicamente justificadas y formar parte de los planes quinquenales de la nación. Todos los actos y documentos con ellas relacionados serán del completo dominio público, por lo cual deberán ser inmediatamente publicadas, con toda su documentación, en la página web de la empresa estatal compradora. Excepción hecha de las compras que entren en la categoría de "seguridad del Estado", las cuales serán conocidas por la comisión de asuntos militares de la Asamblea Nacional.
4. El Estado no podrá comprar en el extranjero bienes de uso suntuario, ni bienes que sean producidos en el país, a menos que se demuestre que existe un déficit de los mismos para el consumo de la población o para la producción agrícola e industrial. Las compras del Estado deberán estar sujetas a las normas de austeridad que se dicten como parte del plan quinquenal de la nación, las mismas deben aplicarse en esta materia de forma estricta.
5. Los bienes adquiridos por la nación para el consumo de la población o para la producción, deberán ser distribuidos y comercializados exclusivamente a través de las empresas del Estado.

Criterios relativos a la inversión en gasto público.

1. El gasto publico derivado de excesivo número de empleados públicos debe ser progresivamente reducido a su mínima expresión a través de planes quinquenales de reconversión de empleo para esta población y sus familias, los cuales deberán contar con programas de formación, capacitación y financiamiento adecuados.
2. Todo proyecto de desarrollo productivos nacional, financiado por el Estado, incluidos los planes de reconversión de empleo para los actuales trabajadores del Estado, deberá estar enmarcado centro del concepto de hábitat integral, según lo considerado en el punto a y b.

Sobre la escalada de salarios de la administración pública.

1. Debe existir un criterio transparente en la escala de sueldos de los organismos públicos, de forma tal que exista una retribución equitativa de acuerdo al aporte de cada quien. Alguien que administra millones en inversiones de la nación no puede ganar un sueldo miserable, que no le garantice una vida digna para él y su familia. Mucho menos si, tal como lo proponemos, va a responder por sus responsabilidades laborales penalmente y, además, con todo su patrimonio personal.

Debe establecerse una forma de relacionar la escala de sueldos del sector privado con la de la administración pública, de forma que exista una adecuada relación proporcional entre ambas.

Sobre esta base, la escala de salarios pública debe estar indexada con respecto al índice del PBI de la nación, en términos positivos o negativos.

Primer nivel: Presidente, ministros, jueces de la corte suprema, fiscal general, defensor del pueblo, miembros electos de la Asamblea Nacional, presidenta de CNE.

Segundo nivel: Educadores, directores de empresas públicas, técnicos y profesionales, miembros del alto mando y oficiales de las FF.AA., jueces.

Tercer nivel: Empleados y obreros, personal de clases y tropa de las FF.AA. y organismos de seguridad.

Criterios sobre la responsabilidad de los directivos de los organismos públicos, directivos de empresas del Estado o de participación mixta Estado-sector privado o Estado-sector de propiedad colectiva, y profesionales en ejercicio social de la profesión que actúan dentro del área social del Estado.

1. El principio constitucional consagrado en el Articulo 49, numeral 2 de la actual CN, debe ser modificado distinguiendo entre el ámbito privado y público, de forma tal que, su actual contenido: "Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario." Se aplique de forma exclusiva para las personas privadas, en el ámbito de acción privado. Para el ámbito de acción público, debe asumirse el principio contrario, invirtiendo la carga de la prueba, de forma tal que: "Todo funcionario público, cualquiera sea su nivel o naturaleza, está obligado a demostrar su inocencia y de las personas con él emparentadas hasta segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad.
2. En relación con la responsabilidad por sus actuaciones frente a terceros, las personas privadas, naturales y jurídicas, responderán a sus obligaciones conforme a lo dispuesto en el código civil y demás leyes de la república.

En el caso de la actuación en funciones de carácter público, las personas responderán legal y penalmente a sus obligaciones y responsabilidades con todo su patrimonio personal.

Sobre la responsabilidad individual en el ejercicio social de la profesión

1. Los ciudadanos que hayan sido hallados culpables de responsabilidades de mala práctica profesional, corrupción, ineficiencia o fracaso de los proyectos bajo su responsabilidad, o de fracaso de la gestión de gobierno a su cargo, sea de cargos de elección publica o de administrativa del sector público, además de sus responsabilidades penales y legales que correspondan, tendrán prohibición expresa de ejercer en estas mismas funciones por 30 años dentro del ámbito público.

Sobre la responsabilidad individual de los miembros de las FF.AA. y de los cuerpos de seguridad del Estado.

1. En el caso de miembros de las fuerzas armadas o policiales que sean juzgados culpables y dados da baja por mala práctica profesional, corrupción, ineficiencia o fracaso de los proyectos y tareas bajo su responsabilidad, o de fracaso de la gestión administrativas a su cargo, además de la prohibición de uso de armas de fuego, tendrán prohibición de ejercer por 30 años cualquier tipo de cargo relacionado con cualquier tipo de función pública, así como funciones de seguridad pública a nivel de Estado, Estadal, municipal.

Sobre el desarme.

1. Prohibición total (sin ningún tipo de excepción) de porte de armas para todos los ciudadanos. Sólo pueden usar armas de reglamento los miembros de las FFAA activos, los miembros de las fuerzas de inteligencia activos, los miembros de las fuerzas policiales y de investigaciones activos. Quien porte un arma ilegalmente, por el solo hecho portarla o mantenerla guardada dentro de vehículos, vivienda o edificaciones de su propiedad o alquilados bajo su nombre, será condenado a 30 años de prisión efectiva, sin derecho a beneficio de buena conducta ni casa por cárcel. Igual medida se aplicará a quien porte arma blanca de hoja o punta mayor de 3,5".

NOTAS:

1De acuerdo a Federico Brito Figueroa, a finales de los años 90, lo que denominamos sectores populares populares estaban formada por distintos segmentos de población, que incluyen al semi proletariado rural, campesinado pobre, campesinado medio; obreros de distinto tipo; empleados calificados o no; trabajadores informales y al infra-proletariado urbano, subproletariado o población desocupada o "ejercito industrial de reserva", conglomerado social cuyo origen proviene de la población de indios sometidos a condiciones de semi esclavitud, de la población africana trasladada al país en condición de esclavitud y del campesinado formado por los peones asalariados y aparceros, al que se suma la servidumbre, pequeños comerciantes y artesanos urbanos; masa de negros, indios y pardos que formaban la mayor parte de la población a finales de la colonia, todos sujetos a la explotación y segregación asociada al sistema latifundista esclavista instaurado por los colonizadores venidos de España, explotación continuada luego por los criollos blancos descendientes de estos, y, posteriormente, por la nueva oligarquía terrateniente que se forma una vez alcanzada la independencia. Luis Brito Figueroa. Historia Económica y Social de Venezuela. Tomo III, UCV. Ediciones de la Biblioteca-EBUC. Caracas, 2011. Capitulo XXI, p. 817

2 "6 Análisis Crítico de la Economía Venezolana" de Manuel Sutherland publicado en Aporrea tvi. Octubre de 2016, Disponible en: https://www.aporrea.org/economia/n305848.html

3 Luis Brito Figueroa. Historia Económica y Social de Venezuela. Tomo III, UCV. Ediciones de la Biblioteca-EBUC. Caracas, 2011.